DESACTIVAR EL TERROR

Por Laura Godoy para ANCAP 

Entro al portal web de Abuelas de Plaza de Mayo y la busco. María Eva Duarte, o su foto en blanco y negro, el día de su casamiento. Aparece sonriendo. Abajo la foto de Samuel Alberto Aranda, su marido, desaparecido el mismo día que ella. A la izquierda un recuadro en blanco dice que ahí no está la foto de un niño que debió nacer entre abril y mayo de 1978.

 

Los resabios de la última dictadura militar cívica y eclesiástica también aparecen, a veces difusos y otros con más definición. En costumbres y prácticas, en las leyes. El terrorismo de Estado se hizo carne en el establecimiento del capitalismo financiero, cada vez más destructor y detractor de las libertades populares y de los derechos humanos.

También los sitios donde se ejecutaban las prácticas de secuestro, tortura y exterminio son parte de esa marca, de esa huella que somos incapaces de ignorar. Los Centros Clandestinos de Detención (CCD), edificios conservados o destruidos (por el tiempo o como eliminación de la evidencia), conviven con las generaciones nacidas en democracia. Brotan, de repente, en el medio de la topografía de un barrio, de una ciudad.

Es el caso de la guarnición militar de Campo de Mayo, que ocupa un predio de 5000 hectáreas en el noroeste del Conurbano Bonaerense, entre las rutas 8, 23 y 201. Desde marzo del ‘76 funcionó como uno de los CCD más importantes, más enorme en dimensiones, más efectivo en capacidad represiva. La estadística sentencia que el bajo índice de supervivencia a Campo de Mayo es proporcional a la cantidad de información que se pudo reconstruir sobre su funcionamiento y sobre la identificación de las personas que estuvieron secuestradas allí.

De lo que se sabe,

1) Funcionaron allí espacios específicos, considerados en sí mismos CCDTyE: “El Campito”, la Cárcel de Encausados, “La Casita” y el Hospital Militar.

2) En este último, más precisamente en el área de Epidemiología, las autoridades militares pusieron en funcionamiento una “maternidad” clandestina como parte del Plan Sistemático de robo y apropiación de bebés.

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A los 19 años, Mary se casó con Alberto. En el ‘75 nació Lorena y en el ‘77 Alejandro. Hacia septiembre de ese mismo año, se encontraba esperando a su tercer hijo. Se lo había dicho sólo a su mamá y a su cuñada, Mabel.

En los últimos tiempos, las mudanzas de la pequeña familia habían sido recurrentes. Se habían ido del barrio que vio crecer a ambos, el barrio Iparraguirre. Su último domicilio fue una casa alquilada en Los Polvorines. Ningún integrante de su familia conocía la ubicación de la nueva casa como parte de las medidas de seguridad que involucraba su militancia en la organización Montoneros.

Alberto era delegado en una fábrica metalúrgica de la zona de Carapachay, allí lo secuestraron el 9 de septiembre de 1977. Lorena, su hija mayor, me habla de todas las cosas que sabe y que desconoce de su madre y de su padre. Entre las que conoce, que a su madre le gustaba bailar. Entre las que desconoce está el nombre de esa fábrica. Nueve años tenía cuando le contaron, luego de mucha insistencia, quiénes eran sus padres y qué había pasado con ellos.

“Cuando fueron a buscarla a ella, mi papá estaba en un auto afuera, lo tenían en el asiento de atrás en un Falcon. Se la llevaron a ella y nos dejaron a nosotros dos en la casa de una vecina, con un papelito que tenía la dirección de mis abuelos paternos”, relata Lorena.

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En 2018, Margaret Atwood, autora del éxito editorial y televisivo “El cuento de la criada”, reconoció que se había inspirado en la historia reciente argentina cuando construyó literariamente a Gilead, una sociedad distópica en donde las personas con capacidad de gestar cumplían el rol de “criadas” en las familias de mayor jerarquía. Su función consistía en proveer de hijos a la familia: embarazarse, gestar, parir y luego evitar el contacto con la cría. Esta lógica de funcionamiento tiene, en el discurso de la ficción, legitimidad. Nos permite avanzar y devanar la trama.

En la Argentina del ‘76, en los campos de concentración a lo largo de todo el territorio nacional, la apropiación de bebés también fue un pilar. Fue parte decisiva en la lógica de funcionamiento del andamiaje represivo y quedó comprobado en los sucesivos informes y posteriores juicios, que se trató de un Plan Sistemático. Pero, desafiando a la ficción, la vida de las mujeres que llegaban al CCDTyE embarazadas, sólo se extendía hasta unos días posteriores al momento del parto.

Campo de Mayo y, por lo tanto, las decisiones referidas al tratamiento de las detenidas ilegalmente que se encontraban transitando un embarazo, estaban bajo la jurisdicción y control operacional del Comando de Institutos Militares. Su existencia quedó confirmada incluso antes del Informe de la CONADEP. El 12 de junio de 1979, Juan Carlos “Cacho” Scarpati declaraba ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en Madrid, como sobreviviente de Campo de Mayo. Su declaración incluyó un informe y cartografía realizada por él. En esas páginas describe pormenorizadamente la ubicación de la guarnición, la distribución de tareas del personal militar en servicio, la logística, el régimen de tortura hacia prisioneros y prisioneras y un listado de “Compañeros prisioneros en Campo de Mayo”.

“Los nombres que figuran en esta lista son los que recuerdo y, en su mayoría, son nombres de guerra, no obstante trataré de aportar la mayor cantidad de datos para llegar a descubrir la verdadera identidad de cada uno”. Con esta afirmación, Cacho da inicio a la enumeración de los nombres y apodos que recordó y registró. Entre ellos se encuentra el de María, “aspirante de la Secretaría de Propaganda de Zona Norte de Montoneros, cae embarazada (…). Es trasladada después de dar a luz”. El “traslado” en el vocabulario del sistema represivo representaba el exterminio, el transporte en camión hacia los aviones encargados de los “vuelos de la muerte”.

¿Será Mary? ¿Por eso Lorena lamenta no haber llegado a conocer a Cacho antes de su muerte, en 2008? El seguimiento de la pista, la búsqueda del testimonio son tareas que asumen les familiares Un tiempo antes, a meses de la desaparición de la pareja, la familia había apuntado otro indicio. Roberto Aragón, un joven que estaba realizando el servicio militar en Campo de Mayo, se encontró con Walter, el hermano de Mary, en la cancha del barrio. Le contó que había visto a su hermana en la guarnición cuando la llevaban a “tener familia”. Luego de dar testimonio, a Roberto se lo tragó la tierra. Lorena recuerda que la casa del “soldado”, como le llama, quedaba de camino a la casa de la abuela Rosa, mamá de Mary. Por ahí pasaban cada fin de semana, cuando Rosa la iba a buscar. La casa del soldado era una parada obligada, una pregunta reiterada, sin respuesta.

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¿Quién era Mary? ¿Qué le gustaba de Alberto? ¿A qué jugaba con sus hijes? ¿Por qué militaba? Olvidémonos de esta sociedad con Ley de Educación Sexual Integral y de Interrupción Voluntaria del Embarazo e imaginemos qué significados portaba la figura de mujer y madre en el barrio Estudiantes de los 70. Pero además pensemos cuál era el mandato de época para las mujeres de la clase trabajadora, para una hija de familia correntina en Buenos Aires, para una marrona, para la militante de una organización política.

Entre las cosas que Lorena conoce está que a Mary le encantaba arreglar la casa, decorar, como si se esmerase en construir un lugar bello para vivir. Ahí la encuentra a su madre, colgando sus propias cortinas, haciendo su propio jardín. También le contaron que hacía de campana en la puerta de la casa, mientras Alberto golpea las teclas de la máquina de escribir en el comedor.

Los responsables del terrorismo de Estado, civiles y militares, y su profunda exaltación del pensamiento occidental y cristiano, esperaban otra cosa. La ruptura del orden democrático en manos de varones guiados por la fe nacionalista y católica exacerbó los mecanismos de control y opresión sobre los cuerpos feminizados. La violencia sexual en los campos de concentración, que Miriam Lewin y Olga Wornat conceptualizan y caracterizan en Putas y guerrilleras (libro de 2014) como sistemática e imposible de ser subsumida en la figura de “tormento”, en el caso de las embarazadas se hizo mucho más específica.

A las violaciones, la desnudez, la humillación, los comentarios sobre los cuerpos, sobre las prácticas sexuales, se les añadió el control sobre sus funciones reproductivas. Los testimonios de profesionales que intervinieron en los partos clandestinos dicen que si las mujeres parían de forma natural, sobrevivían un par de días. Si se les había hecho una cesárea se quedaban con el recién nacido unos días más. Luego de eso, venía el traslado, la separación definitiva y la apropiación de las infancias.

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En los alegatos del último juicio oral en el marco de la Megacausa Campo de Mayo, finalizado en Julio del año pasado, la fiscal Gabriela Sosti afirmó que fueron más de seis mil personas las secuestradas y detenidas ilegalmente en Campo de Mayo. El nivel de supervivencia fue menor al uno por ciento. El caso de Cacho Scarpati es paradigmático y merece un tratamiento propio: él logró fugarse en una recorrida que tenía como objetivo “marcar” una casa.

De acuerdo a los testimonios de médicos, parteras, enfermeras y anestesistas, presentes en el Informe CONADEP, los nacimientos de la maternidad clandestina no eran registrados, no se elaboraba historia clínica, ni de la madre, ni del recién nacido y los certificados de nacimiento se fraguaban. En Campo de Mayo la entrega de niñes a las familias apropiadoras estuvo a cargo del médico militar Norberto Bianco. Él mismo se apropió de Pablo Casariego Tato, quien recuperó su identidad en 2007, y de otra niña.

En 2014 fueron juzgados por el Tribunal Oral Federal N.º 6, Bianco, los ex generales Santiago Riveros, Reynaldo Bignone y la obstetra Luisa Arroche. Uno de los casos presentados en esa ocasión fue el de María Eva Duarte. Sin embargo, la sentencia no analizó las responsabilidades de los involucrados en el nacimiento en cautiverio de su bebé y su posterior apropiación. Los abogados querellantes, representando a Abuelas de Plaza de Mayo criticaron esta decisión. Uno de ellos, Alan Iud, en una entrevista a Página 12 afirmaba que “probado el Plan Sistemático y con 116 nietos restituidos, creímos que la Justicia podía razonar como lo hizo en aquel juicio y deducir que si una mujer estaba embarazada en cautiverio ese bebé había llegado a nacer y había sido apropiado. Evidentemente, primó un criterio más formalista.”

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Ahora son 132 los nietos y nietas. Y continúa la búsqueda. Sobrevivientes de los CCDTyE, familiares de personas desaparecidas, organismos de derechos humanos y las comunidades cómplices de la memoria se esforzaron durante años en estrategias que tuvieron y tienen como único objetivo hallarles. Y cada vez que, por efecto de la lucha, las Abuelas volvieron a abrazar a un nieto o a una nieta, la sociedad entera se conmocionó, como si se ajustara de a poco el hilo de una red que nos pudiera sostener mejor a todes.

Hoy, Lorena Duarte Aranda vive en el mismo barrio en el que sus padres se conocieron. Trabaja y cría a sus hijes. Charlar con ella acerca de las posibilidades de acción a la hora de visibilizar la búsqueda de su hermano, es hablar de las condiciones de vida de muchas mujeres en estos barrios conurbanos, las que incluyen una profunda convicción en la lucha colectiva.

“¿Qué implica buscar a tu hermano?”, le pregunto.

“Tal vez ser un poco más visible. Poder contar la historia en donde nos digan, allá vamos. Que se conozca. Por ahí alguien que me ve pueda decir ‘Se parece a mí’”.

Se trata de desplegar herramientas compartidas con otres que, como ella, buscan a sus hermanes. Lorena habla de ese colectivo como “una gran familia”. “Cuando nos juntamos todos los nietos, somos todos hermanos”, cuenta.

El Hospital Militar de Campo de Mayo funciona con normalidad en el mismo lugar. Pero el tiempo y la lucha tienen también la capacidad de transformar. El junio pasado se señalizó su emplazamiento, recordando que allí funcionó una maternidad clandestina. Mientras tanto, las organizaciones de sobrevivientes y familiares ingresan periódicamente al Campito, con el objetivo de visibilizar el lugar y de exigir que se retire la guarnición militar y se construya un Sitio de Memoria. Para este año, está prevista la inauguración de un Espacio para la Memoria en Campo de Mayo en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos.

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Desactivar el terror es sacarle potencia represiva a los significados, al de los espacios físicos, al de las frases hechas. Es un camino lento que se emprende como sociedad y que consiste en darle potencia de vida a las acciones de memoria, a los rostros de quienes buscan, a la duda de quienes se hacen preguntas sobre su identidad. Por esa huella de las Abuelas, seguiremos andando hasta volver a encontrarnos una vez más.