Por Redacción ANCAP
Fecha emblemática para la sociedad argentina, el 24 de marzo se impone para amplios sectores de la población como un día de manifestaciones, marchas y expresiones culturales que pretenden exorcizar el aterrador fantasma de la dictadura mas cruel, sádica y eficaz que haya sufrido pueblo alguno en el Cono Sur de Nuestramérica.
El llamado “Proceso de Reorganización Nacional” duró formalmente los 7 años, 8 meses y 16 días que van desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 y a él se le adjudican los crímenes más horrendos que el “Estado Argentino” haya cometido contra la población que contiene en su territorio. El sistemático plan de secuestro, robo, tortura, apropiación y exterminio pergeñado por la oligarquía argentina y el Partido Militar, representados por José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla, es y con razón en nuestros días el paradigma de la capacidad de las clases dominantes para imponer sus condiciones al resto de la sociedad. Sin embargo, cabe observar que si bien la última dictadura es el símbolo del totalitarismo al servicio la explotación, ya que su principal objetivo alcanzado fue destruir las organizaciones populares que bregaban por un justo reparto de la riqueza, su accionar no gira en el vacío y sus gérmenes pueden rastrearse hasta los orígenes de nuestra joven Nación, al tiempo que su desarrollo se enmarca en la histórica lucha que el pueblo argentino asume a lo largo del tiempo contra los poderes transnacionales y sus cómplices internos que no cejan en sus ansias de saqueo.
El genocidio, como práctica para eliminar a sectores de la población que reclaman su derecho a la vida no es invento de Videla, Massera y Agosti, ni patrimonio exclusivo de los gobiernos de facto. Mitre, Sarmiento y Avellaneda diezmaron al gauchaje y a la población afrodescendiente; Roca y Juárez Celman se encarnizaron con los pueblos originarios; Yrigoyen, Alvear, Uriburu y Justo masacraron al pujante movimiento obrero de la primera mitad del S. XX; el mismo Perón ninguneó el “Malón de la Paz” y ocultó la Masacre de Napalpí; Aramburu, Rojas y Frondizi intentaron desarticular la Resistencia; Onganía, Levingston y Lanusse apuntaron contra la Vanguardia Armada de las Organizaciones Político-Militares del pueblo; Isabel, López Rega y Luder, con el Operativo Independencia , la firma de los decretos aniquilamiento a la Guerrilla y la creación de la Triple A allanaron el camino de los dictadores que impusieron el Neoliberalismo.
Cierto es que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con sus escalofriantes saldos en vidas masacradas, destrucción de industrias, concentración de riquezas, subordinación por la fuerza de las clases desfavorecidas, aniquilamiento de organizaciones populares y desgarramiento del tejido social, es hoy repudiado por la inmensa mayoría de las personas de bien que habitan este suelo. No obstante, el sistema económico instaurado por esas juntas militares sigue vigente y se profundiza por medio de un Genocidio Productivo y Cultural que solapadamente se viene ejecutando desde la recuperación de la “Democracia”.
Las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, junto con la convalidación de la “Deuda Externa” aceptados por Alfonsín; los Decretos de Indulto, las Privatizaciones, la introducción de la matriz transgénica y la Reforma del Estado impulsadas por Menem; El total cipayismo de De la Rua que derivó en el estallido de diciembre de 2001; la apertura de las válvulas de escape del descontento social encarada por el Masacrador de Avellaneda (Duhalde) y continuada por los gobiernos progresistas; la revancha oligárquica ejecutada por Macri y el “nichichanilimonadismo” de Alberto Fernández son parte de ese genocidio que no cesa y hoy se agudiza en pos de despojar completamente a la población de sus bienes comunes, a costa de un ecocidio que amenaza tornarse irreversible si no se le pone coto.
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