CAMBIEMOS Y LA TEORÍA DE CRIMINALIZAR AL EXTRANJERO

Un nuevo fantasma se presenta en la realidad social argentina por estos días. Un fantasma con un hedor muy pesado que puede llevarnos a límites de los que sería muy difícil retornar. Se trata de una avanzada sobre los inmigrantes en nuestro país y la criminalización de las identidades a partir de un nuevo decreto para el “control” de los extranjeros en el país. Esto viene aparejado con un creciente discurso xenofóbico, de discriminación racial y odio a las culturas diferentes. Por Juan Alberto Perez.

Se conoció que el gobierno liderado por Mauricio Macri pretende hacer valer por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) una medida para el control y la expulsión de migrantes. Dicho decreto que es revelado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión. Al tiempo que pretende establecer que para el acceso a la nacionalidad argentina un juez federal debe intervenir para certificar si es “legal” la residencia del inmigrante en estas tierras durante dos años.

Ahora bien, este hecho no se da en un contexto aislado. Es bien sabido que en Argentina siempre se ha intentado establecer en el inconsciente colectivo el hecho de que los inmigrantes son la cuna de todos los males de la sociedad. Se pretende demostrar que los hospitales y las escuelas están atestados de personas de otras nacionalidades que llegan a utilizar nuestros servicios públicos, o a trabajar por menos salario que un argentino. El mismo Mauricio Macri declaró en 2010, cuando todavía era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que “Pareciera que la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los países limítrofes, y eso es imposible. Todos los días llegan entre 100 y 200 personas nuevas a la ciudad, que no sabemos quiénes son, de la mano del narcotráfico y la delincuencia” agregando además un condimento peor que es el delito en manos del extranjero. Por eso no resulta extraño esta avanzada de un gobierno que culpa de su mala gestión en otros lados que no sean sus propias casas.

Pero este discurso está tan instalado y establecido que no importa la fuerza política que sea, el discurso siempre está. Sino como explicar lo que expresó hace unos meses el senador nacional del Partido Justicialista, Miguel Ángel Pichetto: “El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, y ajuste delictivo de Perú” y agregó “Hablando con un médico del Hospital Rivadavia me dijo que todo el mes de noviembre estaba ocupado por ciudadanos que vienen del Paraguay a operarse e intervenirse en distinto tipos de operaciones y no hay ningún tipo de reciprocidad”. Obviamente que los datos vertidos por el Senador fueron rápidamente desestimados. Por ejemplo, según datos que recabó el sitio web chequeado.com, en el Ministerio de Salud de CABA, en 2012 (que fue el último año publicado) la cantidad de personas residentes en otro país que fueron internadas representaron menos del 0,1% del total de las internaciones (se trató de 72 casos). Y extranjeros residentes en el país la cifra es del 4% de la población hospitalaria. Sin embargo, el mensaje ya está impregnado en las conciencias y con estas palabras legitimado por un funcionario público.

Entre otras cosas, los últimos días se viralizó una imagen acerca de un sello que pondrían en migraciones en Bolivia, que impediría al turista quedarse a estudiar o trabajar. Al tiempo que en Argentina en las redes sociales se comenzó una campaña de desprestigio a los extranjeros que acuden al país justificándose en “que boludos somos acá que ellos vienen y usan nuestras escuelas y nuestros puestos de trabajo y allá no te dejan entrar”. Como es de pensamiento lógico esto empezó a generar un caldo de cultivo para instalar en la opinión pública un tema que en la agenda del gobierno ya está desde hace mucho tiempo: la inmigración. Sin embargo, desde un comunicado vertido por el Estado Plurinacional de Bolivia se niega rotundamente la existencia y vigencia del sello que prohíbe trabajar o estudiar en aquél país. Y afirma que Bolivia y su estado dan todas las garantías para que los extranjeros puedan desarrollar todas las libertades que dispongan conforme la ley.

Volviendo al decreto que intenta dar curso el gobierno de Cambiemos, desde el CELS muestran una profunda preocupación al respecto en tanto que vuelve a instalar un criterio que asentó la última dictadura cíco-militar respecto de los extranjeros en Argentina. Al tiempo que estiman en la organización de ddhh que “es una regresión para los derechos de las personas migrantes. Su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley. La personas migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad: trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal”.