El Congreso Nacional se encuentra en plena discusión sobre votar la “Ley de Emergencia Social”. La cámara de Senadores le dio media sanción al proyecto que trata de apalear la profunda crisis social y económica en que se encuentra el país a partir de las políticas que empleo el gobierno de Macri. Si bien desde las fuerzas políticas de oposición más populares salen a defender la necesidad de establecer la norma, los verdaderos impulsores de la propuesta han sido los movimientos sociales que día a día tienen que lidiar con las necesidades de las barriadas. La ley de Emergencia cuenta con una férrea oposición de los congresales de Cambiemos, que han votado en contra en el Senado. Por Juan Alberto Perez*
Ahora bien, el planteo es ¿Por qué es necesaria la Ley de Emergencia Social?¿Qué datos de la realidad condicionan a la aparición de esta regulación? Las respuestas a estos interrogantes uno podría contrastarlos sencillamente con salir a la calle y ser permeable a escuchar lo que “la calle” expresa. Las necesidades están latentes en el día a día. Sin embargo, para ser un poco más riguroso tomaremos en cuenta una serie de datos que ponen blanco sobre negro a la cuestión y nos permiten entenderla mejor.
Uno de los puntos fundamentales del proyecto de ley habla sobre el fomento de un millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo. Esto es un tema central. Desde inicios de esta nueva etapa política en Argentina uno de los sectores que sufrieron más la dirección de las medidas del gobierno es el empleo. Sólo es cuestión de hacer un recuento de hechos de los últimos días para tener una real dimensión del aspecto.
La apertura al mundo de la que habla Macri y su séquito plantea la sustitución de producción local por importaciones. Esto lesiona gravemente a toda la matriz industrial de la nación. Provoca pérdidas en la venta de insumos por parte de las fábricas que llevan al cierre o despidos masivos.
Un ejemplo de esta cuestión es lo que plantearon este miércoles 16 de noviembre diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ y del Frente Renovador, junto a sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y empresarios. Manifestaron su rechazo a la decisión del gobierno de eliminar el arancel del 35 por ciento que rige para la importación de computadoras, notebooks y advirtieron que esa medida podría generar la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo.
El interior del país está sufriendo con fuerza el ajuste practicado desde el gobierno y la falta de inversión y las políticas aperturistas. En la provincia de Córdoba la demanda de empleo en un año ha sufrido una caída de 31 %, a la vez que la oferta crece exponencialmente. Y en La Rioja, el parque industrial es arrasado, al punto que las principales empresas realizan despidos, suspensiones y le dan licencias obligatorias a los trabajadores.
En la provincia de Buenos Aires el panorama no es distinto. Según un informe de la Secretaria de Producción del Municipio de La Matanza, en la localidad del conurbano -una de las de mayor densidad industrial de la provincia y el país- en lo que va del año, ya son 20 mil los trabajadores que sufrieron despidos, cesantías o aceptaron retiros voluntarios. Esto se debe a la caída del consumo fruto de políticas que paralizan las actividades productivas.
Otro dato que demuestra la situación laboral del país es el que reflejan desde el sector de la construcción. El cese que realizó el gobierno de Macri a las obras públicas han desencadenado que 60 mil trabajadores directos estén desempleados y otros 25 a 30 mil emprendedores y monotributistas del sector están en la misma situación.
Por estas cuestiones es que se hace indispensable aplicar medidas que defiendan a los trabajadores y se fomenten nuevos puestos de trabajo.
Otro punto de la Ley de Emergencia plantea el aumento en un 15% de las Asignaciones Universales por Hijo (AUH). Además se constituye el Consejo de la Economía Popular que intervendrá en la fijación de un salario social complementario. Y se creará el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP). Todo tipo de medidas para dar respuesta a todo un sector de la sociedad que se encuentran no sólo muy postergado sino que además en un profundo riesgo si se continúa con esta serie de políticas que implementa el gobierno de Macri.
La ley de Emergencia obtuvo media sanción en Senadores y espera la aprobación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, según rumores que crecen en los medios de comunicación afirman que el presidente de la nación tendría listo el veto para esta ley, que sumado al veto a la “ley antidespido” sería la segunda ocasión que Macri pone limites al poder ejecutivo en disposiciones que afectan directamente a las clases populares y los más vulnerables del país.
* Lic. en Comunicación Social
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