Por Juan Alberto Pérez
El 5 de febrero de 2014 se recuerda como uno de los días negros de nuestro país. Ese día en el incendio que se produjo en los galpones de la firma Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas murieron ocho bomberos y dos oficiales de Defensa Civil. Todo indica que lo que inició el siniestro fue un acto intencional para borrar material alojado en dicho depósito. Sin embargo, la causa está hace seis años estancada, con 17 procesados entre funcionarios de segundo orden del gobierno de la CABA y responsables de la empresa. Los familiares de las víctimas se encuentran exigiendo a la justicia ser parte de la querella, ante una negativa constante. Este lunes podría haber novedades si la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional lo permite.
Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli, José Méndez, Sebastián Campos, y Pedro Barícola, y Facundo Ambrosoni son los nombres de las víctimas que perecieron cuando una de las paredes del depósito de Iron Mountain, ubicado en la calle Azara 1245 del barrio de Barracas. El incendio inició aproximadamente a las 8:45 de la mañana de aquel miércoles. En este depósito se encontraban archivos de al menos 600 de las empresas más importantes que tienen oficinas en el país, como IBM y el banco HSBC. De hecho de este último banco había 30 mil cajas de archivos en el depósito.
Desde un primer momento se investigó la posibilidad de que el incendio haya sido intencional. Y las pericias que realizaron demostraron que así fue. El sistema contra incendio se encontraba desactivado. La idea era borrar los archivos de las empresas, sobre todo los de HSBC, cuyas cajas llevaban el rótulo de “lavado de dinero”.
El vínculo de la empresa Iron Mountain y la política del PRO era muy profundo por entonces. En 2008 Dirección General de Protección del Trabajo había clausurado el depósito, pero según un funcionario de esa cartera, dicha clausura se levantó por orden del mismísimo jefe de gobierno Mauricio Macri. Además, había vínculos entre HSBC y el gobierno de la Ciudad. El por entonces ministro de Desarrollo Económico porteño era Francisco Cabrera, quién antes de desempeñarse en ese rol fue directivo de dicho banco. También, Iron Mountain fue beneficiaria de una exención impositiva de 5 millones de pesos tras hacer lobby en la rezonificación del área del polo Tecnológico en dónde se emplazan los galpones que la firma tiene en la ciudad.
Más allá de eso, la justicia no cayó sobre Macri, María Eugenia Vidal (entonces vice jefa de gobierno), Horacio Rodriguez Larreta (que ejercía la jefatura de gabinete porteña) y menos a Francisco Cabrera. Si cayó sobre 12 funcionarios de la ciudad y 5 directivos de Iron Mountain, procesados sin prisión preventiva por el delito de “incendio culposo seguido de muerte”. Los funcionarios son Pedro Chapar, Roberto Chiesa, Luis Cogo, Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Silvia Hers, Gastón Laugle, Felix Lugo, Esther Moroni, Jorge Papanicolau, Rafael Roldán y Vanesa Berkowisky. Esta última era Directora de Fiscalización y Control del Gobierno. Y contaba con un oscuro prontuario en la función pública del macrismo ya que también fue procesada por triple homicidio culposo y lesiones culposas por la muerte de tres ancianos en un geriátrico que funcionaba ilegalmente en Almagro; y además era sospechada de coimas en la habilitación de locales bailables de la Ciudad. Estos antecedentes no limitaron que Berkowisky acompañara al PRO en la gestión nacional desde 2015, fue Coordinadora Operativa de la Secretaría de Deportes de la Nación. Otro nombre muy conocido que estaba implicado pero no tuvo que responder en la justicia fue Juan José Gomez Centurión. Un personaje que tomó notoriedad por su postulación a presidente de la Nación en 2019 con un discurso de ultra derecha, pero que en la gestión Macri en la Ciudad había ocupado el cargo de director de la Agencia de Control Gubernamental, un organismo que debió actuar ante la ilegal habilitación que el gobierno de CABA le dio a Iron Mountain.
Ante esto hay un grupo de familiares de las victimas del incendio, de la mal llamada “tragedia de Barracas”, que quiere ser parte de la querella de la causa para poder motorizar las denuncias contra los principales responsables políticos de la muerte de estas 12 personas. Además, para acceder de cerca a la causa y poder recusar el accionar del juez Ormaechea y la fiscal Romina Monteleone. El lunes 10 tuvieron una audiencia en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional que es la que decidirá si los acepta como parte, ya que la Cámara Nacional en lo Criminal no lo permitió. Dicha audiencia la vieron como positiva por haber recibido repercusión en los medios de comunicación y apoyo de legisladores del Frente de Todos. Además, tuvieron una reunión con la ministra de Seguridad de la nación, Sabina Frederic, quién se comprometió a poner a disposición de la causa lo que de ella dependa.
Esta semana debería tener novedades respecto del fallo de la Cámara. “Le pedimos a los jueces que se pongan en nuestro lugar, que vean las dificultades emocionales que llevamos nosotros en nuestro día a día. A la empresa no le importa nada, pero para nosotros era nuestro hermano, era un ser humano” dijo a este medio Liliana, la hermana de Pedro Barícola, una de las víctimas.