A 17 meses de la desaparición de los estudiantes sus familiares y amigos se movilizan por territorio azteca exigiendo la aparición con vida. Es un caso con fuertes vínculos de las mafias del narcotráfico y el poder político. Por Juan Alberto Perez
Los padres y familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Isidoro Burgos de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos en septiembre de 2014, han comenzado una nueva medida para visibilizar el hecho y exigir su resolución. En este caso, se trata de marchar en caravana por todo el territorio azteca con el reclamo de agilizar la investigación y encontrar con vida a los “normalistas” que desde hace 17 meses han sido desaparecidos en el estado de Iguala, en Guerrero al norte de México. La estrategia es desplegar dos grandes bloques, uno que descienda desde el norte del país, y otro que se desplace desde el sur, con el objetivo de unificarse el 28 de enero en el Distrito Federal (la ciudad capital) y allí realizar una gran manifestación.
Los estudiantes de Ayotzinapa han sido secuestrados en un hecho que hasta el día de hoy tiene poca claridad. Se habla de que la última vez que fueron vistos con vida estaban en manos de la Policía Municipal de Iguala. Así mismo, hay una versión que dice que los 43 fueron asesinados y sus restos calcinados en el basurero de Cocúla por los narcotraficantes, que son el verdadero poder en Guerrero. Por otro lado, los padres sostienen que sus hijos aún están con vida y que se encuentran secuestrados y en cautiverio. Desde fuentes oficiales de la Procuradoría General de la República (PGR) marcan que los agentes que detuvieron los estudiantes los confundieron con integrantes de “Los Rojos” que es una banda narco contraria a “Guerreros Unidos” quienes dominan la zona, y por tal motivo se los entregaron a este último grupo. Durante el último mes se realizaron 3 detenciones de presuntos integrantes de “Guerreros Unidos” que declararon haber participado en el secuestro y asesinato de los estudiantes, aunque todavía no está del todo claro las circunstancias de la detención de los jóvenes, y es notable la falta de celeridad que existe por parte de los organismos del estado correspondientes en aclarar el hecho.
Por su parte, los familiares y amigos de los estudiantes han sido los principales promotores en la visibilización del caso, a tal punto de recorrer no sólo el territorio mexicano, sino también gran parte de latinoamérica y el mundo en busca de solidaridad con su pedido. Desde la presidencia de la Nación, Enrique Peña Nieto les debe mayor compromiso con la causa. Ha recibido a los familiares aunque no aportó mayores soluciones o voluntad de apoyo en el esclarecimiento del caso.
En definitiva, se espera que para abril de 2016 la causa presente mayores avances. Los familiares de los 43 desaparecidos seguirán hasta entonces manifestándose por la aparición con vida de los suyos. Todo esto se da en contexto de un gran poder territorial del narcotráfico en México que ya provocó más de 60 mil muertes y 26 mil desaparecidos según cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de las cuales 6 mil son de niños. Por lo que se trata de una suerte de “dictadura” del narcotráfico con un estado tan ausente como cómplice de estos hechos.
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