Por Federico Paterno
Los policías Saenz Lozada, Machado y Arce junto a sus efectivos, se ubicaron el sábado 19 de julio de 1924 en la zona de Quitilipi (Chaco), en los alrededores de las tolderías donde estaban los trabajadores indígenas. Comenzaron las ráfagas de balas y daba comienzo a una de las peores masacres cometidas contra indígenas de nuestro país. Saquearon las pertenencias, asesinaron y persiguieron. Después de casi un siglo los pueblos qom y Moqoit pueden tener un aire de justicia. Esta masacre obtuvo un fallo histórico la última semana. El Estado, deberá pagar al pueblo Qom 375 millones de pesos por indemnizaciones y poner en agenda inversiones para el desarrollo de las comunidades del lugar. La cantidad de víctimas entre niñes, ancianes y hombres y mujeres asciende a 1500.
También fue conocida como la matanza del algodón. Fernando Centeno, fue el gobernador de ese momento y responsable político de esta masacre.
La masacre dejó cadáveres que fueron arrojados en pozos de agua. Fueron 90 días de búsqueda para fusilar a quienes habìan podido ocultarse en el monte. El maltrato y las condiciones esclavas de trabajo fueron razones para comprender el reclamo de los indígenas ante la explotación recibida por parte de los terratenientes. La huelga fue su modo de lucha y surge a partir de qué se dispusiera un descuento de 10 pesos por tonelada de algodón en concepto de flete, sumado al 15 % ya descontado a cada uno por lo cosechado. El extranjero se llevaba 250 pesos por tonelada de algodón mientras que el indígena debía conformarse con 196 pesos. Estos manejos de explotación económica más los maltratos que recibían a nivel humano fueron factores determinantes para las medidas de reclamo.
La policía de Quitilipi advertía en ese momento que podría darse una revuelta indígena, esa fue la estrategia para poder avanzar con una salvaje represión. Las fuerzas del Gobernador Centeno, manifestaron que los indígenas tenían revólveres, escopetas, cuchillos, Winchesters y lanzas. Todas falacias para justificar la masacre por venir. El diario “La Razón” tras una entrevista que le realizó a Centeno aseveró que “Le rogaban que se reprimiera sin contemplación los desmanes indígenas”. La masacre fue un hecho y la persecución fue sangrienta.
Las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, son quienes dictaminaron este fallo que trae un viento de justicia para estos pueblos tan olvidados dentro de la historia argentina. La asociación civil La Matanza, litiga desde el 2004 en esta causa y en diálogo con Página 12 afirmaron “Es inédito porque lo lleva adelante un pueblo indígena, y porque la sentencia se da cuando ha transcurrido casi un siglo de la tragedia y aún así, se ordena una reparación de la lesión”.
Desde la asociación civil La Matanza, se espera que el Estado apele el fallo. La masacre de Napalpí a partir de este dictamen, es reconocida como un crimen de estado, genocida y de lesa humanidad.
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