Por Máximo Paz, para ANRed.
Se trata de unos de los sucesos que conmovieron a la democracia argentina, cuando una bala de plomo ejecutada desde el arma de un policía dio por terminada la vida del obrero Víctor César Choque. El hecho ocurrió el 12 de abril de 1995, en la ciudad de Ushuaia. Un violento marco represivo se desató a partir de la quiebra de la empresa donde trabajaba el obrero. La multitud trabajadora fueguina se levantó, pidió justicia y la consiguió hasta donde pudo. Cuando se atraviesa la historia argentina desde por lo menos los últimos 50 años, una certeza se asoma, ineludible: los indicadores sociales sobre las condiciones de vida de la población parecen caer en picada libre y, en consecuencia, la pelea de la clase trabajadora por su superviviencia surge en todas sus formas hasta la actualidad. El obrero Víctor Choque se inscribe, a sangre y fuego, en ese proceso. De ahí la recordación necesaria de su figura y repudiable destino.
El 10 de diciembre de 1983 asumió como presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Bajo el latiguillo discursivo “Con la democracia se come, se educa y se cura”, el candidato radical tuvo la cualidad de renovar las esperanzas en algún proyecto político luego de la intervención de la agotada dictadura cívico-militar.
Pero el proceso decadente argentino escapó a la lógica dictadura-democracia y los índices sociales a la baja continuaron. Cuando no hay nada para ofrecer, el estado agudiza el enfrentamiento y dispone la violencia a través de su personal específico.
Democracia y represión
Para enero de 1986, hubo un violento ataque contra los asistentes a una marcha en repudio al banquero David Rockefeller. La misma dejó como saldo una perdigonada de bala de goma disparada a menos de un metro de distancia a un militante comunista. Para noviembre del mismo año, la Federal tiró gases y balas de goma e hirió a 26 estudiantes a partir de los incidentes desatados en la Facultad de Filosofía y Letras provocados por la propia presencia policial en el establecimiento.
Todo pareció un ensayo general para el escenario mayor: en mayo de 1989 fueron asesinadas 14 personas, secundadas por 80 heridos. Una de las víctimas, Roberto Segovia, tenía 9 años. La información oficial indicó que murió “en un enfrentamiento con la policía”. Lo cierto es que se comprobó que el niño tenía una herida de bala de goma en la cabeza. La masacre se desarrolló en el marco de los saqueos a comercios perpetrados por el hambre, hiperinflación mediante.
Retirado Alfonsín por la puesta trasera de la Casa Rosada, el cargo de mandatario principal pasó al peronista Carlos Saúl Menem y su propuesta: “Síganme, que no los voy a defraudar”. Su derrotero violento se describe desde muchos ángulos.
Un suceso recordado trae a Norma Plá, la jubilada que, junto con otros y otras, para junio de 1991, organizó un acampe frente al Palacio de los Tribunales de la CABA. Mientras el súper ministro de la convertibilidad, Domingo Cavallo, lagrimeó ante los medios por la situación de las y los pasivos, un feroz desalojo recayó sobre ellos y ellas. Eduardo Duhalde, por entonces vice, justificó el desalojo violento argumentando que no creía “en una democracia tan permisiva”. Lo que más molestó a Duhalde fue que los jubilados llevaran “una vaca a una plaza pública”.
El 12 de marzo de 1992, la policía reprimió a gremialistas y usuarios del servicio ferroviario durante una protesta en los andenes de Constitución. En julio de 1993, el accionar represivo apareció sobre personas en situación de pobreza extrema que ocuparon predios en el barrio porteño de Belgrano con el fin de levantar viviendas precarias. El Ejecutivo ordenó desalojos sin orden judicial.
El 7 de septiembre fue desalojado en un operativo nocturno el edificio de las bodegas Giol, en Palermo. Según relató el diario La Razón, en el operativo actuaron “50 efectivos policiales sin exhibir orden judicial”. Los jubilados, por su parte, volvieron a ser centro de la represión, esta vez en la marcha de los miércoles frente al Congreso de la Nación.
En noviembre y diciembre, las movilizaciones y la represión tuvieron como escenario a Santiago del Estero. Se trató de la primera “pueblada” en los ‘90. En una provincia donde el empleo público era predominante, el déficit fiscal de 1993 fue tal que en diciembre se adeudaron los salarios estatales por tres meses.
La “solución” del gobernador Carlos Aldo Mujica fue una ley ómnibus que declaró en disponibilidad a todos los trabajadores estatales, despidiendo, entonces, a quienes tuvieran menos de un año de antigüedad, mientras bajó los salarios a los niveles de dos años atrás. La UCR apoyó la iniciativa en la Legislatura.
El 16 de diciembre, luego de que las y los trabajadores de la salud cobraran el primer salario con los descuentos de la ley detonó una enorme movilización de sectores en lucha en la Casa de Gobierno, que terminó incendiada. La misma suerte corrió para los Tribunales, la Cámara de Diputados y los caserones de distintos funcionarios.
El Gobierno nacional, con el apoyo de los radicales y del Frepaso, intervino la provincia. El interventor fue Juan Schiaretti, entonces mano derecha de Cavallo y hoy gobernador de Córdoba.
En la contienda hubo decenas de detenidos, 30 civiles heridos y cinco uniformados con lesiones.
El 28 de mayo de 1994, la represión se instaló en el sur, en Río Grande. En la madrugada, 200 policías desalojaron con gases, bastones y balas de goma a 60 metalúrgicos que ocupaban la planta de la empresa Foxman Fueguina. “Mi policía no reprime”, afirmó el entonces gobernador de Tierra del Fuego, José Estabillo, quien se encontraba en Buenos Aires. El gobernador mintió.
Víctor César Choque
El afligido aniversario del primer muerto en una represión sobre una manifestación obrera desde la instauración de la democracia sucedió allí, en la provincia austral de Tierra del Fuego, en 1995, cuando una bala de plomo cruzó la vida del trabajador de la construcción Víctor César Choque.
El crimen ocurrió dentro de los acontecimientos perpetrados por las fuerzas policiales de la provincia, más la ayuda nacional proporcionada por Gendarmería Nacional, quienes desataron una acción represiva que sobrepasó el cuerpo laboral que enfrentaba sus circunstancias: los empleados de la empresa Continental Fueguina S.A., una de las compañías que optó por presentar la quiebra y despedir a trabajadores en aquel momento.
Es que la quita de subsidios sobre el plan de quiebre de empresas poco eficaces por parte de la brújula menemista en los ’90 recayó sobre Tierra del Fuego y sus empresas. Y la patronal sobre sus asalariados. La necesidad última de quién no tiene otra cosa que un sueldo a fin de mes casi obligó al desesperado reclamo.
Allí, el objetivo policial ordenado, junto con la Gendarmería, fue una sanción atroz a los obreros, que ya habían tomado, a modo de protesta, su lugar de trabajo. La responsabilidad represiva estuvo montada en la utilización de más de 300 efectivos, cachiporras, gases, balas de goma y plomo.
Mientras se desplegaban los detenimientos y caían los heridos, el policía Félix Polo cruzó de un balazo a quién se convertiría en la figura que conmocionó al grueso de la población: Víctor Choque, que con 37 años y de origen salteño, había perdido la vida.
Una multitud marchó hacia la dependencia policial para pedir por los detenidos y, luego, al edificio de la gobernación para solicitar explicaciones al plan represivo montado por José Estabillo, el vicegobernador Miguel Ángel Castro y el ministro de Gobierno Fulvio Baschera. A su vez, las bases laboriosas desbordaron al quieto sindicato de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) para forzarlos a decretar un paro provincial.
La represión fue salvaje, y los gases y las balas continuaron hacia el fin de la noche.
La jueza María Cristina Barrionuevo, a cargo de la causa, pudo incautar las armas de los uniformados que intervinieron en aquella cruzada irracional. También se trasladó a Salta y pasó a exhumar el cuerpo fallecido. Allí pudo dar con la munición que causó la muerte para confrontarlo con los distintos surcos de las cánulas de las armas de fuego decomisadas. A través de su investigación, la magistrada logró precisar, en concordancia con las pericias, que el plomo que asesinó a Víctor Choque fue accionado por el agente Polo.
En noviembre, el vigilante fue enjuiciado por homicidio simple y la jueza ordenó la traba de embargo por 50 mil pesos sobre sus bienes. También se confirmó la prisión preventiva. Al fin, Polo, fue condenado a nueve años de prisión, mientras se dictaron penas mínimas al sargento primero Rafael López y al cabo primero Carlos Flores.
Por su parte, Estabillo nunca fue condenado por decidir aquella reprimenda y volvió a ser escogido, a los pocos meses, como gobernador provincial. Su derrotero lo puso luego a presidir el Fondo de Infraestructura Regional por mandato de los sucesivos gobiernos kirchneristas. Como moneda que cae del aire, el responsable del crimen social que se cobró la vida de un trabajador, se encontró, luego, dentro de la militancia de aquél rejunte macrista Juntos por el Cambio, hoy Juntos.
La quebrada empresa Continental Fueguina S.A., a pesar de fijar su quiebra en 1995, volvió a la producción al poco tiempo, mientras muchos de los trabajadores que sufrieron aquella cruel represión estatal quedaron con secuelas insalvables y la consiguiente imposibilidad de continuar con su vida normal.
Y la cosa siguió
En abril de 1997, en Cutral-Có, fue asesinada de un balazo policial la empleada doméstica Teresa Rodríguez. El gobernador de Neuquén, Felipe Sapag, insistió en culpar a la “inflexibilidad de sus reclamos por parte de los docentes”, que habían encabezado la protesta. La policía negó toda participación en el crimen. Al tiempo se comprobó que “varios policías estaban disparando con armas de fuego”.
A solo siete días de asumir el gobierno de la Alianza, en diciembre de 1999, en Corrientes, hubo dos muertos, 50 heridos y 28 detenidos mediados por la acción de los gendarmes. En noviembre de 2000, en Tartagal, fue asesinado de un disparo en la cara el piquetero Aníbal Verón.
Las casi cuatro decenas de homicidios en todo el país ocurridos el 20 y 21 de diciembre de 2001, durante las movilizaciones populares que provocaron el fin de Fernando de la Rúa como presidente, se trataron de uno de los hechos de mayor impunidad de la historia represiva democrática.
Caído De la Rúa, apareció Duhalde y con él, los asesinatos de los activistas Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, casi como una prolongación de las llamas aún vivas del 2001 y la sed de apagarla por parte del estado.
Entre 2003 y 2015 bajo la sombra del kirchnerismo, la cuestión represiva no pareció amenguarse. Mismo, en 2012, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), publicó un estudio donde contabilizó a cerca de 5 mil activistas procesados por luchar. Los asesinatos también aparecieron. Un caso emblemático se trató de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero que defendía el pase a planta permanente de los tercerizados del Ferrocarril Roca y que fuera asesinado por una patota de Pedraza, el empresario sindical que le daba cursos de formación a La Cámpora.
Los asuntos oscuros también sacudieron al gobierno. Un punto clave se trato de Jorge Julio López, quién desapareciera dos veces, una en dictadura y otra en democracia, esta última, sobre septiembre de 2006, sucedió cuando estaba declarando contra el represor Miguel Etchecolatz. Igualmente en 2006, otro suceso que trascendió se trató del conocido como el de “Los mineros de Las Heras”, quienes fueron imputados por el asesinato del oficial José Sayago, caído mientras se desarrollaba una protesta y que fueran condenados con prisión perpetua a Ramón Inocencio Cortez, José Rosales y Hugo González con pruebas falsificadas. “Esta injusticia histórica en la Argentina puede compararse con la condena sufrida por los mártires de Chicago, esos luchadores por las sagradas ocho horas de trabajo”, declaró en su momento el periodista Osvaldo Bayer al respecto.
Para abril de 2007, fue el lamentable turno para Carlos Fuentealba, docente argentino asesinado por la espalda a quemarropa por un policía de la provincia del Neuquén durante un contexto de represión y abuso de poder por parte de las fuerzas policiales.
Los casos se reproducen y aparecen: como el de Daniel Solano, obrero que fue a cosechar frutas a Río Negro y terminó desaparecido luego de protestar porque no le pagaban lo acordado. O Cristian Ferreyra, baleado cuando intentó resistir el desalojo de un campo de la comunidad Lule-Vilela en Santiago del Estero.
Sobre la estampa de la represión política presente asoma, casi todavía presente, Santiago Maldonado y la cacería desplegada por el patagónico Río Cushamen por parte de la Gendarmería en agosto de 2017. También Sebastián Romero, César Arakaki y Daniel Ruiz circundan el paradigma macrista a partir de sus causas judiciales establecidas desde el hecho de la protesta.
Hoy por hoy, Sebastián Copello, dirigente del Partido Obrero y el Polo Obrero de la provincia de Jujuy y Juan Chorolque, dirigente del MTR 12 de Abril, se encuentran apresados bajo la mirada atenta del Gobernador Gerardo Morales.
La evolución del desempleo, el desplome de los salarios y el desmejoramiento de las condiciones de vida del reciente período histórico muestran una vertiente decreciente. Víctor César Choque, el primer obrero asesinado en el marco de una protesta en democracia, se inscribe sencillamente dentro de la historia de la clase obrera que salió a pelear para que ello no ocurra y por ello se le brinda su oportuna recordación.
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