A partir de lo sucedido en las políticas que encara el gobierno del PRO las manifestaciones sociales no cesan. Y la fórmula elegida para acallar las voces que se alzan es reprimir. Por Juan Alberto Perez.
La postal de las calles argentinas desde hace ocho meses para sacado de un retrato antiguo de una “República perdida” allá por los últimos años del siglo XX y los primeros del nuevo siglo. Los cortes de los accesos, el humo producto de la quema de gomas y las banderas de los trabajadores desocupados o sub ocupados, que se movilizan para reclamar que no se siga castigando a las clases populares con tarifazos indiscriminados, recortes presupuestarios en programas sociales y despidos.
Así es qué integrantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) “Aníbal Veron” atendieron el llamado a la acción y cortaron la autopista que une la ciudad de Buenos Aires con La Plata en el kilómetro 9. Este mediodía, las banderas con los colores patrios que identificaban la organización además pedían por puestos de trabajo y aumento en el pago de programas sociales. 
Como siempre sucede en estas circunstancias, cuando se realiza una manifestación de este calibre los cortes producen los obvios caos vehiculares. Son consecuencias que se deben pagar para visibilizar una problemática social que se presenta cada vez más acuciantes para los sectores de menores ingresos de la sociedad. Sin embargo, la crispación social es creciente y los conflictos con los transeúntes no se demoran en aparecer. Y así es qué, entre intercambio de insultos, se empieza a gestar un discurso favorable para la aparición de las fuerzas de seguridad que pretenden mediante la maldita represión, disipar a los manifestantes. Esto es lo que sucedió esta mañana. La Gendarmería Nacional, que responde directamente a la ministra Patricia Bullrich, atacó con todo su poderío a la muchedumbre. Se utilizaron carros hidrantes, balas de gomas y hasta los perros de la fuerza intentando desalojar el acceso.
En definitiva es un accionar que de a poco se va haciendo más común desde que asumió CAMBIEMOS, que pretende criminalizar la protesta social y reprimir al pueblo. Ya viene sucediendo desde el conflicto en CRESTA ROJA, con los estatales de la Provincia, hasta se atrevieron a reprimir a jubilados la semana pasada en el Puente Pueyrredón, así que ya se hace una costumbre las formas heredadas de la ley antiterrorista que armó el kirchnerismo y reforzado por el protocolo antipiquetes del PRO.
Asimismo, merece un párrafo aparte la cobertura mediática de estos casos. Como suele suceder se cubre el accionar de las fuerzas de seguridad al mando del gobierno. Se desvía la atención para no debatir sobre los verdaderos motivos de las movilizaciones o la realidad de lo que vive la gente en las calles. Se dibuja con títulos ambiguos para dar carga negativa a las manifestaciones sociales y cubrir a un gobierno que está aplicando políticas que tienden a favorecer a los grupos económicos concentrados en detrimento de las clases populares cada vez más hambreados y sin trabajo.
Fuente imagenes: ANRED