Por Juan Alberto Pérez
Luego de peregrinar por el Senado de la Nación, donde se le dio media sanción, la ley de emergencia territorial comienza el raid administrativo por la cámara de Diputados con la búsqueda de la otra media sanción que establezca definitivamente el bloqueo a los desalojos de las comunidades originarias.
El 27 de septiembre el Senado nacional aprobó por unanimidad la prórroga por cuatro años a la Ley 26.160, que evita desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas. Pero para llegar a esa aprobación hubo anteriormente un raid burocrático, ya que no se quiso tratar en la cámara el 21 de septiembre, e incluso el oficialismo pretendía hacer modificaciones sustanciales a la norma, que iban en detrimento de los derechos de las comunidades. Sin embargo, se logró la aprobación que extiende una vez más la imposibilidad de ser desalojadas, tal como se viene realizando desde 2006.
La ley 26.160 habla de “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, este tema viene cobrando notoriedad en la agenda pública por todo lo acontecido en el caso Maldonado, y en las circunstancias en que se dio su desaparición forzada. Sin embargo, las comunidades originarias tienen una larga historia de despojos de sus territorios ancestrales a fuerza de sangrientas represiones y genocidios. Por tal motivo la existencia de una norma que por lo pronto ponga un límite al avance de las fuerzas latifundistas y colonialistas cobra una gran importancia. No obstante, la tarea pendiente, y por lo que pelean diversas organizaciones de pueblos originarios, es por una norma que vaya más adelante en el conflicto y que le reconozca definitivamente la titularidad de los territorios en que están emplazadas ancestralmente las comunidades, como así también, la ayuda del estado para mejorar las condiciones de vida de dichas comunidades, lo que sería fundamental para la preservación cultural de los pueblos que habitan la nación Argentina incluso antes de su creación.
Desde este martes 10 de octubre la ley de emergencia territorial pasará por las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en un plenario donde se debatirá la prórroga de la misma, para luego pasar por el recinto y que se de l votación que busca lograr la otra media sanción necesaria. Cabe aclarar que dicha ley suspende los desalojos hasta tanto se termine el relevamiento catastral que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el cual hasta el momento sólo a sido realizado en un 30%. Asimismo, el tiempo apremia la aprobación de la norma que vence el 23 de noviembre de 2017.
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