Por Revista Livertá
A 25 años de la Masacre de ElDorado Do Carajas y el Día Internacional de las Luchas Campesinas. La caminata había comenzado el 10 de abril, hacía exactamente una semana. Cerca de 1500 personas viajaban rumbo a Belém, capital de Pará, al norte de Brasil. Eran un grupo de familias campesinas organizadas que iban a pie hacia la hacienda Macaxeira, lugar que se encontraba ocupado por familias sin tierra. El miércoles 17 de abril de 1996, llegaron a una parte de la carretera PA-150 conocida como la «curva do S» y se dispusieron a acampar. Cerca de las 4 de la tarde, alguien divisó que varios vehículos se acercaban. Era la policía militar.
Horas atrás, el gobernador de Pará, Almir Gabriel, recibía la noticia. Su secretario de seguridad, Paulo Sette Cámara, estaba dispuesto a ir por todo y dar una lección ejemplar. Según sus propias palabras, a «usar la fuerza necesaria, inclusive tirar». Él sería responsable de dar la orden. Había que sacar a la gente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de la ruta, borrarlos de un territorio de grandes proyectos mineros y de explotación ganadera. Las reformas agrarias y el derecho a la tierra no estaban en los planes del Gobierno.
Al llegar a la zona donde la gente acampaba, los 155 policías comenzaron con el operativo arrojando gases lacrimógenos. En su apoyo, asistirían personas enviadas por la empresa Vale do Rio Doce, armadas y en defensa de los grandes latifundios. Con los primeros disparos, el terror se apoderó de las familias. Cada una corría para donde podía mientras se escondían entre la vegetación o en una pequeña capilla. Se encontraban a pie y no había para dónde huir.
A los pocos segundos, el sonido de las balas ya no se distinguía de los gritos. Entre el fuego cruzado, una sobreviviente recuerda ver gente salvando a sus hijxs, socorriendo a un nene baleado y niñxs que buscaban a sus madres. Ese día, 19 personas fueron asesinadas -2 fallecieron luego- y 70 sufrieron heridas. Las autopsias revelaron que la policía ejecutó a 10 personas, otras fueron golpeadas hasta la muerte y varias fueron asesinadas con sus machetes y hoces.
De los que participaron en la masacre, solo 2 comandantes fueron condenados a prisión, uno domiciliaria. Como los uniformados no llevaban identificación ni usaron armas registradas, no se pudo saber a quiénes pertenecían las balas disparadas. La manipulación de la escena, sumada a la impunidad oficial, impidieron la investigación.
Tiempo después, la hacienda Macaxeira sería expropiada y allí se encuentra el asentamiento 17 de Abril. Esas tierras, que pertenecían a una de las personas que dio la orden para la masacre, hoy, es de sus sobrevivientes.