UNA LEY A PEDIR DEL EJECUTIVO

Por Juan Alberto Pérez

El gobierno logró imponer la primer medida de peso en sus primeros 10 días de gestión. Se trata de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Esta norma con nombre rimbombante es una mega ley integral de emergencia que ataca a la deuda, la situación fiscal, la organización administrativa, la cuestión previsional, las tarifas de energía, la salud y la cuestión social. Es cuestionada por la oposición ya que delegada un poder discrecional en el poder ejecutivo. Asimismo, tiene puntos críticos como el congelamiento de la fórmula jubilatoria por seis meses y el aumento impositivo al uso del dólar; pero no así a petroleras, mineras o negocios financieros, grandes ganadores del macrismo.

En un trámite casi exprés el oficialismo sacó favorablemente del Congreso la primer ley de peso para la nueva gestión. La ley de Solidaridad fue vendida como una norma que busca achicar la brecha de las desigualdades sociales que existen en la Argentina. Sin embargo, es en lo profundo un instrumento que faculta al presidente, Alberto Fernández, un poder discrecional para aplicar las medidas que crea necesarias en los próximos meses para palear la difícil situación económica y social que en se encuentra el país.

Este mega proyecto, que consta de 12 cuerpos y 85 artículos, delega en el Poder Ejecutivo la capacidad de negociación de la deuda pública, reestructurar el cuadro tarifario del sistema energético, tomar medidas para reactivar la producción, lograr una sostenibilidad fiscal a partir de nuevos impuestos, manejar a su consideración la redistribución de los haberes previsionales, modificar el esquema de suministros de medicamentos y la atención de enfermedades endémicas y la recuperación salarial.

Alberto Fernández tanto en campaña como en su discurso de asunción el 10 de diciembre insistió en la necesidad de atacar los grandes problemas urgentes del país, como la pobreza y el hambre, y sobre todo en las clases más vulnerables, como la niñez y les adultes mayores. Además, hizo hincapié que la redistribución iniciaría de abajo hacia arriba, estructurando un esquema solidario en donde los que más tienen tendrían que aportar para ayudar a los que menos tienen. Y es que el macrismo dejó diezmadas a las clases sociales más bajas y en un marco de desprotección monumental, mientras que los más ricos fueron aún más ricos estos últimos 4 años. Todo esto en el marco de un estado prácticamente quebrado y super endeudado.

Las primeras medidas fueron en ese sentido. Bonos de 5 mil pesos en diciembre y enero a las jubilaciones mínimas, además de la gratuidad de los medicamentos; así mismo, se anunció un bono de 2 mil pesos a les beneficiarios de AUH, además de los beneficios del nuevo Plan Alimentar, entre 4 mil y 6 mil pesos para la compra de alimentos para mujeres que cumplan el tercer mes de embarazo y niñes de hasta 6 años de edad. Igualmente, el congelamiento de las tarifas energéticas por seis meses genera un alivio, ya que de aplicarse los aumentos estipulados por el gobierno de Cambiemos, y frenados en medio de la campaña electoral, los bolsillos de les argentines hubieran sido muy castigados. De todos modos, este conjunto de medidas aparecen como paliativas y de emergencia, nadie puede pensar que con esto solo se acabarán los grandes problemas estructurales a largo plazo.

El peso de la deuda y su legitimidad

La ley de solidaridad en la emergencia tiene puntos en este sentido que intentan atacar las grandes inequidades sociales en sus conceptos, pero quizás se quede corta en su desarrollo, hasta incluso tenga efecto contrario en lo que dice. Un primer punto crítico es el tema de la deuda. Sabemos que Mauricio Macri hizo de la toma de deuda una política cotidiana. Un uso del endeudamiento irracional, insostenible e imposible de pagar por el país. Claramente el nuevo gobierno debe enfocarse en una reestructuración de la deuda, sobre todo con el FMI, para poder iniciar un plan de reactivación económica y productiva. En la ley sancionada esta semana se busca que el ejecutivo tenga libertad de acción en esta negociación procurando que el pago de la deuda sea acompañado de la recuperación de la producción y la mejora de los indicadores sociales básicos (pobreza, desocupación, inflación, etc). Sin embargo, y sin caer en el argumento de la izquierda trotskista, del desconocimiento y el no pago, nada queda intermedio en el plan del Fernández respecto de la legitimidad de dicha deuda o investigar que hicieron con esos fondos y quienes son los responsables de dilapidar el futuro de les argentines. Entonces no se desconoce la deuda, pero tampoco se inicia una necesaria auditoria sobre ella.

Freno a los tarifazos, pero sin retracción

Si hubo grandes ganadores de la era Macri, esas fueron las empresas de energía. Los tarifazos llevaron una transferencia de ingresos fenomenal de los bolsillos de les consumidores a las manos de los empresarios, muchos amigos del poder. Es necesario una modificación en ese sentido si se quiere una mejora económica y el impulso la industria, enterrada con la política macrista. Así es que por medio de la ley de solidaridad se congelan las tarifas por 180 días al mismo tiempo que se buscará crear un nuevo cuadro tarifario para el 2020 que acompañe la recuperación productiva. Aunque no se plantea una retracción de la tarifa a 2015 o por lo menos a 2017, para alivianar un poco más el peso en los bolsillos. Asimismo, el Estado interviene los entes reguladores de electricidad y gas, y además, da marcha atrás con la provincialización de las empresas distribuidoras de energía (EDESUR y EDENOR) que había impuesto Mauricio Macri. Sin embargo, el presidente Fernández, no planea discutir las ganancias usureras de las empresas energéticas en estos cuatro años, y tampoco plantean en esta ley reveer si las inversiones necesarias para actualizar el sistema energético se realizaron. Mucho menos discutir un cambio de modelo de los servicios públicos y tocar los contratos de las empresas para que vuelvan a manos estatales.

Más impuestos y retenciones, salvo al negocio minero

El esquema impositivo es donde más énfasis pone la nueva norma. Financiar los planes sociales y el pago de la deuda necesitan de una caja de donde sacar los fondos. Allí pone mano el gobierno. Mientras crea planes de moratorias para que las Pymes puedan cuotificar sus deudas con la AFIP, permitiendo así concentrarse en producir. Por otro lado, impone un aumento en Bienes Personales, de hasta un 1,25% a quienes cuenten con un patrimonio superior a los 18 millones de pesos. Esto se duplica para quienes tengan sus bienes en el exterior. También, llega la aplicación de un impuesto del 30% por 5 años a todo tipo de ahorro y compras en dólar. Esta una medida mirada con mucho recelo por parte de la clase media, quienes principalmente pueden ahorrar en esa moneda, realizar viajes al exterior o compras vía internet de bienes y servicios en esa moneda. Los fondos que se consigan con este último punto estarán destinados en un 70% al financiamiento de programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social y un 30% a solventar obras de infraestructura y viviendas sociales.

Otro punto muy cuestionado de la ley y mirado de reojo por las élites latifundistas es el de los derechos de exportación. Hay un aumento en las retenciones que llegará hasta el 33% a la soja. Esto desató un enojo de los sectores monopólicos del campo que incluso amenazaron con reavivar el conflicto del 2008. Mientras esto sucedía, todo el otro sector de los productores pequeños de la agricultura agroecológica se manifestaban en contra del conflicto incipiente que pretenden instalar los terratenientes y especuladores sojeros. De todos modos, en este aspecto el gobierno de Fernández, está poniendo la mirada solamente en el campo como fuente de dólares y por ninguna cuestión se contempla a simple vista la idea de discutir el modelo productivo que contamina el ambiente y envenena poblaciones enteras.

Tampoco hay una decisión de avanzar sobre las retenciones a la industria minera y el extractivismo. En este sentido es una semana negra. A la reforma del artículo 7722 en Mendoza que facilita la mega minería contaminante, el gobierno de Alberto redujo del 12% al 8% las retenciones a la explotación de Vaca Muerta. Una carta blanca para que se profundice este negocio.

Congelar a les jubilades

Asimismo, el punto más álgido de la ley es el que respecta a los haberes jubilatorios y los aumentos salariales. La ley congela por 180 días la cuestionada fórmula jubilatoria que implementó Macri en 2017 y que les hizo perder hasta un 30% de poder adquisitivo. El fin de ese régimen de actualización de haberes tan perverso no sería cuestionable si no fuera que ahora el presidente mediante decreto impondrá el porcentaje de aumento trimestralmente, algo que comenzaría a suceder a partir de marzo. Lo que deja a la valoración de con que recursos cuenta y cuales son las prioridades económicas del gobierno la suerte del salario de les jubilades. Esto será así hasta que se realice una nueva fórmula de cálculo salarial. El objetivo no dicho es la intención de un ahorro de fondos, dado que las jubilaciones y pensiones son aproximadamente 30% del mal llamado gasto público. La ley también establece que el estado determine niveles de aumentos mínimos del salario para trabajadores del sector público y privado.

En una maniobra de último momento el presidente decidió convocar sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero para derogar las jubilaciones con regímenes especiales de cuerpos diplomáticos y judiciales, quienes cobran entre 200 y 300 mil pesos por mes.

Luego de dos jornadas maratónicas, y en medio de discusiones sobre el quórum, donde la oposición de ultra derecha y ultra izquierda amagaron con no darlo, la ley fue sancionada tanto en diputados como en senadores. El lunes entrará en rigor luego que se promulgue en el Boletín Oficial y dará al presidente Alberto Fernández un márgen de maniobra más amplio. La discusión pendiente es sí todo lo tratado en ella realmente refleja la verdadera emergencia social que vive la Argentina o es solo una justificación para detentar el poder político sin necesidad de rendir cuentas. El tiempo dirá que consecuencias traerá todo esto.

 

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