Por Juan Alberto Pérez
En el Boletín Oficial el día de hoy salió un resolución que permite la exportación de gas natural a la empresa Pan American Energy hacia la República de Chile. Mientras tanto, en Argentina el precio del gas es una trompada en el estómago de los trabajadores con aumentos que superan el 700% en el gas natural y las garrafas, la única forma que tienen para acceder a este servicio las clases populares, cada día son más caras. Entretanto, el gobierno beneficia a una empresa adicta al poder y muy cuestionada por el uso del fracking como método extractivo y con irregularidades en causas de sobornos, evasión impositiva y mala administración de fondos.
La resolución 86/2018 del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Energía de la nación autorizó a la principal empresa petrolera de la Argentina, Pan American Energy (PAE), la exportación de gas natural a Chile de un millón quinientos mil metros cúbicos por día, por el lapso de un año. Para tener una referencia, un hogar consume cerca de 100 metros cúbicos cada dos meses aproximadamente.
En un contexto en el que el gobierno nacional pide un consumo responsable de energía a sus ciudadanos, en dónde las boletas de gas aumentaron exponecialmente, las garrafas se hacen impagables, Mauricio Macri delega la posibilidad de realizar un negocio millonario a una empresa de las más beneficiadas históricamente por el poder.
En Argentino un jubilado que cobra el salario mínimo, hablamos de cerca de $8700, ha sufrido en un año un aumento de más del 700% de la boleta de gas. En marzo de 2017 se pagaba $1,02 el m3 de gas. Hoy ese valor ascendió a $7,49. Respresenta un aumento de 734%. Por supuesto, el aumento salarial de un jubilado en este lapso ni por asomo tuvo ese crecimiento. Por otro lado, las clases populares que no pueden acceder a la red de gas natural apelan a la utilización de las famosas garrafas. Estas, que son un recurso muy sensible para cocinar y calefaccionar a los pobres, también han sido aumentadas constantemente. Por poner sólo un caso, en el norte del país, donde se encuentran las situaciones de pobreza extrema más importantes, el día de hoy el precio de una garrafa de 10 kg ronda los $350. Esto responde a un último aumento registrado este mes en medio de un clima de desabastecimiento en Tucumán, Salta y Santiago del Estero, donde la principal proveedora de gas exigía una aumento al canon por tonelada de 150 dólares, que es trasladado al consumidor. Mientras esto sucede, el gobierno da vía libre para que los grandes empresarios hagan negocio con la exportación de gas.
LOS BULGHERONI, SOCIOS DEL PODER
PAE es una empresa compuesta por capitales extranjeros y nacionales, por un lado conviven capitales chinos, británicos (a partir de la British Petroleum), y la empresa Brida de la familia Bulgheroni. Es la mayor empresa petrolera privada, gestiona el mayor yacimiento petrolifero del país, el Cerro Dragón, y es responsable de una cuarta parte de la extracción de gas no convencional. Está denunciada por el uso de fracking como método de explotación de las cuencas de gas. Esto es la fracturación a través del uso del agua con elementos químicos, lo cual provoca una fuerte contaminación ambiental para las comunidades aledañas a las cuencas.
La familia Bulgheroni que figura como principal accionista de PAE, es la dueña de Bridas, una empresa constituida en Rufino a partir de una tienda de ramos generales, que luego se dedicó a la fabricación de elementos para unir las tuberías de los gasoductos. Sin embargo, con el paso del tiempo se diversificó su actividad y creció patrimonialmente desde su cercanía con el poder político. Carlos Bulgheroni fue quién encabezó le empresa hasta 2016 cuando murió. A ese día su patrimonio ascendía a 4800 millones de dólares. Los Bulgheroni fueron beneficiados durante el gobierno de Onganía con la cesión de la explotación de Cerro Dragón, con el aumento en el precio del petróleo aún por encima de precio internacional y la explotación de cuencas petroléras que pertenecía a YPF. Durante la dictadura del ´76 se beneficiaron con la privatización periferica de YPF, mediante la cual se cedían unas 33 áreas que había desarrollado la empresa estatal, y luego lo extraído era vendido nuevamente a YPF. Asimismo, fue beneficiado el grupo Bridas con la estatización de la deuda de la empresa por un número cercano a los 400 millones de dólares, que pasó a formar parte de la deuda externa que dejó la dictadura militar al gobierno democrático.
Los Bulgheroni apoyaron económicamente la campaña de Alfonsín y se beneficiaron con los contratos petroléros de YPF. Entre los principales lobbystas de la empresa con el radicalismo figuran los apellidos Storani y Nosiglia. Luego, con el menemismo quebraron el Banco del Interior y Buenos Aires (BIBA) con denuncias de defraudación por administración fraudulenta y desbaratamiento de los derechos acordados. Durante el kirchnerismo fueron demandados por 500 millones de dólares por impuestos impagos, abuso de beneficios del régimen de promoción industrial y préstamos no cancelados con el ex Banade y el Banco Central. Sin embargo, aunque deberían haber sido condenados con dureza, finalmente el gobierno terminó cediédndole una prórroga anticipada hasta por 40 años del contrato de concesión del yacimiento Cerro Dragón. Esta recibió denuncias de pagos de coimas ante la Securities and Exchange Comissionn de los EE.UU. (SEC), y la justicia argentina. La investigación quedó trunca por el suicidio del ex gerente financiero de los Bulgheroni.
Durante el macrismo, la política volvió a beneficiar a los Bulgheroni, ratificando el subsidio a la exportación de petróleo que había remarcado Cristina Fernandez de Kirchner. Además, se elevó el precio al barril lo que permitió a la empresa una ganancia de 3500 millones de dólares o 122500 millones de pesos a costa de los recursos nacionales, mucho más que los 1000 millones que acusa el gobierno de mal gastar en Aerolíneas Argentinas.
Ahora, Pan American Energy se hará con un negocio millonario en la exportación de gas a Chile con recursos expropiados directamente del suelo argentino. Mientras tanto un argentino o argentina tiene que penar para poder conseguir utilizar un servicio que se volvió todo un lujo por las políticas de aumento del gobierno de Cambiemos.
