Por Juan Alberto Pérez
Fotos Juan Pérez
Alberto Fernández asumió la presidencia de la nación con una promesa de eliminar la lógica del gatillo fácil en las prácticas las fuerzas. La lógica de la doctrina Chocobar no debería existir más. Sin embargo, algunas expresiones de la nueva ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, y sobre todo el nombramiento de Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires encienden las alarmas. “No hay ninguna razón para respaldar y para soportar, ni siquiera para encontrarle una explicación sensata a su designación en una provincia que dice que quiere ser distinta, ¿Con Berni? Esa es la pregunta” manifestó Ismael Jalil.
En el marco de la presentación del informe de Correpi sobre la situación represiva del país sobrevoló las expectativas que genera la asunción del gobierno de Alberto Fernández y, sobre todo, la alegría por la salida de Mauricio Macri que se llevó el gobierno más represor desde la recuperación de la democracia. Sin embargo, los organismos de derechos humanos tienen las alarmas encendidas para ver como se definirá el nuevo gobierno en ese sentido, y fundamentalmente, la intención de plantearle una agenda a Fernández que cambie de cuajo la lógica represiva del estado.
“Es auspicioso que el presidente Fernández haya reconocido que existe el gatillo fácil y que hay que salir de esa lógica” manifestó el abogado de Correpi Ismael Jalil. “Correpi esta en la expectativa e intentando ponerle una agenda al nuevo presidente para que eso que prometió en el Congreso finalmente sea una realidad y se termine con esa lógica” agregó el letrado. Aunque a su vez marcó la cancha al expresar “En estas cosas no se le puede dar tiempo a nadie. Ni al gobierno que llega ni al que se va. Porque cuando vos das tiempo, en ese tiempo se mueren muchos de nuestros chicos. Entonces esto es inmediato, es impostergable”.
La coordinadora manifestó ayer una serie de planteos que se le realizan al nuevo gobierno para que inmediatamente se pueda verificar ese cambio de políticas que se está declamando. Correpi le reclama al nuevo gobierno que se cumpla con una serie de puntos esenciales y necesarios de inmediato. Estos son: Cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio vs Argentina, del 19/03/2003, que ordenó la erogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante. Derogación de la Resolución 598/2019 que creó el “servicio cívico voluntario” a cargo de Gendarmería Nacional, para adoctrinar y militarizar a la juventud. Retiro inmediato de la agenda del Congreso Nacional del proyecto de reformas del Código Penal que incrementa la criminalización de la pobreza y protesta, y consagra la impunidad de los represores, y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que contempla la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes. Derogación de la Resolución 845/2019 que sistematiza y masifica la intercepción y detención de personas “para identificar” en las estaciones de trenes. Fin de los programas de reconocimiento facial que provocan identificaciones erróneas a diario. Derogación del Programa Restituir. Cese de la militarización de los barrios populares. Derogación de la Resolución 956/2018 que habilita el uso del arma reglamentaria de las FFS en cualquier circunstancia. Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones. Fin de la reestructuración de comisarías y alcaldía de la Policía de la Ciudad. Eliminación de “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fueras federales y provinciales en las provincias y Ciudad. Derogación de decreto 489/2919 que creó el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a los actos terrorismo y su financiamiento. Anulación del DNU 70/2017 que habilita la deportación de extranjeros. Derogación del uso de las picanas Taser. Cese del permanente y sistemático hostigamiento a las personar que sen obligadas a sobrevivir con tareas precarias en las vía publica, como vendedores ambulantes y artístas callejeros. Y derogación de las reformas regresivas que se llevaron adelante en esos cuatro años en toda la legislación represiva.
Jalil expresó a este medio “Hay que tomar las medidas necesarias para que el gatillo fácil deje de ser esa lógica que el propio presidente se encargó de decir que está instalada dentro del estado. Nosotros que sostenemos eso, que hace casi treinta años venimos diciendo eso, lo que ahora queremos es que esa lógica se deje sin efecto”. Se reclama un accionar inmediato al nuevo presidente ya que está al alcance de su mano. Como por ejemplo, desarmar a los efectivos de las fuerzas cuando se encuentran fuera del servicio, ya que el 50% de los casos de gatillo fácil se dan cuando están de civil. “Que el arma la dejen donde prestan sus funciones, pero que no la puedan portar arriba de un colectivo, yendo en una moto o caminando por la calle. Porque ellos son los que acrecientan el riesgo” manifestó Jalil.
Otro punto clave es todo el recambio de autoridades y de perfiles en los cargos con toma de decisión en estas áreas. “Sin ningún lugar a dudas lo que más celebramos es que no esté más Patricia Bullrich. Y sin lugar a duda creemos que no es lo mismo Frederic que Bullrich” expresó Jalil. Sin embargo, las tintas están puestas en ver cambios reales y que no quede sólo en lo declamativo. “Es imprescindible que se tomen las medidas para que esto no sea otra puesta en escena, donde hacemos declaraciones muy lindas pero en lo concreto no concretamos nada.Me parece auspicioso que no esté más la línea Patricia Bullrich, pero la línea va a ser otra y diferente si en los hechos se concretiza, no solamente en el discurso” enfatizó Jalil. Asimismo, está en el ojo de la tormenta la decisión del flamante gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de nombrar secretario de seguridad a Sergio Berni. Por su perfil y su discurso público alineado a una lógica represiva, la intención de crear un gobierno progresista en la provincia se ve contradictoria con esta designación. “Es contradictorio que en la provincia de Buenos Aires se haya designado a Berni, nada menos que un revindicador del gatillo fácil en la seguridad” manifestó el abogado de Correpi, quién cerró con una dura sentencia “No hay ninguna razón para respaldar y para soportar, ni siquiera para encontrarle una explicación sensata a su designación en una provincia que dice que quiere ser distinta, ¿Con Berni? Esa es la pregunta”.
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