LEGITIMAR EL GATILLO FÁCIL

Por Juan Alberto Pérez

El ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, dictó una resolución publicada este lunes 3 de diciembre en el Boletín Oficial que da lugar al uso de armas de fuego a los efectivos de las fuerzas bajo su órbita en situaciones muy irregulares que podrían legitimar los casos de gatillo fácil. La resolución 956/2018 habla de la necesidad de “implementar acciones” para la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía y de las fuerzas policiales, cuando se encuentren en un peligro inminente. Esto es, permiso para la utilización de las armas de fuego en una serie de circunstancias, que en principio, son dudosas. Esta normativa busca modificar el concepto de legítima defensa establecido en el Codigo Penal, que no habla de “Peligro Inminente”, un concepto más ambiguo, sino que detalla la aplicación de la legítima defensa en casos de “Agresión ilegítima tendiente o en curso”.

Una de las justificaciones esbozadas por la ministra Bullrich es que “la institución policial está en un estado de indefención” por lo que si actúa en cumplimiento de su deber corre riesgo de ser juzgado. Además, advirtió que “si se quieren fuerzas de seguridad que actúen defendiendo a la sociedad tienen que poder saber que tienen principios generales que los protegen”. Sin embargo, ya existe en el código penal la figura del cumplimiento del deber de los efectivos de las fuerzas que en dónde se aclara que el deber del policía es defender legítimamente ante una agresión ilegítima en curso o por ocurrir. Esto es importante porque no es lo mismo que algo represente un peligro a que algo sea una agresión de hecho, ya que da lugar a las interpretaciones personales de cada efectivo.

La resolución marca en que casos se hará uso de las armas de fuego. Se detalla que se utilizarán en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”, “Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”, “Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad” y “Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”. Pero a su vez, elimina la utilización de la voz de alto y la identificación policial cuando dichas acciónes puedan suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso.

Ahora bien,¿A qué llama peligro inminente la norma? Y ¿En qué circunstancias aplica?. Según la resolución esto se aplica cuando “Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas”, “Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal”.”Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, si integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas. Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma. Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona. Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas”. Estos son los puntos más conflictivos ya que detalle una serie de situaciones que da total libertad de acción a los efectivos y a las posibles coartadas.

En el ejemplo de utilización en “si integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos” cabe aclarar que es ilegal, ya que el código penal marca que la legítima defensa se aplica contra el agresor y nadie más. Por lo tanto, el uso contra otra persona que no posea armas aunque este en un grupo en el que uno posea será un delito por parte del efectivo policial. Otro punto álgido es “Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”. Aquí se legitima la doctrina Chocobar quién acribilló a un delincuente que ya había cometido el delito, y estaba reducido, porque creyó que le podía disparar. Esto es ilegal, de hecho Luis Chocobar se encuentra en este momento procesado por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, en exceso de su deber. Este hecho también cabría en la circunstancia que detalla “cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”, y allí volvemos al código penal y la legítima defensa, que indica que sólo se aplica cuando la agresión ilegitima se esta desarrollando o está a punto de desarrollarse, no se aplica después del hecho.

Por supuesto que esta reglamentación que da vía libre a la cacería de personas por parte de los efectivos de las fuerzas de seguridad (a quienes en algunos casos habría que llamar de Inseguridad) fue rechazada por diversos organismos de derechos humanos y por figuras del derecho público. El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, expresó en un programa televisivo de la señal C5N que la norma “incita a violar la ley penal” y a su vez advirtió “Que tengan cuidado los muchachos de la policía a someterse a este reglamento porque después la justicia cae sobre ellos y les sueltan la mano”. Por otro lado, desde Correpi manifestaron que “La norma habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas. Con esta norma en vigencia, no sólo se multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio ministerial”. Sin embargo, la ministra Bullrich salió a deslegitimar a Correpi cuando declaró “Estos organismos en los casos de enfrentamiento entre policías y delincuentes se ponen del lado del ladrón. Hay una idelogización del gatillo fácil”. Por otra parte el referente de La Poderosa, Nacho Levy, quién ha sido atacado por Bullrich en reiteradas ocasiones manifestó “Pasamos a tener pena de muerte, y pena de muerte sin debido proceso. Pena de muerte al criterio de los desaparecedores de Luciano Arruga, de los asesinos de Kosteki y Santillán, de los cazadores de Rafael Nahuel, de los que liberaron la zona que mató a mi ahijado, de los torturadores de Iván y Ezequiel, de los pirómanos de pergamino, de los verdugos de un pibe muerto cada 23 horas”

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