RÍOS LIBRES: NO A LAS REPRESAS

Publicitadas como parte de las “energías limpias”, las hidroeléctricas son parte del modelo extractivo. Inundan miles de hectáreas, desalojan familias, destruyen el ambiente. En palabras del activista Juan Yahdjian: “Las represas son parte del modelo que transforma la naturaleza de todos en lucro de unos pocos”.

Por Darío Aranda para ANCAP 

De Misiones a Santa Cruz, de Entre Ríos a La Pampa. Avanzan en Argentina proyectos y construcción de represas hidroeléctricas muy cuestionadas por sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Cuentan con el agravante de publicitarse como “energías limpias”, cuando en realidad son parte del modelo extractivo, desalojan poblaciones, violan derechos y desoyen legislación ambiental y de pueblos originarios. Pasado, presente y futuro de las luchas anti-represas.

 

   Robarse el río

Hasta 1917 el río Atuel ingresaba a La Pampa por varios brazos. Ellos eran el Atuel (pasaba por atrás de Santa Isabel), el arroyo de La Barda y el arroyo Butaló (el más extenso, que recorría 270 kilómetros en territorio pampeano). En 1917 comenzaron a cambiar el caudal natural del río, se perdió el brazo principal del Atuel. En la década del 30 comenzó el corte del brazo Butaló y, en la década del 40, el gobierno nacional construyo el dique El Nihuil en Mendoza, que embalsó el río e interrumpió el escurrimiento del arroyo de La Barda, que era el último que quedaba.

“Nos robaron el río”, es una afirmación recurrente en La Pampa. Las localidades afectadas son Santa Isabel, Victorica, Algarrobo del Aguila, La Humada, Limay Mahuida, Puelches, Gobernador Duval y 25 de Mayo, entre otras.

En 1949 la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la Nación resolvió que se debía entregar aguas del río Atuel a La Pampa. Mendoza negó durante décadas la interprovincialidad del Atuel, pero lo reconoció en 1987, cuando la Corte Suprema de Justicia falló en favor de La Pampa, y exhortó a las provincias a celebrar convenios para una participación equitativa del agua. Pero no  se concretó el mandato de la Corte porque Mendoza se negó a cumplir el fallo.

En 2008, los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a Nación, un convenio que establecía un caudal mínimo para La Pampa. Pero tampoco se cumplió. En 2015 el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, señaló que La Pampa “nunca acreditó el daño” sufrido. Fue un agravio más para La Pampa, que exhibe con impotencia la sequía de décadas en el oeste provincial.

Con el reclamo por el río Atuel como bandera histórica, la historia amenaza repetirse.

El gobierno de Mendoza y Nación están muy cerca de comenzar la construcción de la represa Portezuelo del Viento, sobre el río Grande, en el departamento de Malargüe. Es una obra faraónica, con una pared de hormigón armado de 180 metros, miles de hectáreas bajo agua (se inundará toda la localidad de Villa La Loicas) y se deberá cambiar el trazado de las rutas   nacional 145 y la provincial 226. Por otro lado, será necesario la reubicación de la localidad Villa La Loicas y todos aquellos parajes dispersos que serán afectados por el embalse.

Mauricio Macri firmó el decreto 519/2019, por el cual el gobierno nacional se hace íntegramente cargo de los 1023 millones de dólares de la obra.

El río Grande, sobre el cual se implantará la obra, es el principal afluente del río Colorado, que también recorre las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Por ser interprovincial está bajo la administración del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), integrado por las cinco provincias.

“Se ha iniciado el peligroso camino de la destrucción de un río. La voracidad sin límite de Mendoza por el agua, demostrada en otros ríos, puede determinar que en un breve plazo el sueño de un río Colorado compartido se transforme en una larga pesadilla y en otra catástrofe ambiental y humana”, denunció desde La Pampa la Fundación Chadileuvú (Fuchad) desde hace más de 35 años lucha por los cursos de agua de la provincia.

Oscar Frank, de la Fundación Chadileuvú, explicó que el río es imprescindible, de allí proviene el agua que consumen las poblaciones ribereñas y la mitad de población de La Pampa. Detalló que los ríos cordilleranos están en crisis hídrica. El Colorado disminuyó su caudal en la última década. De los casi 150 metros cúbicos por segundo pasó a menos de 80. Esto también afectó la salinidad, que aumenta a menor caudal.

El gobierno de Mendoza, los diarios provinciales y nacionales publicitan que la represa Portezuelo del Viento tiene como principal objetivo generar energía. Desde la Fundación Chadileuvú advierten otro objetivo: permitir el trasvase de una parte del agua al río Atuel, para control e irrigación exclusiva de Mendoza.

Desde La Pampa rechazan que una provincia (Mendoza) decida por el agua de otras jurisdicciones. Exigen un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca (no solo de la zona donde estará la represa), reclaman que el Coirco (integrado por las cinco provincias) actúe de forma clara y efectiva, y proponen un gran “cabildo abierto” con participación popular (organizaciones sociales, sindicatos, productores) para defender el río y diseñar propuestas para el uso sostenible del curso de agua.

 

   Rechazo popular

Misiones tiene historia en represas. Yacyretá, bautizada durante la década del 90 como “el monumento a la corrupción”, fue iniciada en 1973, inundó 140.000 hectáreas y desalojó a 40 mil personas. Miles de pescadores fueron ubicados en barrios en las afuera de Posadas, lejos de su fuente de trabajo, engrosando así los cordones de pobreza, o teniendo que depender de algún tipo de ayuda social para poder sobrevivir.

En 1995 los gobiernos de Argentina y Paraguay, junto con el de Misiones, impulsaron la represa Corpus Christi (sobre el río Paraná). Luego de debates y movilizaciones, en abril de 1996 la población de Misiones votó. El 88 por ciento dijo “no”. El hecho marcó un hito en la memoria de luchas provinciales. Y se logró la sanción de la Ley IV-56, que en su artículo 6 señala que “para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas se requiere la participación previa del pueblo de Misiones, a través del mecanismo de plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable”.

El Complejo Hidroeléctrico Garabí es un megaemprendimiento entre Brasil y Argentina originado en los 80. Consiste en una o más represas sobre el río Uruguay, en la zona compartida por Misiones y Corrientes, con el estado brasileño de Rio Grande Do Sul. En 2011 se firmó un acuerdo de cooperación entre Brasil y Argentina y fue relanzado formalmente. Podría inundar 40.000 hectáreas (dos veces la ciudad de Buenos Aires) y desalojar 2500 familias.

La Mesa Provincial No a las Represas nuclea a más de cuarenta organizaciones. Desde indígenas y campesinos hasta sindicales y de derechos humanos, y diversas iglesias. Exigieron durante años (con movilzaciones, campañas informativos, debates públicos) que se cumpla la ley provincial y se llame a votación obligatoria y vinculante. Pero los distintos gobernadores desoyeron la ley.

En noviembre de 2014 la Mesa Provincial organizó una votación popular, con más de 1000 urnas en plazas, escuelas, bibliotecas, clubes de barrio. “Las represas son parte del modelo productivo perverso que transforma la naturaleza de todos en lucro de unos pocos”, explicó el activista socioambiental Juan Yahdjian previo a las elecciones y llamó a votar: “La democracia actual no suele darnos muchas posibilidades de participar, pero ahora tenemos una oportunidad concreta para decidir nuestro futuro”.

Más de 120.000 misioneros participaron de manera voluntaria de la consulta popular. El mayor ejercicio de democracia directa del país. El 96 por ciento votó por el rechazo a nuevas represas en Misiones. Las localidades con mayores votos fueron Posadas (47.590), Oberá (10.390), Eldorado (9272), Puerto Rico (5746) y Puerto Iguazú (5538). En las localidades de Alba Posee y Azara –ambas serán directamente inundadas por la represa proyectada– concurrió a votar más del 80 por ciento del padrón electoral (el porcentaje más alto del que participa en esos lugares para elecciones de presidente o gobernador). En ambas localidades, más del 90 por ciento rechazó la construcción de represas.

En junio de 2019 los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y Mauricio Macri mantuvieron un encuentro en Buenos Aires enfocado en “integración regional”. La construcción de represas fueron parte de la agenda. Brasil, con larga tradición (y cuestionamientos) en represar ríos, propuso avanzar en estudios de factibilidad y actualización de presupuestos. No hubo mención específica a las represas pero en el documento firmado figura el “priorizar proyectos energéticos conjuntos”.

Si bien es un proyecto de larga data, fue retomado por Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff. Continuada por Bolsonaro y Macri. Resta saber cuál será la política de Alberto Fernández en materia de represas.

Eduardo Luján, de la Mesa No a las Represas, recordó que Garabí está frenado por un fallo judicial (del lado de Brasil), explicó que la energía de estas megaobras muchas veces son para el extractivismo (mineras, por ejemplo) y resaltó que la población de Misiones mantiene en rechazo a las hidroeléctricas.

 

 Triunfo histórico

Año 1996. El menemismo en su apogeo. Desde el gobierno nacional declaran de “interés nacional” la construcción de una represa sobre el río Paraná, 25 kilómetros al norte de la capital entrerriana. Los gobernadores de Santa Fe (Jorge Obeid) y de Entre Ríos (Jorge Busti) se sumaron a la iniciativa de Carlos Menem. Detrás estaban empresas de Estados Unidos.

Se trataba de una obra tan faraónica como innecesaria. Preveía la inundación de 800.000 hectáreas y podía afectar hasta 50.000 familias. A buena parte de la costa de Santa Fe, terraplén mediante, le cambiaba radicalmente la vista (y el acceso) al río. Se publicitaba una inversión de 2000 millones de dólares. Y dejaba abierta la posibilidad de una segunda represa, aguas arriba, a la altura de Reconquista.

Comenzó una rápida y efectivo organización vecinal, muchas de ellas impulsadas por la Asociación de Entidades Ambientalistas. Se sumaron organizaciones sociales, sindicales y hasta el club náutico (entidad que no solía involucrarse, pero de peso en ciertos sectores sociales).

Las reuniones se hacían semanales. Había campañas informativas, panfletadas, charlas públicas. También hubo una remada, en canoa, de pescadores, que bajaron desde aguas de Yacyretá hasta la ciudad de Paraná. La travesía duró 22 días. Y las escalas se hicieron jornadas de concientización sobre la importancia del río y cómo perjudicaban las hidroeléctricas. Los activistas también intervinieron con pancartas en banderas en una competencia internacional de nadadores (a río abierto, en el Paraná, con amplía cobertura mediática). Eran 88 kilómetros de competencia en los que estuvo presente en todo el recorrido la bandera con la consigna principal: “Entre Ríos sí, entre represas no”.

La movilización popular fue logrando lo que parecía difícil. El rechazo a la represa ganó adeptos. El Intendente y el Gobernador cambiaron su aprobación inicial y, ante la inminencia de las elecciones (1997), se sumaron al rechazo. Finalmente, poco más de un año del anuncio del gobierno nacional, el proyecto fue archivado.

El 25 de septiembre de 1997, por impulso de las organizaciones socioambientales, la Legislatura de Entre Ríos sancionó la Ley 9092/97, conocida como Ley Anti-represas. En su artículo 1 señala: “Declárase a la provincia de Entre Ríos libre de nuevas obras de represamiento sobre los ríos Paraná y Uruguay”. En su artículo 2: “Declárense los ríos y demás cursos de agua de la Provincia bienes de la naturaleza y recursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible, en particular en lo referido a la calidad de las aguas, cantidad, distribución y uso jerarquizado, como al sustento de la biodiversidad”.

 

 Ecocidio y violación de derechos

Las represas Condor Cliff y La Barrancosa (antes llamada Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) están ubicadas sobre el río Santa Cruz, entre el centro geográfico de la provincia y la costa este. Condor Cliff está ubicada a 170 kilómetros de la localidad de El Calafate. La Barrancosa está situada a 130 kilómetros de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Se trata de un proyecto hidroeléctrico de larga data (1920). Recién en 2007 el proyecto tomó impulso con la firma del convenio entre Provincia y Nación. En 2012 se llamó a licitación y en 2013 fue adjudicada. En junio de 2019, el Gobierno difundió un avance de obra del 14 por ciento.

Foto: La Tinta

Catorce comunidades mapuche tehuelche de la provincia de Santa Cruz llevaron adelante un amparo judicial en 2017 ante el Estado argentino por la afectación de territorio ancestral sin realizar la consulta previa, libre e informada, ni participación indígena, según lo establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Se trata de las comunidades Lof Fem Mapu, Camusu Aike, Lof Millanahuel, Kopolke, Limonao, Newen Mapu, Willi Mapu, Kiufique Kimun, Kiñe Rakizuam, Newen Mülfün, Francisco Vera, Aitue, Millaqueo. Las comunidades afirmaron que la construcción de las represas produce daños irreversibles para la identidad cultural y la memoria de los pueblos originarios, ya que afecta su cosmovisión, su costumbre y el entorno de la naturaleza y la biodiversidad provocando el desequilibrio.

El juez subrogante del Juzgado Federal de Río Gallegos, Aldo Suárez, ordenó en octubre de 2017 que se convocara a una mesa de diálogo (en un plazo de veinte días) para garantizar y materializar el inicio del proceso de consulta previa, libre e informada, tal como sostiene el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, las obras de la represa continúan, y las comunidades indígenas no tuvieron respuesta favorable a sus peticiones.

Además de violar los derechos indígenas, la obra también vulnera la Ley General del Ambiente (25.675), que establece el principio precautorio: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

La UTE (Unión Transitoria de Empresas) a cargo de la construcción está conformada por la empresa estatal china Gezhouba Group Company Limited, que aporta la mayor parte del capital, y las empresas argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo.

En rechazo a las hidroeléctricas también se conformó la organización “Río Santa Cruz sin represas”, que denuncia dos aspectos principales: la intervención sobre ese curso de agua se trata de un “ecocidio” y aseguran que además no son rentables económicamente.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) impulsó, junto a otras ONG, la realización del documental “Matar al río”, donde detalla todos los aspectos ambientales que serán afectados. Y también publicó el informe “Falsas promesas”, referido a las obras sobre el río Santa Cruz. Detalla que no generará las fuentes de trabajo prometidas (solo 108 personas luego de la construcción), no habrá desarrollo económico local, será una estafa económica (el estado provincial se endeuda a razón de 15.000 dólares por habitante y sólo podrá recuperar –finalizada la obra– a razón de 88 millones de pesos anuales).

“El aprovechamiento hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz responde meramente a compromisos financieros con China (…) más que a genuinas prioridades energéticas y ambientales. Estas últimas deberían ser consensuadas estratégica y participativamente entre todos los argentinos, en lugar de sacrificar los recursos naturales”, señala en sus conclusiones el informe de FARN y sentencia: “Este proyecto implica la profundización de un proceso que resulta en la hipoteca de los recursos naturales del país, con el fin de sostener una relación asimétrica con una potencia mundial, generando así energía a cualquier costo”.

 

 

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