Por Redacción ANCAP
Reconocimiento facial del Congreso con cámaras de seguridad, drones en las barriadas populares para investigar a los indignados de no poder más con esta situación social, con un Ministerio de Seguridad allanando casas en Guernica y criminalizando a movimientos sociales y de trabajadores. Lo sufren entre otros el Movimiento Teresa Rodríguez “histórico”. No es nacional ni popular, es criminalización de la protesta social.
Desde la Gremial de Abogados denunciaron cómo Oscar Santillán, integrante del MTR histórico fue detenido por lo acontecido en el Congreso: “Oscar fue detenido originalmente por daño, incendio, y resistencia a la autoridad, hasta ahí todo normal. También lo acusan de asociación ilícita y esto le deniega su excarcelación. Lo acusan de ser parte de una organización donde el objetivo es cometer delitos determinados”. Parte del relato ficcional borgiano. Otro de los datos sobresalientes de todo esto es la actual persecución que ahora sufre el dirigente social Roberto Martino indicado como supuesto jefe de esta “banda”.
Oscar fue el primer detenido de la Policía Federal, el día 15 de marzo se produjo un allanamiento en Florencio Varela, en el local del MTR, según informó la Revista Crísis, en ese momento se llevaron del lugar computadoras, teléfonos, listados de integrantes de las organizaciones, banderas y remeras que los identifican. Por otro lado fue también detenido Jaru Alexander Rodríguez Carrero de la organización barrial Cuba MTR, este joven es migrante venezolano, estudiante de sociología y militante de los barrios populares. Fue detenido en su domicilio del barrio de San Isidro. Su abogado Martín Alderete que integra la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), advirtió en los últimos días “No tiró piedras al Congreso, no hay elemento para pedir la prisión preventiva” y aclaró “La gente que empezó a tirar piedras no estaba con el joven, él filmó la secuencia con su celular“. El comunicado que publicaron los amigos y compañeros de Jaru señala: “si todo esto se resolviera en función de argumentos jurídicos, Jaru estaría en libertad y nunca hubiera sido detenido. Es evidente que las sentencias no son influidas por las pruebas sino que por la clara presión política y mediática. Están arruinando la vida de un inocente con el clarísimo fin de criminalizar la protesta y dar un mensaje de escarmiento. Necesitamos ayuda para difundir lo que está sucediendo, la vida y la libertad de nuestro amigo está en juego”.
Desde Venezuela se extendió el pedido de liberación del joven venezolano, la Coordinadora popular Simón Bolívar de Caracas expresó: “Se trata de un militante del campo popular y no tiene nada que ver con los hechos de violencia de los que se lo acusa. Es un montaje. Estuvo en la marcha pero no estaba destrozando nada ni participando de vandalismo”.
Acá está en juego una nueva manera de criminalización de la protesta social en contra de la organización popular, por ser parte de tal o cual organización o por lo que se pueda pensar. La ex Presidenta Cristina Fernández en un video que subió a sus redes sociales construyó una ficción que se elevó a un gran nivel literario. Las protestas por el alza de conflictividad social que deriva de una fragmentación enorme del tejido social, genera esas reacciones como la que vimos en el Congreso que nada tiene que ver con un ataque planificado a nadie. No obstante esto, muchos medios sostuvieron esa teoría de la conspiración y la replicaron hasta el hartazgo.
Juan Zabaleta, Ministro de Desarrollo Social, afirmó a través de un twit que uno de los detenidos tenía desde el año 2018 un plan de cooperativas de trabajo, bajo el marco de los Potenciar Trabajo, decidió arbitrariamente darle de baja a su plan y marcarlo con esta medida de “disciplina”, sin claridad siquiera de qué pasó con el detenido. “Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de @CFKArgentina era beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja. La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta”, twiteó el Ministro justiciero.
En la zona de Guernica sobrevolaron drones para hacer inteligencia en las barriadas donde buscan allanar las casas de más militantes que estuvieron en las jornadas de los disturbios en el Congreso de la Nación. También ocurrió en las zonas de Lomas de Zamora, El Pato y Quilmes. Policías infiltrados que llegan a estos barrios haciéndose pasar por lo que no son para lograr el cometido de recabar información y poder acceder a los militantes sociales que buscan. Deberíamos preguntarnos cómo es posible que en la actualidad haya este nivel de persecución, sin claridad de nada, con redes sociales como fuente y una identificación de rostro que hacen cámaras que aún no sabemos ni donde están ubicadas en la zona del Congreso.
La causa se tramita en el Fuero Federal y está a cargo de la jueza María Eugenia Capucetti. Por el momento se encuentra bajo secreto de sumario.
La construcción de este relato es sólo la única mirada que pueden poner para esquivar la debacle social que ya está en camino. Un acuerdo con el FMI que legaliza la estafa de Macri y un Alberto Fernández que anuncia guerras y no tiene una sola bala, parte de la dirigencia política se revolea con cartas de intelectuales, y mientras tanto no se ve, no se escucha y no se hace nada por quienes mas precisan que se acabe el protagonismo personal y se active una solución para quienes ya no dan mas. A Todo esto, la Ex Presidenta es querellante en una de las cusas que se abrió por los incidentes en el Congreso, mientras tanto continúa montado el teatro antidisturbios.
Foto de tapa: Matias Baglieto.