INFILTRADOS

Por Federico Paterno

En el año 2000 se logró la desclasificación de los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Provincial de Buenos Aires (DIPPBA). En estos legajos se hallaron documentos donde aparecen en forma detallada los movimientos que realizaban los integrantes de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, entre tantos. Los archivos constan inclusive de mapas que indican el árbol familiar de cada militante, como fue el caso de Agustín Ramírez: militante social de las Comunidades eclesiales de Base de San Francisco Solano, asesinado por la Policía Bonaerense en junio de 1988. La Información de estos materiales se encuentra bajo el cuidado de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). En Octubre del año 2003 la información que contenían estos miles de legajos, fue abierta al público. Lo que favoreció el avance en causas judiciales.

La DIPPBA fue creada en agosto de 1956 y se disolvió  bajo la resolución Nº 9 del día 30 de abril de 1998, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, León Arslanián, siendo cerrado su archivo de documentación. En esta área se realizaba tarea de inteligencia en donde se destacaba la infiltración de agentes en diversas organizaciones sociales, con la intención de rastrear el entramado de cada una de ellas, sus integrantes, junto  a su ideología y sus relaciones sociales y familiares.  Las fichas que contiene la CPM constan de cuatro millones de fojas.

Los agentes encubiertos que trabajaban en la DIPPBA, podían ir desde una asamblea estudiantil, hasta infiltrarse en una toma de tierras y poder obtener la información necesaria para luego comunicarla a la policía de la provincia.

En el año 2003 los archivos de la DIPPBA se abren al público. La tarea de inteligencia que llevó adelante esta organización, es de vital relevancia para poder identificar con mayor exactitud las ausencias de datos en casos de lesa humanidad o gatillo fácil. Hechos que sucedieron durante la dictadura, como así también en democracia.

El escenario en el cual aparece la DIPPBA en escena es en el año 1956, por orden de la llamada “Revolución Libertadora”; con el objetivo de aquel entonces de proscribir al peronismo, y la infiltración en organizaciones de diversos ámbitos.  Este archivo, es el único que permite poder armar una reconstrucción sobre el espionaje y las diversas metodologías de infiltración de las fuerzas de seguridad, antes, durante y después de la dictadura militar. No obstante, es una herramienta de análisis, para poder pensar los modos en que los servicios de inteligencia crearon un mapa de quienes estuvieron comprometidos con actividades sociales y políticas. Sus modos de intervención y su anclaje personalizado en una etapa siniestra de nuestro país, funcionando como fuente de información para los genocidas.

AGUSTIN

En la Comisión de Familiares y Amigos de Agustín Ramirez, y en varios de sus compañeros de militancia de aquella época,  causó un fuerte impacto enterarse, por parte de los archivos de esta Dirección de Inteligencia, que este joven de las comunidades eclesiales de base había sido perseguido por parte de la Policía de la Provincia, hasta asesinarlo el 5 de junio de 1988.

ANCAP estuvo en la CPM y dialogó con Sandra Raggio, Directora General de la Comisión Provincial por la Memoria (Pcia. de Buenos Aires), quién en relación al material que hay en la CPM explicó: “Lo de Agustín Ramírez fue una solicitud concreta que vino antes del juicio ético (2014). Con la idea de ver qué posibilidades había de reapertura de la causa, y para eso, se tiene que hacer una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora el proceso en la Argentina está cerrado, se supone que se encontró un culpable, y que hubo una condena. Hicimos la búsqueda en el archivo y encontramos mucho material vinculado con Agustín, que es en parte del material documental de la DIPPBA, de distintos procesos sociales y políticos post dictadura. Uno de los focos que la DIPPBA pone la mirada, en lo que es las toma de tierras y las causas de gatillo fácil junto a las denuncias policiales. Eso, ellos lo miraban bastante. A partir del caso Agustín Ramírez empezamos a mirar esto, junto con la masacre de Budge o el caso de Héctor Núñez”.

En los legajos de la DIPPBA la CPM detectó una clara persecución a Ramírez e incluso el seguimiento a los familiares y amigos de Agustín a posteriori de su muerte. Observaban lo que hacían, con quienes se juntaban, etc. Lo que estos archivos muestran es que Agustín, a partir de radicar una denuncia el 24 de mayo de 1988, en una comisaría de Rafael Calzada, tras la represión que habían sufrido los vecinos en una de las tomas de tierras. Esta denuncia que realiza provoca aún más su seguimiento y culmina el 5 de junio con su asesinato. La DIPPBA llevó una inteligencia pormenorizada de las tomas de tierras en el conurbano. Agustín “Capi” Ramírez, ya venía teniendo una tarea de trabajo barrial y de gran compromiso con los más humildes. Desde los fogones (encuentro con los jóvenes en cada esquina de las barriadas), con el objetivo que cada pibe de los asentamientos se puede sentir parte, por ejemplo de Latinoamérica Gaucha, el periódico barrial que Agustín dirigió; hasta la organización interna de una toma de tierras, para que los que menos tienen tengan un pedazo de tierra para vivir.

Uno de los legajos indica “Este militante de izquierda fue abatido el 05-06-88 por la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Sumado a esto varios recortes periodísticos de la época que hacían un seguimiento detallado de cómo se sucedía la causa de Ramírez una vez asesinado.

Es importante destacar que la DIPPBA no se dedicó a perseguir a Agustín Ramírez solamente, sino que su trabajo fue minucioso en las organizaciones que estaban activamente en el tema de las tomas de tierras, en los movimientos eclesiales de base; y el trabajo colectivo que se produce como resultado de cada toma, a través de los delegados de los asentamientos y cada una de las comisiones, ese era el lugar donde ellos lograban infiltrarse.

En relación a poder elevar a la CIDH la causa de Agustín Ramírez, Raggio aclaró “Es una instancia de apelación,  cuando vos tenés sentencia firme o no hubo investigación por falta de acceso a la justicia, podés recurrir a otras instancias. El caso de Agustín ya pasó todos los tribunales, no se puede apelar el fallo de la sentencia porque ya está juzgado. Lo único que queda es ir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que haga un pedido al estado argentino y que se abra un nuevo juicio. Como recomendación no quiere decir que vaya a pasar eso.”

El nivel que había de detalle de cada reunión era muy minucioso, lo que hacía pensar a las claras que en cada encuentro había algún agente infiltrado. Las marchas eran de una “cobertura” primordial por parte de la DIPPBA. Obtenían información y lograban la información requerida.  El efecto de persecución y seguimiento a familiares y amigos de las víctimas se asemeja al mismo modus operandi de la dictadura cívico militar.

En el 1995 la DIPPBA dice que Agustín fue abatido por la policía.

Otro dato que nos ofrece Sandra Raggio, en relación al juicio ético por la verdad, realizado en el año 2014 por familiares y compañeros de militancia de Agustín, destaca “Estuvimos analizando lo que pasó y pudimos ver como la DIPPBA había mostrado que Agustín sufrió una persecución, y por lo tanto la dirección de inteligencia lo tenía como objetivo. Por ende, tanto la tesis de la muerte por una pelea personal, desvinculándolo de la actividad política y social, no era tal. Eso es lo que claramente descubre la documentación de la DIPPBA”.

 LA DIPPBA

El trabajo que la DIPPBA tenía era el espionaje. Ellos acumulaban la información y luego realizaban seguimientos particulares. Lo más destacable es poder analizar cómo esta Dirección de inteligencia hacia su trabajo en democracia. La militancia juvenil era vista como un problema.

También posó su mirada sobre la llamada “infiltración comunista” en los partidos políticos. Mayoritariamente dentro del peronismo. Los más de 4 millones de folios que se encuentran guardados hoy por la CPM llevan en sus líneas frases como “enemigo interno” y “delincuente subversivo/terrorista”.

Su archivo completo consta de 750 cassettes VHS, con filmaciones propias. Sumado a 160 cassettes de audio con grabaciones de eventos.

Sus ficheros eran temáticos, por ejemplo: la Mesa A tenía la información recaudada de aquellos que estaban en el tema comunal, estudiantil, político y de prensa. En la Mesa B se hallaba los que involucraba a lo económico, gremial y laboral. La Mesa DS era la que acumulaba los datos de inteligencia referidos a  “sabotaje”, “daño bélico”, “actividad subversiva”, y “actividad panfletaria”.

Los documentos más repetidos dentro de las fojas de la DIPPBA son: afiches, prensa obrera, Habeas Corpus, causas judiciales fotografías, prontuarios, y solicitudes de paradero.

MAS CASOS

Otro caso resonante donde estuvo la DIPPBA realizando inteligencia fue el de Miguel Bru, estudiante de periodismo desparecido en 1993. Recibió un seguimiento la madre, Rosa Bru y familiares y amigos del estudiante de periodismo. La lucha sindical docente no estaba ajena al ojo infiltrado de la DIPPBA, la marcha federal docente de la década del 90 forma parte de estos legajos, con detalles minuciosos de sus protagonistas.

La CPM recibió más de 10 mil ciudadanos que pudieron revisar sus legajos, a partir de su apertura.

“El postulado parte de la base de saber quién es quién, es decir, tener registrado a los buenos, para saber quiénes son cuando dejan de serlo”, esta frase es tomada de los propios archivos de la DIPPBA.

Estos archivos fueron de gran ayuda por ejemplo para poder sostener con pruebas claras las mentiras de la defensa del genocida Santiago Omar Riveros, en la causa de “Campo de mayo”.

El caso de la “La Masacre de Budge”, ocurrido el 8 de mayo de 1987, es otro de los que se encuentran bajo el resguardo de la CPM en las 300 fojas que la dirección de inteligencia contabilizó.  Su carátula se presenta como “Homicidio en riña”, el asesinato de tres jóvenes de la localidad de Lomas de Zamora fue conocido como el primer caso de gatillo fácil que ocurría desde el regreso a la democracia.

Las preguntas que surgen de este espionaje de la policía de la provincia son varias. ¿Quiénes eran los más perseguidos? ¿Qué manejo hay de la información que se obtuvo a lo largo de tantos años? ¿A qué responde la persecución por parte de la DIPPBA una vez vuelta la democracia?

Cabe destacar que el seguimiento no era solo destinado a los militantes sociales o políticos, sino también a los testigos de aquellas causas que podían generar una sentencia o peligrosidad al personal policial que estaba siendo juzgado.

AREAS DE TRABAJO DE LOS ARCHIVOS

El área de justicia de la CPM tiene como principal labor que los archivos de la DIPPBA sean de ayuda para poder aportar en las causas de los juicios por lesa humanidad y por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar.

El área de Pedidos de Información sobre personas, en este caso los archivos son revisados según la demanda de aquellos que soliciten algún tipo de información particular. Sobre todo en los casos de personas desparecidas o fallecidas.

El área de Investigadores, en este área las consultas son mayoritariamente de periodistas, maestros y profesores, ciudadanos con el interés de investigar los relevamientos policiales vinculados al ámbito de militancia política, social o estudiantil.