En el primer mes de gobierno de CAMBIEMOS las medidas están dirigidas a favorecer a las élites económicas y perjudicar al campo popular. Para quienes quedan solo desempleo y represión. Además, la nueva administración plantea un escenario sin voces opositoras. Por Juan Alberto Perez.
Enero es en general un mes de calma, la gente toma sus vacaciones, las noticias están más referidas a lo que sucede en el mundo del espectáculo o en el mercado de pases de fútbol. Pero este 2016 todo es diferente. El enero del decimosexto año del siglo XXI en Argentina marca el primer mes de gobierno de Mauricio Macri. Esto como hecho político en sí mismo es toda una novedad, ya que hablamos de la primera vez que una fuerza política decididamente de “derecha” accede mediante el voto popular a la primera magistratura de nuestro país. Sin embargo, hoy no podemos hablar solo de las primeras medidas del gobierno o de la particularidad antes nombrada, sin tener en cuenta las consecuencias que han traído esas medidas tomadas. Y es que, como se podía pensar que sucedería, el gobierno encabezado por el ex jefe de gobierno porteño tomó decisiones que claramente favorecen a los intereses de los grupos económicos concentrados o las élites económicas, y por el contrario, avanzan contra la voluntad popular. ¿Este hecho es inesperado por un grupo de personas de esa ideología? En principio no, lo que lo vuelve llamativo es la rapidez con que se realizan y la simultaneidad. En poco más de 30 días se desfinanció el estado, provocó masivos despidos, reprimió a los trabajadores en las calles e intentó censurar o llevarse puesto a quién alce la voz contraria y finalmente llegó a un acuerdo para retomar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En fin, en un mes mostró las cartas de lo que pueden ser 4 años largos.
La primer gran alarma de lo que se venía en la Argentina se prendió allá por el 22 de diciembre. En vísperas de navidad un grupo de trabajadores de la empresa avícola “Cresta Roja” se manifestaban, como lo venían haciendo desde mucho tiempo antes, en la autopista Richieri, con la exigencia de que se les abonen los sueldos adeudados. A pesar de esto, la justicia decretó la quiebra de la empresa, los trabajadores quedaron en la calle y sin respuestas. A esto se le sumó la decisión gubernamental de desalojar el corte y disipar la protesta. ¿Que resultado tuvo esto? Represión por parte de las fuerzas de seguridad sobre la multitud. Fruto de esto varios trabajadores sufrieron graves heridas de balas de gomas. Una medida poco feliz para demostrar que en “la Argentina del diálogo” que aclamó Macri en su asunción, primero se dispara y después se pregunta.
Luego llegaron los despidos de empleados del estado. Bajo la argumentación de que hay muchos “ñoquis” cobrando sueldos se implementó un plan de despidos masivos a los trabajadores que se desempeñan en casi todos los estamentos del estado nacional, como así también provincial y municipales. La cifra ya alcanza las 18000 personas. Y el objetivo es terminar el año con 200 mil personas menos trabajando en la órbita del estado. Lo que preocupa en estos casos es que muchos de estos trabajadores están vinculados a programas sociales que están dirigidos para la población de los barrios más vulnerables. Entonces el efecto de esta medida es doble. Por un lado, mayor cantidad de desocupados que harán bajar el nivel de los salarios. Por otro lado, miles de personas que mediante los programas sociales, como por ejemplo “Envión” que permitía el acceso al deporte de decenas de pibes, se vean privados de una herramienta de inclusión social importantísima.
Además, esta cuestión de los despidos sienta precedente para que las empresas privadas comiencen con despidos o rebajas de sueldos porque se encuentran con la posibilidad de contratar otra persona por menor salario. A todo esto, cuando los trabajadores fueron a reclamar por sus puestos de trabajo el gobierno respondió como lo sabe hacer, represión para todos y todas. Así lo pudimos ver en las cruentas imágenes que llegaban desde La Plata.
El desfinanciamiento del estado a partir de la quita de retenciones a la agroindustria (como el maíz, trigo y carnes) permitió que miles de millones de pesos que entraban al tesoro nacional fruto de las importaciones de estos productos, ahora queden en las pocas manos privadas que controlan el negocio. Así se justifica que no haya presupuesto para mantener los planteles de trabajadores y los programas, por lo tanto se sostiene en un círculo vicioso el plan liberal de este gobierno.
Macri prometió en campaña la llegada masiva de inversiones al país. Dijo que por la confianza que generaría su gobierno las empresas extranjeras llegarían deseosas a poner sus dólares en nuestras tierras. Sin embargo, se olvidó de aclarar que para que esto suceda los inversores, o sea las multinacionales, pondrían condiciones. Una de ellas que Argentina vuelva a someterse a la órbita del FMI y sus recetas. Nuestro país ya tuvo una experiencia bastante acabada de lo que las recetas del Fondo Monetario pueden hacer con la economía. Ajustes, recesiones, desempleo, hambre y miseria. Así que el anuncio del Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay (si, el mismo que dijo que hay que elegir entre pelear por paritarias o el empleo) acerca de las auditorias que FMI harán a la Argentina no hacen más que pintar oscuro el panorama.
A todo este recorrido que parece interminable que hemos hecho le falta un capítulo. Y es el de los medios de comunicación. Hasta fines del año pasado se hablaba de que existe en Argentina una “grieta social”, y que esta estaba fogoneada o representada por los bandos contrapuestos en el periodismo. Mauricio Macri asumió con la promesa de no entorpecer la libertad de pensamientos y expresión. Sin embargo, desde la campaña que amenazaba con terminar con un programa televisivo ideologicamente opuesto a su pensamiento, como 6,7,8; a tal punto que una de sus primeras medidas fue dar de baja el contrato en la TV Pública. Queda casi anecdótico el caso de Victor Hugo Morales, que fue despedido de radio Continental tras 30 años de trabajo claramente por ser opositor a Macri.
Luego, llegó la avanzada contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), a partir de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que disuelven a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA) y le quita poder a su directorio; y lo nuclea junto a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicación (AFTIC). Hay que decir que la LSCA es en el ámbito de las comunicaciones es la ley más democrática de la historia Argentina por el consenso con el cual se votó en el parlamento, el acompañamiento y el impulso que tuvo desde diferentes organizaciones de la sociedad civil; y porque reemplaza un Decreto ley de la última dictadura militar. Además, de ser un documento que expresa claramente un límite a la concentración mediática y limita el poder económico de un grupo de medios por sobre el resto, como así también reconoce como sujetos de derechos a la llamada “tercera posición” que son los medios sin fines de lucro. Restringir el poder de acción de una ley de esta envergadura no puede ser realizado por un DNU; es poco republicano pasar por alto al Congreso de la Nación para modificar una norma de estas características. Sin embargo, aquí un gobierno votado por el pueblo lo hizo sin titubear.
Finalmente, queda la persecución a la protesta social que se emplea hoy en Argentina. El caso de Milagros Sala en Jujuy es paradigmático de cómo se va a comportar el gobierno ante la movilización popular. En estas líneas no se hará una defensa irrescticta sobre la figura de la líder de Tupac Amaru, pero si es necesario plantarse sobre las circunstancias de su detención. Si bien el gobernador jujeño, Gerardo Morales, habla de hechos de corrupción, asociaciones ilícitas y miles de cosas más, lo cierto es que Sala está privada de su libertado por intentar un acampe frente a la gobernación ante la falta de respuestas por el pedido de continuidad de los planes sociales que favorecían a miles de jujeños de bajos recursos. Esto la convierte en una presa política a Milagro Sala, quién se encuentra detenida en un penal de la provincia del norte por realizar una protesta, no por las causas que Morales le endilga. Otro accionar represivo del gobierno hacia los sectores populares.
En fin, el verano estuvo al rojo vivo pero no por las temperaturas sino por la ebullición social fruto de las primeras medidas tomadas por Macri. Esto recién comienza y promete tener muchos capítulos más en 4 largos años que la derecha estará al frente del gobierno por la voluntad popular que la eligió.
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