PALOS PARA TAPAR LA MANO NEGRA

Por Juan Alberto Pérez

 

Ayer tomó notoriedad el caso de la cooperativa gráfica MadyGraf por la represión policial en la manifestación que se produjo en el Congreso de la nación. Las luces se las llevaron las imágenes de los trabajadores de prensa detenidos, con el acento puesto en la detención del fotógrafo de Página 12, Bernardino Ávila. Pero hay detrás una historia que surge como detonante de esta movida, que es el porque los trabajadores de MadyGraf se manifestaron.

La cooperativa MadyGraf se presentó a una licitación que lanzó el Ministerio de Educación de la nación para la impresión de aproximadamente 3 millones de manuales educativos con destino a las escuelas públicas. El 5 de diciembre pasado se desarrolló la apertura de sobres para saber el ganador de la licitación, y allí se conoció que MadyGraf realizó la oferta más baja, y por lo tanto debió ser adjudicatario del trabajo. Sin embargo, luego de presentar las muestras, el gobierno decidió desestimar la licitación y llamar a una nueva, ya qué según les dijeron a los trabajadores de MadyGraf hubo “irregularidades” en la presentación de las muestras. Este hecho fue inmediatamente repudiado por los trabajadores ya qué la presentación se hizo en tiempo y forma, y además cuentan con el certificado de recibido del ministerio por las muestras. Desde el Ministerio no se hacen cargo de la pérdida de los materiales y dieron de baja dicha licitación y llamaron a una nueva. Es más, luego de la represión de ayer, el Ministro de Educación, Alejandro Finochiaro expresó a través de un comunicado qué “la oferta de Madygraf fue rechazada pese a haber realizado la mejor oferta, por tener supuestos faltantes en el sobre de las muestras presentadas”. Por supuesto los trabajadores de MadyGraf contestaron con otro comunicado en el que detallan qué “Lo que omite de forma alevosa el ministerio es nada menos que el informe de su propio Ministerio que admitió que el sobre de muestras requeridas fue presentado por la cooperativa en perfecto estado, que fue sellado el recibo de entrega por funcionarios sin objeciones de su parte y que a posteriori ese mismo sobre llegó al Área técnica abierto. Esa irregularidad se produjo dentro del propio ministerio y es reconocido por los informes oficiales” y agregaron qué “Esto puede verificarse en la providencia del 22/1/2019, que dice textualmente “se deja constancia que con fecha 12 de diciembre de 2018 está secretaria recibió los sobres presentados por las empresas oferentes los que se encontraban abiertos”.

Esta nueva licitación convocada deja de lado a la cooperativa MadyGraf y cualquier otra fábrica que no tenga una cierta espalda económica. “Reabren cambiando las bases y condiciones perjudicándonos a nosotros y cualquier otra fábrica que no tenga las espaldas para presentarse, ya que ahora quien quiera hacer ese trabajo tiene que conseguir por adelantado 25 millones de pesos” declaró José Medina, trabajador de MadyGraf. Los 25 millones de pesos referidos se trata del costo del trabajo, que en primera instancia se le iba a adelantar al adjudicatario de la licitación para que pueda comprar la materia prima para realizarlo. Sin embargo, ahora esto lo debe costear quién haga el trabajo y será abonado a contra entrega. Por supuesto que esto limita la capacidad de cualquier fábrica pequeña y mediana, y mucho más a una cooperativa, dado que no cuentan con el respaldo económico para financiar el trabajo.

El estado de situación de los trabajadores gráficos es alarmante. La situación de la industria en este sector ve caídas catastróficas en los últimos años. Al golpe del bolsillo del poder adquisitivo de los argentinos que limita el poder de compra para este tipo de bienes culturales, sumado a la inflación y el aumento de los servicios, la industria gráfica corre grave peligro. Según un informe de 2018 de la Unión Gráfica Argentina Regional, Región Centro Norte, existe una crisis que se ve acentuada por diferentes factores. Tanto el aumento de costos como el incremento inflacionario se trasladan al precio de tapa del libro, por lo cuál se vuelve todo un lujo para el consumidor la compra de este producto. Esto se ve reflejado en la caída de ventas en el mercado interno que mientras en 2015 se vendieron 52,7 millones de ejemplares; en 2016, 39,3 millones, y en 2017, 41,5 millones. Es decir que en dos años la venta cayó en 24,6 millones de ejemplares. Por otro lado, desde la unión Gráfica remarcan que por la apertura de las importaciones que desarrolló este gobierno en los últimos tres años, las editoriales comenzaron a imprimir en países como China, Chile y España, entre otros. Hecho que impacta de manera directa en la industria gráfica local. Según Faiga, la importación de libros aumentó sólo en los primeros dos meses de 2018 año en 31,9 millones de dólares, que representan el 77% de todo lo importado en 2015 y el doble de lo importado en los primeros dos meses de 2017. Hecho por el cuál el trabajador local se ve cada vez más asfixiado y con riesgo de perder sus puestos de trabajo, ya que están cerrando un importante número de fábricas.

En este contexto se enmarca la movilización de ayer de los trabajadores de MadyGraf. Esta cooperativa opera desde 2014, cuando sus trabajadores iniciaron el proceso de recuperación de sus puestos de trabajo tras el cierre de la gráfica Donnelley. En 2017, y por intermedio de una ley provincial, logran definitivamente adjudicarse la propiedad de la fábrica de la localidad de Garín, ya que el Congreso la declaró de interés público. Ante la irregularidad de lo sucedido con la licitación los trabajadores iniciaron este cuadernazo en el Congreso que terminó con una fuerte represión policial y con la detención injustificada de tres personas, un trabajador de MadyGraf y dos reporteros gráficos. “Esto es una provocación del gobierno y la policía con el fin de tapar las irregularidades que ocurre en las licitaciones del Ministerio de Educación donde se beneficia a los monopolios de la industria gráfica en detrimento de las cooperativas y de las familias que van a la escuela pública” denunciaron los trabajadores. Y a su vez le exigen al Ministro Finocchiaro que les otorgue la licitación que ya habían ganado anteriormente ya que esta garantiza el trabajo y el ingreso de 150 familias.

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