Por Juan Alberto Pérez
Cuando se suspendió el desalojo de la casa de la calle Solís 2152 el día de ayer se dio la promesa de que se abriría una mesa de diálogo para llegar a una solución y que las 30 familias que allí habitan no queden en la calle. Esa promesa duró sólo 24 horas porque este mediodía la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acató una orden de la oficial de justicia, Bárbara Strickland y el juez Juan Perozzielo Vizier, y desalojó a las familias no sin antes desatar una feroz represión que dejó mujeres y niños heridos, y cinco detenidos.
En el día de ayer informábamos acerca del intento de desalojo del edificio del barrio de Parque Patricios. Allí las casi doscientas cincuenta personas que residen, entre las que se encuentran al menos veinte niños y niñas, resistían quedarse en la calle por la orden del juzgado Civil 62 que decretó el desalojo. Así deslegitimó el reclamo de las fa
milias que viven ahí y que fueron víctimas de un abandono de su supuesto arrendatario, un encargado del edificio
que sub alquilaba el inmueble. Ante la resistencia de los vecinos, el operativo que montó la policía a cargo del gobierno de la Ciudad no realizó el desalojo y por el contrario la Defensoría del Pueblo se comunicó con las familias para pactar una reunión y buscar una solución al conflicto. Pero dicha reunión no se llevó adelante y la oficial de justicia Strickland se cargó el operativo desalojo.
Con la zona prácticamente militarizada, con carros hidrantes y gases lacrimógenos, las imágenes que llegaban de los videos y las fotos demostraban la decisión de las fuerzas represivas de Horacio Rodriguez Larreta. El desalojo había que hacerlo como sea. Y así fue, no importó que allí hubiera mujeres y niñes. De hecho, los oficiales golpearon a los hijos de Ileana, una de las vecinas, y a ella inclusive. Además, se llevaron detenidos a cinco personas por resistencia a la autoridad. Incluso hubo denuncias de la utilización de pistolas Taser para inmovilizar a los detenidos. Hasta este momento no hay novedades de los detenidos, los vecinos de Solís estuvieron en la Comisaría 30 de Barracas y no les dan información sobre las cinco personas detenidas.
La responsabilidad recae directamente en el gobierno de la Ciudad. Dado que ni desde el Instituto de Vivienda, ni desde ningún ámbito del ejecutivo hubo respuestas para la problemática habitacional en este caso, como en tantos otros que se sufren hoy en día. A esa inacción contrapesa la decisión de desatar operativos altamente violentos y represivos, que dan la sensación de estar motivados por sentimientos revanchistas o discriminatorios. Las familias de Casa Solís han quedado en la calle sin importarle ni al gobierno ni a la justicia que se quedaron sin nada.
