Por Clara Montenegro
Con la Legislatura vallada y con una movilización en puerta, el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta consiguió la aprobación del proyecto de ley para la Emergencia Económica y Financiera sin los votos del Frente de Todos y la Izquierda. Con el apoyo de los bloques de Vamos Juntos, el Partido Socialista, UCR-Evolución y GEN, alcanzaron los 38 votos afirmativos que declararon el estado de emergencia que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.
Mencionábamos en este mediolas polémicas que generó el proyecto de ley presentado por el ejecutivo porteño por sus medidas que le permitía tener flexibilidad absoluta para modificar y redistribuir las partidas presupuestarias, sin especificar dónde se destinarán los recursos financieros. También la posibilidad de impedir nuevas designaciones de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento; la prohibición del incremento de cargos en las estructuras orgánico funcionales; el recorte de un 35% del presupuesto del Instituto para la Vivienda y la utilización del fondo fiduciario para viviendas sociales y el impedimento para que los empleados públicos reciban retribuciones económicas extraordinarias.
En un intento de calmar las aguas, se suprimió el artículo que permitía la remisión de cronogramas de pago escalonado y/o referido de haberes de las nóminas salariales de los empleados públicos, es decir el pago en cuotas de sus salarios. Este proyecto, vanagloriado por el oficialismo porteño, sigue siendo un gran foco de protesta de las y los trabajadores del Estado que insisten en que la crisis económica causada por la pandemia no la pueden pagar con el sueldo de los laburantes. “Si bien tenemos un gran alivio porque pudimos lograr que se saque el artículo 19 del pago escalonado, tenemos un ojo puesto en que
la baja de contrataciones no implique el corte de contratos laborales precarios. Para nosotros continúa el estado de alerta porque no vamos a permitir despidos y la discusión es que la emergencia debe ser financiada por el impuesto a la riqueza, no con nuestros salarios”, expresó Humberto Rodríguez del Consejo directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado.
Este proyecto reafirmó una vez más el compromiso de Larreta con los que más tienen: en vez de aumentar el impuesto a las riquezas a las entidades financieras, los bancos o los puertos, pretendía quitarle a las y los trabajadores. Desde la Unión de los Trabajadores por la Educación, Angélica Graciano expresó: “Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestros derechos y velando por que se cumplan las obligaciones que tiene el Estado asumidas por la constitución y por todas las leyes, porque que estemos en cuarentena no implica que estén suspendidas las garantías constitucionales. No estamos en un estado de excepción, estamos en una situación de aislamiento, por lo tanto vamos a seguir reclamando y haciendo las denuncias pertinentes”.
El Frente de Todos argumentó que ésta ley no contempla a los sectores vulnerables y que no incluye medidas concretas para los sectores productivos afectados. Por el contrario, propusieron programas de refuerzo alimentario para los sectores afectados y protocolos específicos en los barrios populares, además medidas de protección para el trabajo y la producción, aunque no especificaron cuáles serían.
Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, durante la sesión expresó que “están en contra
de quienes funden virreinatos y de que la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo”. Y
desde el bloque propusieron: un impuesto a las grandes riquezas y el no pago de la deuda externa; un salario de cuarentena que contemplaría 30 mil pesos para los trabajadores que en este contexto hayan perdido su trabajo o tengan la imposibilidad de asistir al mismo; la unidad de la medicina privada y pública, para ponerla al servicio de atender a todos; y la utilización pública hoteles y viviendas ociosas para poder aislar realmente a los sectores vulnerables.
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