La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su registro anual sobre la situación represiva nacional. El documento contiene el archivo de casos de asesinatos en manos del aparato represivo estatal desde diciembre de 1983 a 2015. El dato frío revela que 4644 personas fueron asesinadas en treinta y dos años de democracia por las fuerzas de seguridad del estado. Gran parte de esas muertes se produjeron durante los doce años del gobierno kirchnerista.
Por Diego Aranda para Ancap
Desde 1996, CORREPI realiza ininterrumpidamente su acto en Plaza de Mayo para presentar el informe de los asesinatos cometidos por la represión estatal, denunciando los ataques, el constante hostigamiento que padecen los sectores más pobres y la represión que sufren los trabajadores organizados y en lucha.
Bajo la consigna “Los gobiernos pasan, la represión queda. La lucha también” y ante una Plaza de Mayo repleta de militantes, agrupaciones y familiares de las víctimas, se evidenció el real alcance de la situación represiva en todo el país.
Para la Coordinadora, el informe permiten evaluar con qué metodología se reprime en Argentina, visibiliza que los gobiernos constitucionales aplican diariamente el disciplinamiento social y la represión selectiva sobre los trabajadores organizados.
El archivo pone de manifiesto que “Las permanentes campañas de `ley y orden´, al amparo del discurso oficial de la `inseguridad´, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático”.
Datos y más datos
Este trabajo revela cómo desde la recuperación democrática en diciembre de 1983 hasta noviembre de 2015 se contabilizaron 4644 personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Más de treinta años de democracia, ocho presidentes por casa de gobierno, y los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, continúan acrecentándose.
El dato llamativo del archivo lo brinda la llamada “década ganada”. Cerca del 65% de esos hechos ocurrieron a partir del 25 de mayo de 2003, donde el gobierno kirchnerista de Néstor y Cristina instaló en el discurso público la reivindicación de los derechos humanos como política de estado. Pero al mismo tiempo se evidenció una mayor participación de las fuerzas represivas del estado en la esfera pública.
Si bien desde la Coordinadora aclaran que del período 1983-1996 resulta difícil estimar la totalidad de los casos porque la información es más escasa” en materia de episodios represivos, es indudable el espiral creciente de la represión estatal en la última década.
“En el curso de estos 12 años han arreciado los episodios de persecución, hostigamiento y amenazas a militantes, activistas y defensores de derechos humanos, protagonizados por el gobierno nacional o sus aliados provinciales” denuncia el informe de CORREPI.
3.070 asesinados por el gatillo fácil y la tortura en lugares de detención, 21 asesinados en la represión a movilizaciones populares y 70 desaparecidos en los doce años del gobierno democrático kirchnerista revela que más allá de un prolijo y tentador discurso en materia de derechos humanos, la represión estatal se profundizó notablemente.
Para la Dra. María del Carmen Verdú, militante de la Coordinadora, “la denominada política de derechos humanos del gobierno kirchnerista ha sido su más eficaz herramienta represiva, porque enjuiciar a los gerontes represores de la dictadura, derogar las leyes de obediencia debida y punto final le ha dado una enorme legitimación, por eso nos costó tanto demostrar que este gobierno también era represor. Pero a partir de la represión en la legislatura, la represión, militarización y tortura en Las Heras y otros hechos posteriores, se fue generando una grieta en ese relato oficial de la defensa de los derechos humanos y se viera que en definitiva de lo que hablaba la política de derechos humanos kirchnerista era exclusivamente una reivindicación del pasado sin eficacia real para así neutralizar las acusaciones y denuncias sobre los hechos represivos de la actualidad…”
227 de los casos registrados ocurrieron entre enero y principios de noviembre de 2015. Sin embargo, el año que revela mayor un número de personas asesinadas por la represión en manos del estado fue 2009, donde el archivo registra 291 casos. Curiosamente año en el cual el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se encontraba en pleno apogeo.
Otro de los datos interesantes que arroja el documento tiene que ver con el rango de edad, donde hay una “preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador del contenido de control social de la represión”. El 49% corresponde al segmento de 15 a 25 años. Mientras que si se suman los de menos de 35, se llega al 76% del total. Por su parte, en los casos de víctimas mujeres, casi el 50% corresponden a femicidios en los que el femicida era también un represor.
En relación a las modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social, los fusilamientos de gatillo fácil (46% del total) y las muertes de personas detenidas (39%) son los datos más destacados.
Represión por conflictos de tierra, vivienda y defensa del ambiente
Ya sea por especulación inmobiliaria, desalojo de tierras, profundización y expansión del modelo extractivo (megaminería, petróleo, sojanización, pasteras), los habitantes de los territorios urbanos y campesinos (sobre todo los pertenecientes a los Pueblos Originarios) han sufrido también la represión a manos del estado.
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, CABA, La Rioja, Catamarca, Formosa, Neuquén, Salta, Tucumán y Jujuy son las principales provincias donde el informe de CORREPI da cuenta del accionar de las fuerzas de seguridad estatales en esta materia.
Represión en manifestaciones, movilizaciones, conflictos sociales y protestas de trabajadores
Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 70 desde 1995. De ellos, 21 ocurrieron durante el gobierno kirchnerista.
En el documento se evidencia que “el único gobierno que mató más personas que el actual en la represión a movilizaciones populares fue el de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 45, de los cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por la heridas recibidas”. Sin ir más lejos, hace poco más de un mes, murió Ángel Verón, como consecuencia del “apaleamiento recibido de la policía chaqueña” en la represión a una movilización de trabajadores desocupados.
Desde CORREPI advierten que este archivo es “una radiografía indudablemente incompleta” porque nunca llega a cubrir la totalidad de los casos. Pero sí da la pauta de que los gobiernos constitucionales aplican diariamente el disciplinamiento social y la represión selectiva sobre los trabajadores organizados.
En este sentido, la represión como política de estado, es la cara de un sistema que persigue y reprime a los sectores más vulnerables (especialmente pobres y jóvenes) en la supuesta defensa del orden social.