Por Juan Alberto Perez
Se creó el Certificado de Vivienda Familiar a partir del decreto 358/2017 que reconoce la existencia de barrios populares y da marco legal al uso de la tierra para la vivienda de miles de argentinos. Esto se logra luego del impulso de diversas organizaciones sociales -entre las que se destaca la CTEP, Techo, Barrios de Pie y la CCC- realizaron un relevamiento de los barrios en el que dieron cuenta del estado de precariedad de las viviendas. A partir de esta categorización los habitantes de asentamientos, villas y barrios carenciados podrán tener certeza de la posesión de las tierras en que viven, además de acceder a los servicios públicos como agua, gas y electricidad.
Según el censo nacional del año 2010 son más de quinientos mil los hogares que se encuentran en una situación de tenencia irregular de sus viviendas por la falta de acceso a el reconocimiento legal sobre el terreno que ocupan. Esto pone a las dos millones de personas que habitan los mismos en una situación de precariedad absoluta. No pueden acceder a los servicios básicos, no se les permite exigir al gobierno el acercamiento del transporte público, y se le dificulta el acceso a la salud y la educación. Un grupo de organizaciones sociales de base ha desarrollado un relevamiento de barrios populares entre agosto de 2016 y mayo de 2017, donde se pudo registrar la existencia de más de cuatro mil barrios en estas condiciones. Cabe aclarar que se denomina de esa manera a los que se encuentren integrados con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular de al menos dos servicios básicos.
A partir de esta medida se crea el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) con el fin de dejar registro de los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas. Se va a emitir un Certificado de Vivienda Familiar a los habitantes de cada vivienda y se considerará un documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT o CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas, entre otras cosas.
Hay que rescatar que este logro es producto de un trabajo de los mismos habitantes de los barrios que exigen condiciones dignas a un gobierno que llegó al poder con el discurso de “Pobreza Cero” y poco ha hecho en materia de política social para alcanzar ese objetivo. Desde las organizaciones sociales destacan que “es el primer paso en un largo camino hacia la integración plena de nuestros barrios” pero aclaran que “no basta con un documento -ni siquiera con una ley- para lograr tierra, techo y trabajo para todos”.
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