Por Juan Meza
En el Pabellón N°1 de la Unidad Penitenciaria 17 de Urdampilleta, ruta 65, partido de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, contaba con 37 personas privadas de su libertad en huelga de hambre. Después de 14 días decidieron levantar la medida, sus reclamos han sido escuchados.
El 23 de abril 37 personas privadas de su libertad iniciaron huelga de hambre. A partir de su reclamo el miércoles pasado decidieron levantar la medida que habían tomado porque «los papeles se comenzaron a mover», contó Patricio, uno de los detenidos que realiza la huelga, a Ancap. La Cámara de Casación Penal había recomendado a los tribunales inferiores dar facilidades a las prisiones domiciliarias de los detenidos para evitar la propagación acelerada del COVID-19. La Corte Suprema de Justicia bonaerense anuló esta medida por lo que 37 personas decidieron comenzar con la huelga de hambre pacífica.
“En el marco de una mesa de diálogo en la que participe, y considerando que las decisiones que recaen sobre las condiciones de cumplimiento de prisiones preventivas y condenas basadas en razones de preservación de la salud de las personas privadas de libertad, son consideradas por las juezas y jueces con competencia penal y de ejecución caso por caso, tomando en cuenta las disposiciones de la Constitución nacional y la legislación vigente», decía el escrito de la jueza Adriana Raquel Bianco, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 del Departamento Judicial de Azul, enviado al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. También hizo llegar una copia al penal de Urdampilleta por lo que quienes estaban realizando la huelga decidieron levantar la medida entendiendo que su reclamo había sido escuchado.
Las cárceles en todo el país sufren un desabastecimiento de artículos de limpieza e higiene esencial para evitar la propagación del coronavirus de manera acelerada. Las condiciones de hacinamiento y la sobrepoblación de personas hace que sea un caldo de cultivo para que el virus se reproduzca. Las autoridades judiciales encuentran entre sí posturas diferentes y no hay acuerdo en poner primero la vida de las personas por delante de la opinión pública.