Por Juan Alberto Pérez
La Cámara III de Casación Penal revocó el sobreseímiento que detentaban tres periodistas que habian sido detenidos en el marco de la represión policíal el 1 de Septiembre de 2017, en la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Aquella jornada la policía desplegó un feroz operativo represivo que dió muestras de lo que vendría en materia de protesta social, con infiltrados y efectivos de civil. Treinta y una personas fueron detenidas aquella noche, entre quienes había trabajadores y trabajadoras de prensa. Posteriormente el juez Federal Martinez Di Giorgi los procesó, pero en diciembre la Cámara de Apelaciones lo revocó por falta de méritos. Sin embargo, el día de hoy en Casación se decidió, por mayoría, revocar esa apelación y reestablecer la imputación a los tres trabajadores de prensa que habían sido sobreseídos.
Juan Pablo Mourenza, Ezequiel Medone y Paola Barriga Montero son les trabajadores de prensa imputados en el hecho que, tras ser sobesídos por falta de mérito, ahora se ven nuevamente imputados por desición de les jueces Liliana E. Catucci y Eduardo Rafael Riggi, representantes del máximo tribunal penal. El juez Carlos Alberto Mahiques, tercer integrante del cuerpo se opuso a la desición.
Martinez Di Giorgi, el juez en primera instancia, validó las detenciones en el contexto de la represión policial, alegando que se les había detenido esa noche por intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad. El 6 de diciembre, la Cámara de apelciónes dictó la falta de méritos, y dió una dura crítica al fallo de Martinez Di Giorgi, con presentaciones de fotos y videos que demostraban que estas personas no habían cometido delito alguno. Luego, el Fiscal General Germán Moldes presentó una recurso de casación al fallo de la Cámara de Apelaciones, en el que calificó a los damnificados como“Iracundo tropel … canallas y fascinerosos… bestias… horda vandálica… con altas dosis de ‘travestismo’… a quienes tocó esa vez asistir disfrazados de fotógrafos … tal vez, en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro” entre otras cosas.
El juez Riggi, sospechado de haber recibido coimas de Pedraza en el caso Mariano Ferreyra, es uno de los magistrados que apoyo la desición de Martinez Di Giorgi. Según CORREPI, en su fallo “puso de cabeza todos los principios básicos del derecho penal”, ya que alegando “dudas” sobre los acusados, deroga literalmente el derecho de inocencia y la duda a favor del imputado. Asimismo, Riggi en sus argumentos descree que los acusados sean trabajadores de prensa efectivamente, aunque se les haya sustraído carnets de la RNMA y SipreBA haya acreditado sus tareas profesionales. Por el lado de la jueza Catucci, alego que se actuó con premura en el sobreseimiento, y apoyo los argumentos esgrmidos por Riggi.
En un comunicado en el que se denuncia el disciplinamiento de la justicia a la voluntad del gobierno, CORREPI explicita que “Este fallo pone brutalmente en evidencia el nivel de disciplinamiento que el gobierno de Cambiemos ha logrado sobre el aparato judicial en general, y muy particularmente sobre la justicia federal”. Asimismo, en este comunicado que es acompañado por SIPREBA, la RNMAy el Bloque de Trabajadorxs Migrantes, se alerta que “estas detenciones son parte del recrudecimiento del accionar represivo que busca condicionar la libertad de expresión de aquellxs que intentamos, desde los medios alternativos, comunitarios y populares, registrar la violencia policial y las detenciones al voleo que suelen producirse en las manifestaciones populares”.