Por Juan Alberto Pérez

La masacre ocurrida en San Miguel del Monte, donde la policía persiguió a los tiros a un auto en donde viajaban cuatro chicos menores de edad y un hombre de 22 años, que finalizó con cuatro muertos y una de las chicas en grave estado, se enmarca en una triste historia de la policía bonaerenses en el que las manchas de sangre llegaron a condicionar a los responsables políticos. Villa Ramallo y Avellaneda son dos ejemplos de asesinato de la bonaerense que término cargándose a los políticos en tiempos electorales.

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VILLA RAMALLO: COMPLICIDAD CON LA POLICÍA QUE BARRE AL CANDIDATO

El 17 de septiembre de 1999, un mes antes de la elección presidencial que terminó triunfante para Fernando De la Rúa, ocurrió un hecho policial que tuvo repercusiones en el resultado electoral. Se trata de la Masacre de Villa Ramallo, cuando la policía bonaerense fusiló a tres rehenes y un ladrón en el secuestro por el robo al banco Nación de esa localidad. Tres ladrones ingresaron a la sucursal bancaria con el objetivo de robar el tesoro. Una testigo advirtió a la policía que rápidamente se apostó frente al banco, por lo que el robo se convirtió en toma de rehenes. Luego de un periodo de negociaciones, dos ladrones intentaron escapar en un auto, con tres rehenes como escudo, mientras la policía decidió en menos de dos minutos lanzar 170 disparos de los cuales 46 impactaron en el auto acribillando a dos rehenes y uno de los ladrones. Uno de los ladrones detenido con vida fue encontrado muerto en su celda el día después del hecho.

Se sospecha la participación policial en el hecho, además de complicidad política en la decisión del fusilamiento. Lo cierto es que pagaron con su cabeza el ministro de seguridad de la provincia Osvaldo Lorenzano, se disolvió al grupo Grupo Halcón que participó del caso, el juez Villafuerte Ruzo fue cuestionado por el operativo fusilador. Otro herido político fue el entonces gobernador, Eduardo Duhalde, que aspiraba a ser presidente de la nación, pero este hecho, sumado a un historial negro de la que según había dicho “la mejor policía del mundo” le valió como collar de plomo para sus aspiraciones políticas.

JUNIO: ASESINAR A LA PROTESTA

Desde la caída de De la Rúa en diciembre de 2001 el clima social era explosivo en el país. El gobierno de la alianza había terminado con 36 muertos en los hechos del 19 y 20 de diciembre. Cinco presidentes se sucedieron en una semana y terminó asumiendo Duhalde por mandato de una Asamblea Legislativa por la acefalia que vivía el país.

En las calles los piquetes eran moneda corriente y cada día levantaban más temperatura. La desocupación, el hambre y la desolación azotaba al pueblo.

El 26 de junio de 2002 el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), juntos a otras organizaciones sociales, como el Aníbal Verón, intentaron cortar el puente Pueyrredón en la subida del lado de Avellaneda, para pedir por trabajo, aumento de salarios de 150 a 300 pesos, alimentos y subsidios para los desocupados. Sin embargo, un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad impidieron el acceso al puente y desplegaron una feroz represión por las calles de la localidad bonaerense. La cacería a cargo de la policía bonaerense se extendió hasta la estación del ferrocarril Roca dónde fusilaron literalmente a Maximiliano Kostecki de 22 años, y a Darío Santillán de 21 años. Además, la jornada dejó como saldo 33 heridos por la represión policial.

Por este hecho fueron condenados a perpetua los efectivos policiales a cargo del operativo, Franchiotti y Acosta; los efectivos Vega, Quevedo y De la Fuente fueron condenados a 4 años de prisión; los oficiales Sierra y Colman a 3 años y 2 meses de prisión; y el ex policía Celestino Robles a 10 meses por actuar en la represión a pesar de estar retirado de la fuerza.

Hasta el día de hoy se reclama que los responsables políticos del hecho sean llevados ante la justicia. El gobernador de la provincia de ese entonces, Felipe Solá actualmente participa activamente de la vida política, así como también Aníbal Fernández, que era secretario general de la presidencia de Eduardo Duhalde, también participa activamente de la política. Los otros responsables políticos han desaparecido de la vida pública. De todos modos, ninguno pago sus responsabilidades por la orden de represión. Sin embargo, este hecho hizo que Duhalde tenga que desistir de competir en las elecciones presidenciales de 2003 y además tuvo que adelantar la fecha de las elecciones en la que se erigió Néstor Kirchner.

La masacre de San Miguel del Monte representa la cristalización de la doctrina Chocobar impuesta por el gobierno nacional. Un cúmulo de operatorias represivas por parte del estado que le da rienda suelta a las fuerzas para que establezcan en las calles la mano dura que tanto anhela parte del electorado propio. Hasta el momento hay 13 detenidos, entre ellos el secretario de seguridad de la localidad. Sin embargo, este hecho que demuestra que el accionar de la policía bonaerense es sistémico, puede valerle a la gobernadora, María Eugenia Vidal, una derrota electoral, ya que poco ha hecho por modificar ese sistema.