El plebiscito celebrado el domingo 2 de octubre pone en jaque el acuerdo de paz en Colombia. Con la oposición embanderado los intereses de las élites terratenientes, se abre un período de nuevas negociaciones de poder en una sociedad dividida entre el SI y el NO al pacto estado-guerrilla para la pacificación del territorio cafetero. Por Juan Alberto Perez
Cuando hace una semana se vio en cadena un inmenso acto en donde se presentaba finalmente el acuerdo de paz en Colombia, entre el Gobierno y las FARC, parecía que una etapa de más de cincuenta años de conflicto armado se estaba superando definitivamente. Sin embargo, en el plebiscito que se realizó este domingo para conocer la posición de toda la ciudadanía con relación a los acuerdos establecidos, esa primera etapa de paz se vio perturbada. Es que las urnas demostraron que la sociedad colombiana se encuentra dividida en cuánto a su postura sobre el pacto alcanzado en La Habana entre Manuel Santos, como representante del Estado, y Rodrigo Londoño Echeverri -alias “Timochenko”- como líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para el cese final de las acciones bélicas. El NO al acuerdo sumó un 50,23% de adepciones, mientras que el SI alcanzó el 49,76%, con la particularidad que casi un 60% del padrón se abstuvo.
A partir de esta situación surge una nueva etapa en esta cuestión tan importante para los colombianos, como para toda la región. Es que el gobierno se ve obligado a “escuchar” lo que las urnas han dicho, aunque el referéndum no sea vinculante; y lo que es más peculiar, es que debe sentarse a negociar con los sectores políticos y económicos que impulsaron públicamente el rechazo a los acuerdos conseguidos. En especial, este sector se ve representado en la figura del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien se manifestó en contra del acuerdo al considerar que se está pactando una amnistía por los delitos cometidos por las FARC, hecho que lesionaría la democracia y la justicia colombiana, e instó a “Que no haya violencia, que se les de protección a las Farc y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión”.
EL ACUERDO PUNTO A PUNTO
El acuerdo consagrado entre el Gobierno de Manuel Santos y las FARC consiste una serie de compromisos mutuos y comprende el abordaje de temas muy específicos que representan la posibilidad de satisfacer y garantizar derechos políticos, sociales, económicos y culturales para las clases más vulnerables y víctimas de lo que fue el conflicto armado. Entre estos puntos se destaca la imposición de una “Reforma Rural Integral” que se entiende contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas con la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. He aquí un punto de gran conflictividad, en tanto que se tocan intereses de terratenientes quienes, además, tienen un sin fin de grupos paramilitares que han aterrorizado y perpetrado atrocidades contra las bases de las organizaciones sociales de campesino y pueblos originarios. Estos actores son parte de los grandes triunfadores del plebiscito del domingo 2 al imponer, con el apoyo de las fuerzas políticas conservadoras, como la liderada por Uribe, esta “necesidad” de redefinir y re discutir los acuerdos consagrados.
Entre otros puntos del acuerdo de paz se destacaba la apertura política, que tiene como finalidad mayor pluralismo y ampliación de la participación política de diversos sectores, lo que pone de manifiesto, junto con otro punto que habla del “cese del fuego definitivo”, la voluntad de los integrantes de las FARC de participar activamente en la vida política lejos de la utilización de la violencia como método de acción. Aquí también surge una nueva disputa, debido a qué en Colombia predomina desde hace muchos años un paradigma conservador en las fuerzas políticas. Y la apertura a la participación en el debate público de nuevos actores, como son los grupos campesinos y originarios, como así también agrupaciones de pensamientos de izquierda, se presentan como toda una amenaza para las actuales autoridades y la principal oposición política del país, más alineada a los grupos económicos y terratenientes que al pueblo.
Asimismo, se establece en uno de los puntos del acuerdo la conformación de un consejo encargado de brindar “Verdad y Justicia” para las víctimas de las acciones de las FARC, con la iniciativa de poner en consideración que esta guerra que se viene librando desde hace más de cinco décadas se ha llevado la vida de gran cantidad de personas y aún cuenta con desaparecidos. Por lo que se impone la lucha contra la impunidad en estos hechos que lesionaron a todas las comunidades que se emplazan en el territorio colombiano.
LO QUE VIENE A PARTIR DE AHORA
El resultado del plebiscito abre la puerta a un tiempo más amplio de negociaciones políticas respecto al acuerdo de paz en Colombia. Aunque, como afirmó Timochenko, es complejo que se vuelva atrás la discusión debido a qué este pacto fue avalado por la comunidad internacional y presentado en los tribunales internacionales en Suiza. Asimismo, el líder de las FARC aclaró que no cabe ninguna posibilidad de que el grupo guerrillero decida romper lo acordado en los pactos, y levante el cese al fuego. Por su parte, el presidente Manuel Santos, llamó a un encuentro de todas las facciones políticas de Colombia para poder lograr un tratado de unidad en referencia a esta cuestión, sin embargo, y envalentonado por el resultado de las urnas, desde el sector comandado por Álvaro Uribe no se presentó nadie a esta mesa de diálogo convocada. Esta acción puede leerse como un claro movimiento especulativo político de parte del uribismo con la finalidad de quitarle poder a Santos y posicionarse como el sector más fuerte de cara al próximo período electoral.