Cobertura colaborativa Agencia Tierra Viva, Anred, Revista Cítrica y Ancap.
Por ANRed
Según los estudios y relevamientos, la tasa de deforestación en la provincia de Misiones ha disminuido debido a la aplicación de la Ley de Bosques y el interés por la biodiversidad. Sin embargo desde las comunidades originarias que allí residen señalan que se oculta el fenómeno de la plantación de pinos, que ha provocado la sustitución del monte nativo. A pesar de las denuncias, falta control por parte de los organismos y el Estado, no se han implementado políticas concretas para frenar la deforestación ilegal. Hay un negocio en torno a la madera extraída ilegalmente. Para contarnos cómo es el panorama sobre el avance de la deforestación en territorio ancestral Mbya guaraní, entrevistamos a Roxana Rivas abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen y miembro del equipo misionero de Derechos Humanos Justicia y Género.
¿Cómo es la situación ambiental en relación a la deforestación a nivel general en la provincia?
La provincia viene en teoría con una disminución de tasa de deforestación en términos generales, esto tiene que ver con la aplicación de la Ley de Bosques, con la declaración de la provincia como de interés por la biodiversidad y también hay que decir que en este último tiempo tiene en cuenta el negocio que están siendo los bonos verdes (bonos establecidos en el Acuerdo de París en 2015 para financiar proyectos sustentables que tienen como parámetro preservar el medioambiente). Entonces por ahí se muestra un cierto atisbo de que se está frenando la deforestación.
Sin embargo, la realidad es que cuando se habla de los procesos de deforestación en la provincia también se oculta mucho este fenómeno con el paradigma que se utilizó hace mucho tiempo y que fue además una propaganda política para hablar de la plantación de pinos como forestación. En realidad lo que hubo fue una sustitución importante de lo que es la selva y el monte nativo a partir de la extensiva plantación de los pinos que son principalmente de propiedad de la multinacional Arauco, que antes era Alto Paraná, que es una de las empresas con las que nosotros generalmente tenemos conflictos en la defensa de los territorios.
En términos generales están haciendo bandera con la aplicación de la Ley de Bosque, la recuperación de zonas o la inmovilización de zonas entre comillas asignándoles este valor por zonificación que hace que una parte del monte sea plausible de algún tipo de actividad forestal o ganadera o cambio de suelo, como se dice, y cuáles no.
-¿Cuál es el control que realiza el Estado de estas actividades productivas?
Lo que venimos trabajando en el territorios es que hay una ausencia bastante notoria de los organismos de control, entonces más allá de la deforestación autorizada que muchas veces existe y en las cuales muchas veces nosotros intervenimos frenando por un sinfín de situaciones, lo cierto es que en las zonas conviven la actividad extractivista que son de estas grandes empresas y también la furtiva. En la zona de San Pedro por ejemplo, que sería la zona norte o Alto Paraná, el desmonte es una cosa absolutamente incontrolable a pesar de las denuncias que se vienen haciendo y es sobre monte nativo, eso es un fenómeno que no sé si está siendo evaluado porque se supone que el Ministerio de Ecología que es el que debe controlar esta cuestión y lo hacen en teoría a través de sus mapeos satelitales, no da información cierta sobre eso, lo que significa que ahí no interviene ningún organismo para su autorización o control sino es puramente furtivo.
Es notoria la ausencia del Estado porque a pesar que se denuncien y se hagan todos los reclamos habidos y por haber, no hay una política pública concreta para frenar esto. El problema es que esta madera sin registrar circula en camiones y hay todo un negocio alrededor de eso.
¿De qué manera intervienen ustedes junto a las comunidades frente a esta situación de desmonte?
Las comunidades Mbya guaraní que viven en la provincia son la única etnia que mayoritariamente residen dentro de territorios en los que todavía hay cierta cantidad de monte nativo.
Entonces el control que nosotros hacemos del desmonte, de la deforestación, viene a partir de la denuncia que las comunidades hacen. De hecho ellos son los verdaderos efectores de ese control, y en nuestros casos, por ejemplo, los conflictos más importantes que venimos trabajando son con empresas como Carba y Arauco. Estas empresas son multinacionales conocidas, que tienen diferentes inversiones en la provincia. Por ejemplo: Carba, que es una empresa que en otros lugares del país, como Mendoza, Córdoba, tienen mineras, en la provincia de Misiones tienen una actividad forestal muy ínfima en relación a lo que sería Arauco. Por ejemplo, tienen grandes extensiones de territorio de monte nativo, que es sumamente apreciable y en la cual además conviven con las comunidades indígenas que reclaman y reivindican estas extensiones como su territorio ancestral. Muchos tienen inclusive los relevamientos territoriales que otorga la Ley 26.660 de emergencia territorial indígena.
Entonces, en este escenario donde convive una empresa que tiene un título registral y las comunidades que tienen su relevamiento territorial, tenemos más herramientas para la defensa, porque como es monte nativo, toda actividad que se desarrolle dentro de ese territorio debe ser a través de un proceso que se lleva adelante en el Ministerio de Ecología. En este se ponen en discusión lo que se llaman proyectos o planes de manejo sustentable o sostenible, que tienen que pasar una serie de pasos inevitables, entre ellos la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos indígenas que habitan ese territorio y de ahí recién salen las resoluciones que habilitan o no estos proyectos.
Nosotros hemos podido frenar durante más de cuatro años un proyecto en este territorio porque la población indígena que vive ahí, que son tres comunidades entre las cuales la más intensa en la defensa es la comunidad de Caacupé, pero a su vez está apoyada por las autoridades asamblearias de todos los pueblos indígenas de acá, ya no quieren o no conciben ningún tipo de desmonte. Para ellos esto de lo sustentable del mapeo dentro del territorio no tiene ningún tipo de significación ni ecológica ni económica. Ellos no quieren que se toque un árbol más. Y esa lucha es bastante intensa. Nosotros pudimos lograr la declaración de nulidad de un plan de manejo de esta naturaleza a través de recursos jurídicos, administrativos y también de la presencia de ellos frenando este desmonte. Ahora estamos en proceso de realización, de esa consulta que es la que no se había hecho en ese primer proyecto. A su vez, lo que fuimos haciendo desde el equipo con el que yo trabajo, que es el que acompaña las luchas territoriales, fue iniciar una demanda de titularización a partir del relevamiento. Llevamos esta discusión al escenario judicial, porque hasta ahora veníamos esperando la ley de propiedad comunitaria indígena que no salió nunca y que difícilmente en este contexto político se dé.
¿Cómo está distribuído el territorio en el que operan las empresas extractivas forestales?
Aproximadamente cinco comunidades indígenas conviven dentro del territorio ancestral con la empresa Carba. Con Arauco son más de 14, o sea, son muchas comunidades y Arauco tiene muchísimas extensiones, ahora no me acuerdo cuánto, pero si te digo capaz que sea entre el 20 y 25 por ciento de la superficie de monte o deforestación, porque monte ya casi no queda lo tiene Arauco, que es la principal empresa forestal que explota acá la selva misionera.
Arauco sí tiene como principal actividad económica en la provincia la extractivista a diferencia con Carba, que sus negocios estaban también en otro lado. Entonces con Arauco la pelea es un poco más compleja porque ellos han logrado durante este último tiempo, históricamente, ir avanzando con la forestación de pino en lo que antes era el monte nativo. Entonces las comunidades indígenas con las que conviven, la mayoría tienen muy poco monte por ahí.
En San Pedro Pozo Azul, que limita al norte con Brasil, parte de ese territorio que está siendo apeado ilegalmente, también es propiedad de Arauco y otros, como por ejemplo Harriet, que son también forestales, pero que han hecho abandono de esa zona por la Ley de Bosques. Entonces para ellos pareciera que es más fácil dejar que se desmonte por apeo ilegal, y entonces después cuando ya esté perdido el monte ellos podrán eventualmente ingresar y será más fácil aprobarse los proyectos. Esta convivencia es un poco más compleja con la aplicación de los bonos verdes.
¿Qué son los Bonos verdes?
Bonos Verdes es el sistema de compensación de carbono, carbono cero. Arauco es una de las pocas empresas en las que esta compensación le da cero. Ellos tienen una cantidad suficiente de forestación y de propiedades, ya sea por monte nativo o por su propia forestación, porque también el pino califica para los bonos verdes, que no estaría debiéndole nada, de compensación en ese sentido a la provincia.
Ellos pueden deforestar tranquilamente en otro lado porque les alcanza lo otro para compensar. Entonces es una empresa que tiene ese poder, entre otras cosas, sus incursiones son bastante complejas en algunos sentidos y también tienen otra dinámica. Ellos cuentan con un equipo de profesionales que están abocados a la cuestión de la comunidad Mbya guaraní. Entonces están todo el tiempo supervisando, viniendo, llegando a las comunidades, asumiendo ese rol un poco paternalista, si se quiere, y siempre como dueños, ofreciendo agua, luz, o sea, tratando de tener un vínculo más clientelar, que les habrá servido para disminuir cualquier tipo de conflicto. Pero hoy la situación de las comunidades Mbya guaraní, las que nosotros acompañamos por ejemplo, en la zona de Arauco, tenemos a la de Andrés Guasurari, a la de Tacuapi Merí, a Puente Quemado II, que son las que se están confrontando con esta empresa, ellos ya no están tolerando ni siquiera las visitas, porque lo que hay es un empoderamiento, si se quiere, de la titularidad que tienen sobre ese territorio.
En Puente Quemado, hace dos años hubo incendios que casi destruyeron el poco monte que había en la comunidad, y el proceso de reforestación que incluía, por ejemplo, la propia Universidad Nacional de reimplantar monte nativo y la comunidad la rechazó reafirmando que es necesario dejar que el monte se restablezca por sí mismo, porque además tienen los elementos para poder hacerlo, para que se restaure naturalmente.
Al punto que nosotros hicimos todo un informe con un especialista, con un ingeniero agroforestal, que él dio cuenta exactamente de eso, que esa zona tiene la posibilidad de restablecerse, y eso también implicó que esta comunidad, que es muy pequeña, pero que está muy fortalecida, está repeliendo la presencia constante que tenía Arauco sobre su comunidad.
¿De qué manera se vinculan a las comunidades para enfrentar a las empresas extractivas?
Una de las cuestiones interesantes es el proceso de empoderamiento que tienen las comunidades. Nosotros trabajamos con ellos desde el MIPA, que es un equipo de pastoral aborigen. Aclaro que es un equipo que pertenece a la iglesia, pero es ecuménico, por un lado, la iglesia católica, y que además, como premisa ética, tiene la no evangelización. Nosotros solo intervenimos en cuestiones vinculadas a su territorio. Y a demanda. Las demandas han sido, durante estos últimos años, la obtención del título. O sea, y la no incursión de ningún tipo de actividades dentro de su territorio ancestral, aún en los casos en los que ya esos territorios tenían pino, por ejemplo. Entonces ellos dicen que saquen el pino, que se regenere, o que ellos se encargarán de eso. Inclusive al punto, por ejemplo, Puente Quemado que te había dicho, el incendio para ellos fue un signo. Porque lo que se incendió masivamente fue el pino, ¿no? Y una vez que se incendió, empezó a brotar la capuera, como le dicen ellos, con los árboles que son los ancestrales. Entonces todo eso es un proceso sumamente interesante y que demanda mucho trabajo y mucho compromiso y también mucha resistencia al sistema.
Actualmente nosotros tenemos cuatro demandas iniciadas por escrituración y tenemos una en la que ya se obtuvo la devolución de parte de la Universidad de La Plata de más de 6.000 hectáreas en una zona de reserva, que es la del Valle del Cuñapirú, en la que estamos ahora haciendo otro proceso judicial para reivindicar lo que pasó en el tiempo en el que se estuvo discutiendo la devolución de este territorio a las comunidades que conviven ahí.. El poder político, sobre todo de esa zona, encendió mucho la usurpación. Entonces también la usurpación implica que las personas que ingresan, muchas de ellas ni siquiera respetan que eso era una reserva ecológica. Y bueno, empiezan los conflictos de convivencia.
https://www.anred.org/2023/08/31/misiones-denuncian-amenazas-de-muerte-por-la-empresa-arauco/