EL GOBIERNO ARREMETE CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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Por Juan Alberto Pérez

Las instituciones que se encargan de la atención de las personas con discapacidad realizaron una suspensión total de actividades y se han movilizado esta mañana a la puerta del Congreso nacional para denunciar la crítica situación que están viviendo. Escuelas especiales, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión escolar y residencias nucleados en el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las personas con discapacidad acusan al gobierno nacional de generar un vaciamiento de los servicios que prestan. Además, remarcaron la imposibilidad que tienen de poder comunicarse con los responsables de la Agencia Nacional de Discapacidad, que dirige Santiago Igarzábal, y que depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional.

El Estado, a través del programa INCLUIR SALUD, debe brindar el acceso al sistema de salud a las personas titulares de pensiones no contributivas, entre otras, las personas con discapacidad. Sin embargo, se registran atrasos en los pagos por los servicios que comprende este programa, por lo cuál corre serio riesgo la continuidad de la atención de los pacientes. Desde Foro denuncian que no se han cumplido ninguna de las promesas de pago, inclusive una asumida publicamente por la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.

Hay profesionales y trabajadores del área a los que se le adeudan hasta seis meses, e inclusive se les debe un %20 de los meses de agosto, septiembre y octubre del año pasado. Esto hace inviable la posibilidad de que se siga brindando servicios a las personas con discapacidad, ya que la falta de fondos impide el pago de salarios, aportes a los trabajadores o insumos para la tarea cotidiana, como el combustible de los transportes. Además de esta compleja situación, y de la falta de respuestas de los funcionarios, tampoco se realizaron aumentos arancelarios para aparejar la inflación galopante que vive la Argentina, ya que se aduce la falta de presupuesto para el programa.

El Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad fue creado con el fin de fijar criterios, alcances y estándares de calidad de los servicios de atención para las personas con discapacidad, y además, fijar los criterios para la evaluación y categorización de los recursos institucionales necesarios para la atención de los beneficiarios del Sistema. Esto depende de la órbita de la Agencia Nacional de la Discapacidad, que es el órgano creado por el gobierno de Mauricio Macri en septiembre de 2017, cuando fusionó las competencias de la Comisión Nacional Asesora Para la Integración de las personas con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. El fundamento para disolver la anterior estructura era, supuestamente, “centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad y propiciar un conjunto de políticas públicas tendientes a la plena inclusión”. Pero la verdadera razón de la creación de la agencia fue borrar con el codo lo que hiceron con la mano, ya que en septiembre de 2017, la ministra de desarrollo social, Carolina Stanley, dió de baja a más de cien mil pensiones no contributivas para personas con discapacidad, continuando con el plan de ajuste que el gobierno de Cambiemos viene desarrollando desde su hora cero. Pero ante el repudio generalizado, y con la paradoja de que cuentan con dos personas con discapacidad entre las figuras del gobierno, hablamos de la vicepresidenta, Michetti, y el ministro de trabajo, Jorge Triaca; tuvieron que dar marcha atrás con la medida tras un pedido judicial, aunque sólo se reestablecieron treinta mil de las pensiones dadas de baja.

Así es que se reformuló la estructura, pero ahora bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, dependiento directamente de Michetti, quién nombró este mes como director de la agencia al primo hermano de Emilio Basavilbaso, actual director de ANSES; hablamos de Santiago Luis Ibarzábal Murphy, quién otrora fuera funcionario de la ANSES de su primo, y antes del 10 de diciembre de 2015 estaba a cargo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.

La situación de la Agencia Nacional de la Discapacidad es crítica debido a que se ha realizado un vaciamiento de fondos y un desguace, según cuentan los trabajadores de la misma. Según ATE corren riesgo de cierre 75 dependencias en todo el país, con el consiguiente traslado a la órbita del ANSES de sus trabajadores.

En este contexto se desarrolló la movilización para visibilizar el riesgo que corren de perder las contenciones y atenciones tan necesarias para sus vidas las personas con discapacidad. Quienes además esperan, una vez más, poder hacerles llegar el llamado de emergencia a la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y al gobierno en su conjunto.

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Imágenes y video: Facebook Caidis

 

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