UN PROBLEMA ESTATAL

Por Juan Meza

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) dio a conocer los datos de la violencia institucional durante la pandemia. El informe está fechado hasta el 9 de agosto de 2020 y los números siguen siendo escalofriantes.

“Me gustaría hacer una Ley, en la que seamos todos felices” dijo alguna vez un ex presidente, que hoy se encuentra vacacionando en Francia, mientras todo el país y el mundo presentan lucha no sólo contra el COVID-19 sino contra las secuelas económicas que este va a dejar, y que, nosotros los argentinos, venimos en un profundo pozo que es aún más difícil salir. A nosotros nos gustaría hacer una nota donde la violencia institucional sean casos aislados y no una práctica sistemática que dejó la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, y que ningún gobierno democrático, desde Alfonsín hasta Alberto Fernández, tuvo el coraje para modificar. Es una deuda de la democracia que tiene el Estado, y sus gobiernos, con el pueblo y sobre todo con el pueblo pobre. Porque quienes sufren las vejaciones, maltratos, torturas, y demás prácticas, son los pibes y pibas más vulnerables de nuestro país.

Sabina Frederic, quien maneja la cartera de seguridad de la Nación y Horacio Pietragalla Corti, encargado de la secretaría de Derechos Humanos, expusieron de manera virtual, frente a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, su posición sobre la desaparición de Facundo Castro Astudillo y los hechos represivos que se sucedieron durante la pandemia. Según informó Pietragalla, hubo 531 denuncias por hechos represivos desde el 20 de marzo, momento que comenzó el confinamiento, hasta el 9 de agosto. Mientras que entre el 10 de diciembre de 2019 al 20 de marzo de 2020 recibieron 71 denuncias. Frederic, aportó lo suyo indicando que recibieron 39 denuncias por “uso abusivo de la fuerza” por parte de los efectivos de seguridad que responden a ella, donde hay 96 efectivos involucrados.

Según el archivo de CORREPI, los números oficiales que dieron les ministres de Seguridad de la Nación y Derechos Humanos, están muy lejos de la realidad. A pesar de haber bajado la circulación de personas, los números de gatillo fácil no fueron de la mano. El poner en manos de las fuerzas represivas el control de la población para que acate “la cuarentena” hizo que la violencia institucional salga a flor de piel de quienes la ejercen. El informe brindado por CORREPI, muestra números claros, desde que asumió Alberto Fernández a la presidencia, el 10 de diciembre de 2020 hasta el 9 de agosto de 2020 hubo 150 personas asesinadas por el Estado, de los cuales 86 fueron durante la pandemia. Los casos de gatillo fácil tampoco mermaron, durante este período de confinamiento hubo 33 casos, mientras que el total de casos desde la asunción del presidente son 57. Las muertes del aparato represor del Estado son sólo los casos de gatillo fácil, que quienes más lo sufren son los pibes y pibas de los barrios más pobres, sino también, las muertes estatales se suceden bajo custodia de las fuerzas represivas. Durante la pandemia fueron 40 los casos de asesinatos del Estado en comisarías y cárceles, mientras que desde el 10 de diciembre el total es de 67.

Otro punto, y deuda, también son las desapariciones en democracia y esta pandemia no hizo que esta siniestra práctica deje de realizarse. Fueron 3 los casos registrados por CORREPI desde el 20 de marzo. Los casos son de los Luis Armando Espinoza, Francisco Valentín Cruz y Facundo Castro Astudillo. De los primeros dos, se encontraron los cuerpos, sabiendo que la última vez que se los vio con vida fue con un policía al lado.  Sobre Facundo Castro Astudillo aún la familia y el pueblo están esperando explicaciones sobre qué hicieron con Facundo. Esas explicaciones que no llegan por parte de Nación y tampoco por parte de la Provincia. Axel Kicillof y Sergio Berni, son los mayores responsables que Facundo aún no aparezca. Durante la gestión de Sergio Berni, según CORREPI, el saldo de personas asesinadas en la provincia de Buenos Aires, 40 fueron durante la pandemia, y 15 fueron casos de gatillo fácil. Horacio Rodríguez Larreta y su brazo represor no se quedan atrás en esta práctica sistémica. Desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 9 de agosto de 2020 fueron 14 casos de gatillo fácil, de los cuales 7 fueron durante la pandemia.

Los problemas estructurales que tiene la democracia se ven tanto en lo económico, político, judicial y social, y todos van de la mano. Mientras no haya voluntad política para acabar con este sistema corrupto y represor se van a seguir sucediendo los casos, unos tras otros. Alberto Fernández ya mostró tibieza con Vicentín y su “expropiación”. Como sociedad exigimos que se tomen medidas para que los casos de violencia institucional bajen considerablemente. Estos tiempos turbulentos no son para tibios.

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