Por Redacción ANCAP
Dibujo Martín Vera
Hace poco más de 5 años la gendarmería nacional argentina reprimía en Chubut un reclamo territorial del pueblo mapuche. En ese reclamo participaba, por solidaridad con las personas que se manifestaban contra la apropiación ilegítima de sus territorios ancestrales a manos de especuladores, Santiago Maldonado. De resultas de esa violenta represión Santiago estuvo desaparecido 77 días y su cuerpo sin vida fue encontrado semisumergido, en llamativo «buen estado de conservación», en un lugar del río varias veces rastrillado con anterioridad al hallazgo.
Desde aquel fatídico 1° de agosto, hasta la escenificada aparición de su cadáver, el 17 de octubre del año 2017, Santiago fue objeto de descabelladas hipótesis que pretendían ocultar las verdaderas causas de su desaparición forzada, llevada a cabo por la gendarmería con el visto bueno del gobierno de Macri-Bulrich.
La prensa adicta al sistema fabricó y difundió innumerables versiones alucinadas que situaban a Santiago fuera del país; haciendo dedo en recónditos suburbios; deambulando por una imaginaria localidad donde todos se le parecían; haciendo compras, muy orondo, mientras la población exigía su aparición con vida y hasta se quizo instalar la idea de que había sido secuestrado por sus propios compañeros.
La «justicia» estatal desvió la investigación; persiguió y amedrentó testigos; espió a familiares de la víctima y terminó por cajonear la causa que hoy duerme el sueño de los justos y junta polvo en los tribunales.
El poder político, tanto el de ayer como el de hoy, se desentiende del caso mientras los medios monopólicos comienzan a tejer el velo de olvido con el que pretenden sepultar en la consciencia del pueblo el recuerdo de otro de sus mártires asesinades en épocas pretendidamente democráticas.
Pero ni la justicia burguesa, ni el poder político de turno, ni el periodismo distraidor y desinformador podrán evitar que sostengamos la convicción de que Santiago fue asesinado por solidarizarse con una causa justa. No podrán evitar que asociemos su muerte a la de Agustín Ramírez, muerto en San Francisco Solano allá por 1988; a la de Miguel Bru, muerto en La Plata, allá por 1993; a la de Teresa Rodríguez, muerta en Cutral-Có allá por 1997; a las de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, muertos en Avellaneda allá por 2002; a la de Luciano Arruga, muerto en Lomas del Mirador allá por el 2009 y a la de tantes jóvenes cuyo único delito para merecer la saña de las fuerzas de «seguridad» fue el de oponerse a un sistema injusto que priva a la inmensa mayoría de la población de los elementos esenciales para llevar adelante una vida digna, mientras una ínfima minoría goza de la riqueza producida a través de la explotación de los bienes comunes y el trabajo ajeno.