Escribe para ANCAP: Patricia Pines, docente y referente de Vacantes para Todxs y Educación Pública para Todxs
Denuncian que el Ministerio de Educación durante todo el mes de enero estuvo enviando mails y realizando llamadas extorsivas a cientos de trabajadores que manifestaron su rechazo a registrar la huella digital para la asistencia laboral.
Compulsiva y arbitrariamente el GCBA comenzó a instalar máquinas con cámaras vigilantes en las escuelas para la toma de asistencia laboral. Primeramente, en algunas escuelas piloto y luego registró el sistema para que sea aprobado como «no obligatorio».
Sin embargo, pocas semanas después, a finales del ciclo lectivo en el mes de diciembre emitió una serie de comunicaciones y resoluciones instaurando el sistema de forma masiva en todas las escuelas y de carácter obligatorio bajo amenaza de descuento del adicional salarial, que corresponde al 10% aproximadamente para quienes se negaran a dar sus datos biométricos.
Finalmente se comprobó que quienes no han registrado su huella efectivamente han sido castigados ilegitimamente con este descuento.
En pleno receso anual ordinario, cuando toda la docencia se encuentra de vacaciones los Ministerios de Educación y de Hacienda enviaron mails y realizaron llamadas extorsivas diciendo que si no se registraba la huella se descontaría el adicional salarial de enero, aun cuando no es un mes en el que se tome asistencia en las escuelas dado que es el periodo de licencia anual ordinaria.
Miles de trabajadores enviaron cartas vía administrativa e iniciaron cientos de amparos judiciales, la mayoría con el Dr. Eduardo Barreyro, rechazando el sistema por invasivo e inconstitucional.
Si bien la fiscal Marcela Monti, como ya parece que es costumbre, propuso convertir la causa en colectiva y se manifestó a favor del Gobierno de la Ciudad, como lo hizo también rechazando el pedido de evitar el aumento del precio del boleto del subte, el conjunto de trabajadores defiende su propio derecho.
Con los avances tecnológicos temen porque el registro de datos sensibles en bases de datos es un gran riesgo. En muchos países de Europa se encuentra prohibido exigir obligatoriamente datos biométricos y se exhorta a empresas y gobiernos a evitar su uso si puede ser reemplazado por otro menos invasivo. Mientras tanto, en la Ciudad el gobierno de Jorge Macri avanza a contramano del mundo más desarrollado.
El método de toma de asistencia laboral actual, por medio de un libro de firmas, no implica los grandes gastos que si implica sostener estos instrumentos. Es eficaz y ecológico, no requiere más que de dos o tres libros por año por escuela. Con lo cual las excusas que pone el GCBA no son válidas, una sola gigantografía publicitaria en época de campaña contamina más que el sistema de asistencia de estudiantes, docentes y boletines de calificaciones que también se digitalizaron de todas las escuelas de la Ciudad.
Lo que en realidad buscan instalar no tiene nada que ver con las razones ecológicas que argumentan, sino que son claramente mecanismos de control exacerbados, insoportables. Tratan a estudiantes, familias y trabajadores como si fueran delincuentes que requieren vigilancia y control permanente, cual panóptico carcelario pretenden generar miedo y obediencia y apelan a mecanismos extorsivos, como el descuento de salario, para llevar a cabo su empresa.
Envían mensajes amenazantes a las familias si sus hijos e hijas no van a la escuela, incluso por razones de enfermedad. Obligan a subir certificados médicos, boletines de calificaciones, cargar la asistencia en plataformas digitales de dudosa seguridad. De hecho, ya hubo denuncias porque se filtraron datos sensibles de estudiantes, niñas, niños y adolescentes.
A trabajadores igual, les hacen solicitar justificaciones de inasistencia laboral a través de una plataforma que puede ser manipulada por empresas tercerizadas y que además cuesta millones de pesos mantener.
Contactan a través de cuentas de mail y teléfonos particulares sin autorización y fuera de días y horarios laborales o escolares.
La docencia denuncia que en las escuelas se necesitan aires acondicionados para poder trabajar con las altas temperaturas que el calendario escolar cada vez más extenso exige, pantallas digitales, computadoras en cada aula y para cada familia, libros de literatura, mejorar y acondicionar espacios, pizarrones, mobiliario. Se necesitan parejas pedagógicas, material didáctico, equipos de orientación por escuela para garantizar la inclusión y fundamentalmente mejorar los sueldos que son una miseria y se encuentran, ya no bajo la línea de pobreza, sino rozando la indigencia.
En vez de invertir nuestros recursos en algo de todo lo que las escuelas verdaderamente necesitan, al gobierno de Jorge Macri, con Mercedes Miguel al frente del Ministerio de Educación, no se le ocurre otra idea mejor que malgastar fondos públicos para desarrollar políticas persecutorias contra sus trabajadores.
Solicitamos a la sociedad en su conjunto que apoye y difunda este rechazo.
Menos plata para vigilar y más plata para lo que realmente se necesita en las escuelas.
VACANTES PARA TODXS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS
