MACRI DEJÓ UN MUERTO CADA 19 HORAS

Por Juan Alberto Pérez

Fotos Juan Pérez

La Coordinadora contra la represión policial e institucional Correpi, presentó en Plaza de Mayo su informe anual sobre la situación represiva en el territorio argentino. Es el 24° informe que da testimonio de la muerte de personas con intervención del aparato represivo del estado. Este informe cobra importancia ya que data el último año del gobierno de Mauricio Macri y permite hacer un balance de la gestión de cuatro años de Cambiemos en el poder. En el comunicado que presentó la coordinadora se manifestó que “En estos cuatro años enfrentamos un estado de excepción”. Sigue leyendo «MACRI DEJÓ UN MUERTO CADA 19 HORAS»

SE ESTRENA LA PELÍCULA SOBRE LUCIANO ARRUGA

Por Federico Paterno

Hoy tendrá su estreno en cines la película ¿Quien mató a mi hermano? Un film de Ana Fraile y Lucas Scavino con el apoyo de radio La Retaguardia. La pelicula visibiliza una lucha de años de familiares y amigos de Luciano Arruga. Un joven de 16 años que se negó a robar para la policía bonaerense y sufrió su desaparición el 31 de enero del 2009 y posterior asesinato. Desde hoy en varios cines del país estará la película; que es una invitación a no perder la memoria y a entender que la lucha colectiva es indispensable.

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EL JUICIO POR IAGO AVALOS SE POSPUSO PORQUE NO SE CONFORMÓ EL JURADO

Por Juan Alberto Pérez

El inicio del juicio por el asesinato del joven de 17 años en manos del subcomisario de la Policía Federal, José Pérez Buscarolo, no inició el 2 de mayo como estaba estipulado porque no se logró conformar el jurado.

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La primera semana de mayo debía realizarse el juicio por el crimen de Iago Avalos en manos del subcomisario José Pérez Buscarolo por el hurto de 2 tazas de las ruedas del auto, sucedido el 12 de mayo de 2017. Sin embargo, el juicio no se dio porque no se logró alcanzar las 12 personas que debían conformar el jurado por lo que se pasa para el 22 de mayo el inicio del mismo.

Cabe recordar que la defensa de Pérez Buscarolo había solicitado que se desarrolle el juicio por jurado. La familia de Iago espera que haya una condena a prisión perpetua para el subcomisario, y es lo que le correspondería técnicamente si se desarrollase en los caminos normales. Sin embargo la apelación al juicio por jurado tiene otro sentido. “Especulan con una baja probabilidad de condena” dijo a este medio Ismael Jalil, abogado de Correpi que representa a la familia del joven asesinado. Y esto se debe a que se necesita unanimidad de los 12 jurados en la desición para condenar a perpetua. “Así se reduce la posibilidad de una condena de esas características para Buscarolo” manifestó Jalil.

La defensa de Buscarolo intenta apelar al discurso de mano dura instalada en la sociedad para socavar en la voluntad de los jurados para que la desición sea dividida y su representado no tenga la condena que merecería. “Con la precariedad en que estamos, y el manejo de los medios de comunicación hegemónicos machacando sobre inseguridad, el tema del accionar policial y más la doctrina Chocobar, alimentada desde los propios resortes del poder, tornan un poco difícil que no se contamine la desición de los jurados” añade al respecto Ismael Jalil.

Así mismo no pierden la esperanza de que el juicio demuestre la verdad de los hechos y la condena sea la que corresponde. “Hay que constituir el jurado y hacer el juicio para demostrar como fueron los hechos, que no son más que un muchacho otra vez asesinado por un arma del estado en manos de un subcomisario de la federal que disparó porque entiende que el cumplimiento del deber es antes que nada defender el derecho a la propiedad privada antes que la vida” manifestó Jalil. Al respecto de la teoría de la defensa de Buscarolo, el abogado de Correpi que representa a la familia de Iago esgrime que “La teoría del caso que puso la defensa es que para ellos lo que hay es, en primer término, un cumplimiento del deber. En segundo término, un exceso en el cumplimiento del deber (algo similar al caso Chocobar), y finalmente, según la defensa habría un homicidio culposo, es decir, no quiso matar pero mato”.

La herramienta del juicio por jurado

Los juicios por jurado están reglamentados en el país desde la Constitución de 1853. Desde 2015 se realizan en la provincia de Buenos Aires y tienen por objetivo la participación popular en la administración de justicia. Los jurados se sortean y están integrados por doce personas, seis mujeres y seis hombres. Y su función es la dictar la culpabilidad o no de las causas. La sentencia la dicta el juez o la jueza de turno.

La desición del juicio por jurado la toma el acusado quien puede pedir este sistema. Solo pueden constituirse por delitos graves y la desición condenatoria tiene que tener al menos 10 de 12 votos. Salvo en las perpetuas que se necesita unanimidad, 12 de 12. Cuando un jurado absuelve a un acusado no hay poder de remoción del fallo. Si hay condena puede apelarse en instancias superiores. Por eso, para la condena que espera la familia de Iago Avalos necesitan que todo el jurado esté de acuerdo con dicha decisión.

RESTITUIR LA REPRESIÓN

Por Juan Alberto Pérez

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció un plan para restituir a los efectivos policiales que estén de baja por causas vinculadas al gatillo fácil o uso excesivo de la fuerza. El objetivo es defender el buen nombre de los efectivos” dijo la ministra. Sin embargo, figuran casos que aún no tienen sentencia firme y son ejemplos claros de asesinatos institucionales.

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El programa Restituir es impulsado por el Ministerio de Seguridad de la nación, bajo la órbita de la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad, dirigida por Damián Arabia, quién además desempeña el cargo de secretario de Formación Política de Jóvenes PRO. El programa Restituir busca reivindicar y reestablecer carrera y la reputación del personal de la fuerza. La resolución que firmó Bullrch dice que el objetio es “La restitución y el buen nombre del agente”. Se va a reincorporar a miembros de las fuerzas que hayan atravesado procesos judiciales y que hayan sido sobreseídos o absueltos. Efectivos que mientras dura su proceso tienen que estar en servicio pasivo y cobran el 50% de sueldo. Se trata de una nueva acción del gobierno en su plan de reivindicar la represión institucional que se suma al apoyo al oficial Chocobar, el intento de impulsar el 2X1 a genocidas y el aumento de influencia y presupuesto a las fuerzas armadas y de seguridad.

En la presentación misma la Ministra dio 4 casos como ejemplo de estas restituiciones. Personal de la Policía Federal Argentina (PFA), Policía de la Ciudad (PC) y Gendarmería. Son efectivos que vuelven a sus cargos luego de los procesos judiciales. “Queremos revertir una cuestión de fondo: el hecho de que un funcionario policial sea acusado cuando lo que hizo fue haber cumplido con su deber” dijo Bullrich. Sin embargo, de esos 11 casos ya existen denuncias de que no todos están sobreseídos o absueltos de los cargos. Hay quienes aún no cuentan con condena firme.

Más allá de esto, cuando Bullrich marca que los policías son acusado en “cumplimiento del deber” hay que tener en cuenta ¿Cuál es el deber que cumplen? Y para eso utilizaremos los ejemplos de los efectivos que presentó Bullrich. Marcelo Delgado y Tapia, del grupo GEOF, el 12 de julio del 2000 ingresaron a una vivienda y dispararon en la oscuridad. Por esto, hirieron a Pablo Daniel Fernándeaz, encerraron y esposaron a su mujer e hijos en la cocina y volvieron para rematar a la víctima con tres disparos más. ¿Eso es el cumplimiento del deber?¿Este accionar debe reivindicarse y reestablecer el “buen nombre”?

“Es el último paso llevado adelante por el gobierno nacional y sus acólitos provinciales para la plena reivindicación de los hechos represivos de este gobierno y los anteriores” marca en un comunicado CORREPI y agrega “la represión es una herramienta presente en la mochila de todo gobierno que administre una sociedad dividida en clases, que cada gestión administra”.

LEGITIMAR EL GATILLO FÁCIL

Por Juan Alberto Pérez

El ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, dictó una resolución publicada este lunes 3 de diciembre en el Boletín Oficial que da lugar al uso de armas de fuego a los efectivos de las fuerzas bajo su órbita en situaciones muy irregulares que podrían legitimar los casos de gatillo fácil. La resolución 956/2018 habla de la necesidad de “implementar acciones” para la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía y de las fuerzas policiales, cuando se encuentren en un peligro inminente. Esto es, permiso para la utilización de las armas de fuego en una serie de circunstancias, que en principio, son dudosas. Esta normativa busca modificar el concepto de legítima defensa establecido en el Codigo Penal, que no habla de “Peligro Inminente”, un concepto más ambiguo, sino que detalla la aplicación de la legítima defensa en casos de “Agresión ilegítima tendiente o en curso”. Sigue leyendo «LEGITIMAR EL GATILLO FÁCIL»