Por Juan Alberto Pérez
El Tribunal Regional Federal de Porto Alegre dictó sentencia contra Ignacio Lula Da Silva y las calles de todas las ciudades grandes de Brasil se llenaron de manifestantes.
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El veredicto, que aumentó la condena por supuesta corrupción del ex primer mandatario, funcionó como un gatillo para que las clases populares y trabajadores expresaran su repudio, ya que entienden que el tribunal que decidió imponer una pena de 12 años de prisión al líder del Partido de los Trabajadores tienen como objetivo quitarlo de la competición por la presidencia.
Los 3 juecez decidieron dictar sentencia de 12 contra Lula a pesar de que en primera instancia lo habían condenado a 9 años de prisión. Sin embargo, desde las huestes del líder político cree que uno alevosía en la sentencia ya qué hubo ausencia de pruebas contra Lula, el argumento fue de «convicción nacida del conjunto de indicios» y solo le permitieron 15 minutos para que sus abogados desplegarán su defensa. A pesar de esto, el tribunal en unanimidad decidió sostener la condena. «Hay que parar con este despropósito de que Lula debe ser condenando. La conciencia del pueblo brasilero es grande. Tratan de demostrar algún crimen que cometí. Hablarán diez horas seguidas pero no pueden demostrar nada» dijo por Twitter el ex mandatario. El conglomerado monopólico O Globo salió a dar su batalla contra Lula y tituló «Brasil 3- Lula 0» como si se tratase de un partido de fútbol.
Esto es una clara demostración que la intención es que Lula no sea nuevamente presidente de Brasil. Los números le estaban dando buenos indicios, pero una condena efectiva lo dejara fuera de carrera. La derecha ha desplegado todo su aparato persecutorio en la región, y como sucede en Argentina también, intenta deslegitimar a los líderes populares incluso utilizando herramientas que rozan la inconstitucionalidad.