En la localidad de Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, se frenaron las fumigaciones con agrotóxicos tras una medida cautelar. La zona afectada tenía una escuela rural en el ojo de tormenta, su nombre “Martín Fierro”, en el paraje “el Relincho”. El relevamiento de las escuelas de la zona estuvo a cargo de Emmanuel Garrido, ex- Coordinador de Temáticas Ambientales del Municipio de Coronel Suárez. Su labor contra las fumigaciones es incesante hace dos años. Por Federico Paterno.
El 30 de Diciembre del 2014 el juzgado de ejecución Nº 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca dio lugar al ampáro que se solicitó en Octubre del 2014. Se logró frenar las fumigaciones con agrotóxicos en la localidad de Coronel Suárez.
A.N.C.A.P dialogó con uno de los abogados que lleva adelante este caso, Fernando Cabaleiro. “En el agua de lluvia es donde se encuentran restos de agrotóxicos . Esta lo que permite es analizar las condiciones atmosféricas del aire que se respira. En las escuelas rurales se encontraron agrotóxicos como el Glifosato(Es el principio del herbicida Roundup, nombre comercial que utiliza Monsanto. Las plantas que resisten este herbicida son las llamadas transgénicas). Garrido hace las denuncias ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. El año pasado se había frenado por este motivo el comienzo de inicio de clases, por decisión del intendente de la localidad. 
En Septiembre del 2014 Garrido denuncia de manera concreta el caso de fumigación en la escuela rural del paraje “El Relincho”. Había sido fumigada con 2,4 D (herbicida que es uno de los componentes del agente naranja, usado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam). Es a partir de esto que tanto Garrido como Cabaleiro recurren a la justicia para frenar estas fumigaciones. Piden una medida cautela para la prohibición de fumigaciones terrestres y aéreas. No obstante, en la provincia de Buenos Aires, la actual legislación de la ley de agroquímicos prevé una restricción en relación a las aplicaciones terrestres a menos de mil metros, pero nada dice de las escuelas rurales. Ahí la contaminación es “legal”.
LA “LEY” DE AGROQUIMICOS…
“La actividad que lleva el uso de agrotóxicos conlleva un riesgo a la salud y al medio ambiente. Por lo tanto de acuerdo a la legislación vigente, la ley de fondo, la ley ambiental, tendría que estar sometida, previamente a su ejecución, a una declaración impacto ambiental. Más allá de todo tipo de distancias. La actividad no debe medirse por distancias, es agrotóxico y es toxico. Se lo aplique a mil metros o más allá de mil metros” sentenció el letrado Cabaleiro.
LOS FUMIGADORES
La mirada de los productores rurales que son los culpables de estas fumigaciones fue la de desviar el camino con respuestas poco serias. Una de ellas es que la actividad que sostienen no es riesgosa para la salud. Este dato es relevante porque ninguno de estos productores rurales vive en la zona afectada del paraje “El relincho” o alguno de sus hijos estudia en la escuela rural “Martín Fierro”.
“La realidad procesal indica que no cumplen siquiera con la legislación de acta de trabajo, no se sabe los productos que utilizan. Eso es lo principal, por ahora la actividad que hace es ilegal” aclaró el abogado.
Es importante resaltar que no se han presentado por parte de los productores rurales la documentación referida a permiso de maquinarias, recetas agronómicas, actas de trabajo. Hasta el momento no han presentado ninguno de estos requisitos. Esto hace ver a su actividad como ilegal y clandestina.
LA POBLACION AFECTADA
En el inicio de esta causa se presentaron tres madres de la escuela afectada. El problema se inicio tras las presiones sufridas por los trabajadores de los campos fumigados, cuyos hijos estudian en la escuela “Martín Fierro”. Lo cual indica que el puesto de trabajo no estaría asegurado en caso de continuar apoyando una medida cautelar que perjudique a sus patrones. Los aprietes fueron varios y las madres de la escuela llegaron a pedir de retirar sus nombres y apellidos del apoyo inicial, por temor a quedar sin trabajo.
LA MEDIDA CAUTELAR
“Por ahora está firme, pero es provisional, si cambia la situación se puede medir su modificación. De acuerdo a la denuncia del expediente no veo viable ese cambio. La medida se expide hasta que se dé sentencia definitiva. El juez puede dictar esa sentencia. Nosotros vemos necesario establecer esa distancia que pedimos de forma aérea y terrestre. Los dos kilómetros aéreos que sean también en las escuelas rurales” explicó Cabaleiro. Y agregó “Hubo amenazas a los pobladores de la zona por el apoyo a esta cautelar”.