Por Juan Alberto Pérez

El ex presidente de Brasil, Ignacio Luiz Lula Da Silva, fue condenado este miércoles a 12 años y 11 meses por el cargo de “Corrupción y blanqueo de dinero en segundo caso”. Se trata de una imputación que la jueza Gabriela Hardt, que reemplaza al juez Moro, le aplica por reformas en una finca que Lula frecuentaba que se habrían hecho con dinero de la corrupción.

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Lula ya cumple una condena de 12 años en el denominado caso del Lava Jato, por presuntamente haber recibido un departamento como pago de coimas para beneficiar que la empresa Odebrecht se haga con la adjudicación de obras públicas. Sin embargo, en ningún momento se ha podido comprobar que dicho departamento sea de Lula. En esta nueva condena la tónica es la misma. Se le acusa de beneficiarse con reformas de una finca en Ataiba, localidad al interior de San Pablo. Sin embargo, la finca no pertenece a Lula.

De todas maneras para la jueza Gabriela Hardt no es impredecible que sea el propietario de la finca para ser condenado. “Siendo propietario o no es un hecho incontrovertido que se realizaron reformas y se compraron objetos para atender intereses de Ignacio Luiz Da Silva” detalló el fallo de la jueza. Se imputa dicha condena porque Lula “frecuentaba” la finca de Ataiba.

Los seguidores de Lula remarcan que tanto la primera condena, por la que se encuentra en la cárcel de Curitiba desde abril, como esta nueva sentencia son marcas de una persecución política para dejar fuera de la vida política al dirigente del Partido de los Trabajadores. Y se apoyan en la idea de que el encarcelamiento de Lula posibilitó el triunfo de Jair Bolsonaro en la presidencia de Brasil, ya que Lula era el candidato con mayor intención de votos y fue proscrito sin causas demostradas. Además, alegan que el juez Sergio Moro trabajó políticamente para dicha proscripción y se remiten a la prueba de que actualmente se desempeña como Ministro de Justicia de Bolsonaro.