Por Federico Paterno
Agustín Olivera (“el Negro”, 26 años), Oscar Aredes (19 años), y Roberto Argañaraz (24 años) eran tres jóvenes de Ingeniero Budge, localidad del partido de Lomas de Zamora. En la intersección de las calles Guaminí y Figueredo, fueron asesinados por la Policía Bonaerense el 8 de mayo de 1987 con más de 30 disparos, desde las fuerzas simularon enfrentamiento. Tiempos donde el aparato represivo del Estado estaba inmerso dentro de los resabios de la última dictadura militar. La masacre de Budge, es conocido como el primer caso de gatillo fácil.
Juan Ramón Balmaceda, Jefe de calle del lugar y los Cabos Isidro Romero y Juan Alberto Miño cumplían su turno en la comisaría nro 10 de la zona, cuando llegó el llamado del hijo de la dueña del bar La Angiulina, dónde habían estado los tres jóvenes. La comunicación con la comisaría fue por la rotura de un vidrio que se había producido tras el portazo que pegaron luego de un entredicho con la dueña. La esquina dónde ellos se juntaban de manera cotidiana a compartir una cerveza fue el lugar de la masacre. Los sonidos de balas de pistola 9mm y el ruido de ametralladora fue el estruendo que anticipó la oscuridad que se presentaba, ésta balacera mató a dos de ellos, uno seguía con vida pese al fusilamiento, era Roberto Argañaraz, que según contó el periodista Ricardo Ragendorfer, en ese momento sólo tenía herida una pierna. Después apareció en un zanjón con 18 orificios de bala. Para terminar la escena impune y sangrienta, los policías fueron quienes plantaron las armas junto a los cuerpos.
La Comisión de Amigos y Vecinos (CAV) de las víctimas asesinadas,es quién luchó incesantemente para que no triunfe la impunidad.Asambleas multitudinarias que estuvieron volanteando, difundiendo lo ocurrido en todo el barrio, y organizándose para pedir justicia. La violencia institucional, el aparato represivo del Estado, tenía que tener un freno. Esa respuesta popular del barrio apareció para hacer visible la represión policial y la violación de derechos humanos. León “toto” Zimerman fue el abogado de las familias, militante del Partido Comunista, miembro fundador de CORREPI e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) y junto a Alfredo Bravo cofundador de CTERA; una frase que se destaca de él es: “Los Derechos Humanos son los derechos que tiene el pueblo a hacer la revolución”. El otro abogado, fue Ciro Annicchiarico.
En el año 1990 llegó el juicio contra los asesinos. En ese juicio Balmaceda y Miño, fueron condenados a cinco años de cárcel, mientras que Romero fue acusado como asesino del joven Argañaraz y se le dictaminó 12 años de prisión. Hubo un segundo juicio en 1994, dónde fueron los tres sentenciados a 11 años. A pesar de las condenas, los tres estuvieron prófugos. Romero fue detenido recién el 9 de octubre de 1998, Miño el 19 de septiembre de 2006, mientras que a Balmaceda, la policía recién lo detuvo el 2 de noviembre del mismo año.
Agustín, Willy y Oscar fueron fusilados, éste hecho pasó a la historia cómo la masacre de Budge. El gatillo fácil de la Bonaerense, tuvo con el paso de los años una advertencia para la impunidad y un informe detallado de cómo se infiltraron dentro de la organización popular, la apertura de archivos de la DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) que lograron empujar desde la Comisión Provincial por la Memoria. «Estos legajos, indican cómo la DIPPBA puso especial atención en perseguir a los familiares de las víctimas, acompañadas por la Comisión de Amigos y Vecinos de la Masacre de Budge. Son innumerables los informes que dan cuenta de ello, detallando quiénes asistían a cada marcha, los discursos que se daban, y hasta conversaciones que mantenían algunos de los manifestantes mientras caminaban. Había un infiltrado para cada movilización, para cada asamblea o reunión en el barrio», informaron desde la CPM.
La violencia del Estado contra les pibes de las barriadas populares es un problema que no entra en la agenda de los Gobiernos. El Estado mata, suena como frase hecha, sin embargo es real, hay 1.303 personas que fueron asesinadas entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, un asesinato policial cada 21 horas, y 6564 muertes por las fuerzas de seguridad desde 1983 hasta diciembre del 2019, según informó CORREPI.