Achaval desaloja

Melina Sánchez

El intendente Achaval le prohibió a las cámaras de Crónica volver a registrar el desalojo. Pilar, un pueblo _no llega a ser ciudad por cantidad de habitantes, de hecho_ es un lugar donde chocan lo rural y lo urbano, patrones y peones, los intereses de la/s iglesia/s y los de la política, y ciertas prácticas civiles que parecen más bien de extracción castrense…

Así las cosas, 266 personas fueron desalojadas brutalmente sin orden de desalojo, y sin notificación alguna. Entre ellas hay bebés de 35 días, varias madres en pleno puerperio, infancias que fueron golpeadas por los policías o tuvieron que salir sin vestirse de sus casas en la madrugada del 2 de enero, cuando uniformados de distintos grupos policiales del conurbano ejecutaron con violencia el desalojo de todo un barrio, al estilo «Guernica» en el peronista Municipio de Pilar.

Las primeras «noticias» que hacían circular desde espacios institucionales y medios oficiales era que las familias estaban en terrenos que tenían otro dueño y que usurpaban. Lo cierto es que ni lo uno ni lo otro, varias de las casillas habían sido construídas por la Fundación Techo, la cual además es en buena medida responsable de que gran parte de esas familias hayan construído en ese lugar. Por otra parte, otras tantas manifiestan haber comprado los terrenos a uno de los policías locales. Por último, parte de las viviendas del barrio se encuentran inscriptas en el RENABAP _Registro de Barrios Populares_, por lo que se evitaron algunos desalojos de momento, y las otras viviendas aguardaban dicho registro desde antes de efectuado dicho desalojo, con lo cual también tienen una legislación en vigencia que las resguarda.

Sin embargo, ni el RENABAP, ni el municipio, ni provincia se han hecho presentes para garantizar los derechos habitacionales de las familias desalojadas. Incluso los funcionarios de niñez, respondieron burlonamente y con risas a las madres desalojadas que les pedían comida y cobijo para sus niños, que desde hace cinco días duermen a la intemperie.
Solo la iglesia evangélica, el Polo Obrero y referentes de la sociedad civil colaboraron con la olla popular que es necesario llevar adelante en inmediaciones del predio donde antes cada familia tenía construída su casilla.

Los terrenos se encuentran próximos a la vera del río a menos de medio kilómetro. Tampoco la Ley de humedales es una excusa para semejante desalojo popular porque, de hecho no lo fue para que se burlara la legislación en lo que se refiere a las *zonas rurales* y se cambiara en el Consejo Deliberante a la denominación de *zona industrial*, que daría paso _antes y después de esta acción casi por igual_ a la instalación de fábricas en cercanías del Río Luján cuyos desechos contaminantes terminan en esas aguas.