Por Juan Alberto Pérez
En una resolución del juez Lleral se develó que tanto el juez Otranto como la fiscal Ávila realizaron espionaje ilegal con escuchas a Sergio Maldonado. Se trata de un paso más en la persecución que sufren las víctimas que piden verdad y justicia por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.
El juez federal de Esquel, Gustavo Lleral resolvió que las escuchas realizadas sobre los teléfonos de Sergio Maldonado, Ariel Garzi y Claudina Pilquiman están “reñidas con los derechos fundamentales analizados, reconocidos en nuestra Constitución Nacional”, o para decirlo en pocas palabras, las escuchas son ilegales. Se trata de una interpelación a lo que habían pedido el 28 de marzo el juez federal de Esquel, Guido Otranto, y la fiscal subrogante, Silvina Ávila, para avanzar sobre una supuesta causa de falso testimonio, pero que se trata de, como dicen desde el comunicado oficial de la familia Maldonado, “Una persecución, que incluso podría llegar a constituir delitos”.
Estas escuchas las había ordenado el juez Otranto en el momento en que se desarrollaba la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, en este caso pidió una copia de esas escuchas que él mismo solicitó. Pero el juez actual se lo denegó y decidió ordenar la destrucción de las mismas.
Desde el comunicado oficial que emitió la familia Maldonado advirtió que este hecho muestra a las claras la persecución que sufrieron y aún sufren, a pesar de ser las víctimas del caso. “Somos doblemente víctimas: por la falta de respuesta ante la desaparición y muerte de Santiago, y por comprobar que, en lugar de establecer quiénes son los culpables del hecho, fuimos investigados sin estar imputados en la causa” marca el comunicado y agrega “Somos ciudadanos comunes y corrientes exigiendo Verdad y Justicia. El Estado no debería invertir tiempo y recursos en investigarnos sino dar una respuesta eficiente a nuestro pedido”.
Por otro lado, esta resolución también deja a las claras que tanto el juez Otranto como la fiscal Ávila contaron con el apoyo mediático de fondo, que sirvió de mascarón de proa para instalar en la opinión pública la idea de testigos falsos, supuestas vinculaciones terroristas y un sin fín de elucubraciones con el único propósito de desviar la atención de la causa. Pero la causa, todavía está viva, y quema en los escritorios de los juzgados y en la mente de los representantes del Estado que han querido subvertir el hecho para deslindar responsabilidades de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el jefe de gabinete del ministerio de seguridad, Pablo Nocetti (Quién estuvo en el lugar en el momento que desapareció Santiago) y los gendarmes a su cargo. Por eso Sergio Maldonado, en una entrevista que realizó con la radio comunitaria FM La Caterva, sentenció claramente “Para los grandes medios ya quedó terminado, y dijeron “Santiago murió ahogado el 1° de Agosto como se indica en la autopsia”, y lo cerraron ahí. Eso es totalmente falso. Porque la autopsia no dijo ni cuándo, ni dónde, ni cómo murió Santiago”.
Queda claro entonces que Otranto y Ávila espiaron a la familia Maldonado y en lugar de investigar a los gendarmes que llegaron hasta el río Chubut. A pesar de todo esto la lucha del pueblo es incansable y no debemos bajar los brazos. El objetivo es claro, exigir Verdad y Justicia por Santiago Maldonado.
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