Por Juan Alberto Pérez
El país se encuentra consternado por los crímenes de las oficiales Tamara Ramírez y Lourdes Espínola. Se llenan horas de tv, páginas de diarios y espacios de radio y sitios web con comunicadores hablando de los casos, invocando especialistas de dudosas procedencias y encendiendo una maquinaria discursiva que tiene un fin muy claro, la reanimación del discurso de mano dura. Sin ir más lejos, el matutino ultra conservador La Nación público una estadística que habla del incremento de efectivos de la Policía Bonaerense como víctimas de crímenes. Si bien cualquier vida que se pierde por la violencia social es un fracaso de la sociedad, el tratamiento mediático y el discurso para influenciar en la opinión pública es disímiles dependiendo de quién es la víctima. Así es que las cifras de víctimas del aparato represivo del estado tienen menos importancia o noticiabilidad y rara vez sean nota de tapa de algún matutino de gran tirada o tema a tratar por emisiones televisivas o radiales casi en cadena nacional.
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A partir de estos tristes hechos en los que dos jóvenes efectivos policiales perdieron su vida en cumplimiento del deber, se intenta utilizar los casos para influenciar e instalar la necesidad de mayor cantidad de policías en las calles, mayores libertades para el accionar de las fuerzas e imponer la doctrina de la mano dura. Esto no es azaroso en el marco del intento del gobierno argentino de utilizar a las fuerzas armadas para la participación en seguridad interior. Pero como ya ha quedado en evidencia más cantidad de uniformados no resuelve la situación, muy por el contrario, son las fuerzas de seguridad las que han perpetrado un sinfín de acciones que violan derechos humanos desde el regreso de la democracia hasta nuestros días.
A la cifra que hoy recolecta La Nación, que habla de 27 oficiales muertos en cumplimiento de su deber desde enero de 2016 hasta la fecha y 9 víctimas en lo que va de 2018, podemos contrastarla con la que recogió en el informe del año pasado la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) que evidenció que al menos en los dos primeros años del gobierno de Cambiemos el aparato represivo del Estado se llevó puesto una persona por día. En sus primeros 722 días se registraron 725 víctimas de todas las fuerzas que dependen del Estado, tales como Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, de la Ciudad y provinciales, Servicio Penitenciario, Fuerzas Armadas y todo tipo de elementos de seguridad. Sólo en 2016 hubo 441 casos, lo que significó una cifra récord desde el regreso de la democracia a esta parte.
Entre las causas de los crímenes perpetrados por el aparato represivo del estado se encuentran casos de gatillo fácil, represión social o muertos en contexto de detención. El 44% de las muertes por el aparato represivo desde 1983 a la fecha son víctimas de gatillo fácil y son menores de 25 años. Los responsables de estos crímenes son en un 55% las policías provinciales de todo el país, entre las que se encuentra la Bonaerense con todo su historial delictivo. Y llamativamente, el 45% de los casos son en la provincia de Buenos Aires. Registrados desde el ’83 hay 2550 casos.
De todos modos la policía creada por Mauricio Macri tampoco se queda atrás. La Metropolitana fue la fuerza creada por Macri en su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2008. Durante sus 8 años de existencia registró 20 asesinatos. Ya en 2016 y en el cargo de Presidente de la nación, Macri decidió fusionar a la Metropolitana con parte de la Federal y así crear la Policía de la Ciudad. Una fuerza que cuenta con el monstruoso número de veintisiete mil efectivos. A razón de un efectivos cada 107 habitantes. Esto sumado a directivas impartidas de tierra libre hizo que la Policía de la Ciudad sume a su friolera la suma de 2 víctimas por mes desde su creación. Así es que la gestión de Mauricio Macri puede colgarse la medalla de que en sus dos primeros años de gestión ha aportado el 13% de las víctimas del aparato represivo del estado desde que volvió la democracia. La lista la sigue encabezando los 12 años de kirchnerismo con el 58% de los casos registrados.
Todo esto nos permite leer en perspectiva que hay una inclinación a poner en mayor énfasis cuando los uniformados son las víctimas que cuando son victimarios. Y a las víctimas de las fuerzas de seguridad siempre se les está buscado en el resquicio para lavar las culpas de dichas fuerzas. Sin ir más lejos miremos los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel o Facundo Ferreyra.
Hay que dejarlo en claro, cuando muere una persona, como sucedió con Lourdes Espíndola y Tamara Ramírez, también es responsable el estado. Ya que a sus efectivos no les da las condiciones adecuada para ejercer su tarea. No hay sueldos acordes, deben trabajar gran cantidad de horas y en pésimas condiciones. Lo manifestó claramente el esposo de la primera quién además es Policía “De sueldo cobrábamos cero pesos. Vivíamos con el adicional”. Esto convierte al Estado en una máquina de matar.
