Por Juan Alberto Pérez
La justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictó un fallo en el que obliga al Gobierno de la Ciudad a que garantice el acceso al agua potable al 100% de las personas que viven en los barrios populares de la Ciudad. Esta medida, impulsada por un amparo presentado por una acción colectiva de organizaciones civiles y vecines de los barrios populares, remarca la insuficiencia, por lo menos, de las acciones del gobierno de la Ciudad en la satisfacción de esta demanda esencial. Una problemática que se extiende al territorio nacional y que pone en riesgo la salud de las personas que se encuentran en situación más vulnerable.
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El juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 8 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Osvaldo Oscar Otheguy, dictó una medida precautelar para que en el plazo de cinco días, desde el 5 de mayo del corriente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolle un Plan de Contingencia “ante posibles emergencias sanitarias, que incluya un cronograma detallado para cada Barrio Popular con recorridos, fechas y horarios precisos, previamente acordados con la comunidad y adecuadamente difundidos, que garantice, a pedido de los habitantes de los Barrios Populares, la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o sectores de los barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente”; además resolvió imponer al gobierno de Horacio Rodriguez Larreta, que incremente la entrega de agua a granel para todos los usos (como consumo directo, manipulación de alimentos, higiene personal, higiene del hogar, etc) en los barrios o sectores de los barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente debiendo tener como guía para la dotación por habitante las normativas nacionales e internacionales que establecen dotaciones de consumo de agua potable con valores de entre 150 y 250 litros por habitante por día y las guías de diseño del Ente Nacional de Obras Hídircas de Saneamiento (ENHOSA) que establecen dotaciones de diseño para los proyectos de agua potable de 150 a 300 litros diarios por habitante. También instó a que se elabore y desarrolle un Protocolo de Actuación para brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias. Este deberá incorporar medidas preventivas que las familias deberían adoptar (hervir el agua, incorporarle lavandina, etc.) para reducir el riesgo sanitario. Ello así, hasta que el tribunal competente resuelva la procedencia de la medida cautelar solicitada por un conjunto de organizaciones barriales y organizaciones de la sociedad civil que presentaron la denuncia, pero en la que el juez Otheguy se declaró incompetente.
La medida fue presentada por La Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), CTA-Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera, el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP). Además, cuenta con el acompañamiento de referentes y referentas de los barrios Villa 21-24, Barrio Inta, Barrio Scapino, Barrio Cildáñez, La Villa 15-Oculta y la Villa 20.
La Acción de Amparo Colectivo con relación al acceso al Agua Potable y Saneamiento Seguro en los barriospopulares de la ciudad como forma esencial de prevención del Coronavirus y del Dengue exige que el gobierno de la Ciudad garantice al 100% de las familias que habitan en estos barrios el acceso regularizado y formal al servicio de agua potable y saneamiento cloacal. También que se desarrolle un plan de agua potable y saneamiento cloacal; que se realice un relevamiento y diagnóstico sanitario de todos los barrios populares de la Ciudad; Asimismo, que se desarrolle un plan de obras para que se conecte a la red de agua potable existente a aquellos hogares que puedan acceder de inmediato a dicha red, es decir, hogares frentistas a vías públicas formales. Además, que se desarrolle un plan de contingencia para la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios o en los sectores de los barrios que no cuenten con suministro continuo de agua corriente, con un valor de entre 150 y 250 litros diarios por persona. Y a su vez, que el gobierno garantice la entrega de agua potable envasada para consumo directo, teniendo como referencia una cantidad de 2 litros diarios por persona por día. La acción de amparo también exige la elaboración e implementación de un protocolo de actuación que brinde pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias. Es decir, concientizar sobre las medidas que debería adoptar (hervir el agua, incorporarle lavandina, etc); pero esto también emparejado a que se garantice de manera gratuita en cada hogar 2 garrafas de 10 kilos, 8 litros de lavandina, jabón blanco en pan y detergente para poder realizar higiene en los hogares y en cada integrante de la familia. Estas medidas de acción entre otras tantas necesarias y tan imporantes para garantizar el saneamiento y la salubridad de las 400 mil personas que viven en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, al declarerse incompetente el juez esta demanda pasa a la Secretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal a fin de que continúe su tramitación a un tribunal competente.
Hasta el momento el GCBA destina para cada barrio en promedio un camión de 7 mil litros de capacidad durante 12 horas, algo que abastece aproximadamente a 140 personas por barrio, muy por debajo de la necesidad habitacional que la realidad expresa.
Esta situación se encuentra en un contexto de gran precariedad a nivel nacional respecto del acceso al agua. En 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri se formuló el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PNAPyS) Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PNAPyS) en donde se proponen las bases para el desarrollo del sector con el objetivo de alcanzar para el 2019 niveles de cobertura de 100% en agua potable y del 75% en cloaca en las áreas urbanas del país. Sin embargo, y ante el fracaso estrepitoso de su gestión en este y otros ámbitos, ese objetivo nunca se logró, incluso se llevó a 2023, ya fuera de su tiempo de gestión, la satisfacción de dicha demanda. En nuestro país hay7 millones de personas que no acceden al servicio de agua potable y 20 millones no tienen cloacas, que se encuentran en serios riesgos con su salud expuesta a las enfermedades que proliferan por estas condiciones. El 41 % de la población urbana de Argentina no tiene cloacas. Esto demuestra a las claras las grandes deudas de la democracia en este sentido.
La pandemia del coronavirus ha llevado a desnudar las problemáticas estructurales de los países y fundamentalmente, las deudas sociales que aún hoy existen. Allí el acceso al agua es preponderante. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado que “lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal no está al alcance de los 2200 millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable”. Por ese motivo insta a los gobiernos a desarrollar todas las políticas necesarias para garantizar dichos derechos. Y como medidas fundamentales, han pedido que se prohíba de inmediato los cortes de agua a quienes no puedan pagar las facturas y que proporcionen agua de manera gratuita mientras dure la crisis a las personas más desfavorecidas. Estos llamamientos fueron desoídos en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, donde no sólo no se garantiza el acceso al agua sino que hubo barrios sin suministro durante 11 días como sucedió en el Barrio 31.