Por Federico Paterno
En el predio de Roca Negra, Monte Chingolo, desde hace más de 15 años funciona un espacio recuperado por la organización social del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) que realiza actividades educativas, proyectos productivos y un espacio para cambiarle la realidad a los vecinos de los barrios más humildes.
Desde este espacio se impulsó un proyecto para la expropiación del predio. El mismo fue aprobado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la gobernadora María Eugenia Vidal vetó la ley y ahora el espacio corre riesgo. Dialogamos con Esteban Marcioni, vocero del FPDS, quién nos cuenta cuál es la situación de Roca Negra y como continúa la lucha.
¿Cómo está la situación hoy del espacio Roca Negra a partir del veto de María Eugenia Vida a la expropiación?
Roca Negra es un predio en el que nosotros estamos desde el 2000 o 2001. Eso era una metalúrgica que quebró en la década del 90. Y nosotros teníamos trabajos alrededor del predio y empezamos a hacer en el predio trabajos con chicos, educativos y el desarrollo de proyectos productivos.
Hoy en el predio funciona un bachillerato para adultos, un jardín comunitario para niños de 45 días hasta 4 años y una gran cantidad de proyectos productivos como una bloquera, una herrería, un taller de serigrafía, un taller textil que por el entorno en el que están lo que viene a suplir un poco es la necesidad de trabajo en un barrio que tiene altos niveles de desocupación.
Nosotros en el 2008 presentamos un proyecto de ley de expropiación. Ese proyecto fue aprobado y tuvimos la ley de expropiación por cinco años. El año pasado volvimos a presentar un nuevo proyecto de expropiación porque la ley estaba vencida. Se aprobó el 21 de diciembre en el Senado, en Diputados ya estaba aprobado, y nos enteramos ayer (por el miércoles 1 de febrero) que Maria Eugenia Vidal junto a su jefe de Gabinete, Federico Salvai, decidieron vetarla junto a otras cuatro expropiaciones.
¿Esto a futuro significa que el espacio corre riesgo de desalojo?
La ley de expropiación lo que nos daba a nosotros es la propiedad del predio por un tiempo determinado. Ante el gobierno provincial vetar esa posibilidad queda a instancias del juez como seguir. O sea, el predio al ser propiedad de una empresa que quebró está en concurso de acreedores, entonces eso esta judicializado y queda a instancias del juez que entiende la causa el qué hacer.
A nosotros lo que nos daba la expropiación era sacarnos de encima esta instancia judicial y tener la propiedad del espacio por un tiempo determinado.
¿Cómo sigue esto entonces?
En principio el proyecto vuelve a la cámara de diputados de la provincia, y allí la cámara debería rechazar el veto de Vidal para que continúe la posibilidad de la ley de expropiación. Si eso no llega a pasar que no es improbable porque deberíamos tener mayoría, o sea los diputados del PRO debería votar a favor de rechazar el veto de Vidal, bueno ya pasamos a otro tipo de instancias judiciales como puede ser alguna denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público para con la gobernadora u otra opción que estaremos evaluando con nuestro abogado como seguir.
¿Se conoce quién es el juez que entiende en la causa?
Si, el juez es Alemán del juzgado federal en lo comercial nro 1.
¿ Te parece que este accionar comprende una política de estado de Cambiemos? Teniendo en cuenta lo que sucedió en el Bauen y otras acciones similares.
Nosotros creemos que hay múltiples factores. Particularmente en esta expropiación lo que muestra es que la gobernadora no sabe lo que firma. Porque argumenta el veto en dos cuestiones. Por un lado en la ley de presupuesto, o sea que la provincia no tendría presupuesto para pagar la expropiación. Y por otro lado, en que la expropiación no garantizaría la utilidad pública del predio. Nosotros, estudiando la ley de expropiación y todo, la ley dice que la expropiación sería a título oneroso de la sociedad civil. Esto significa que en lugar de pagarlo el gobierno, como dice en otras expropiaciones, lo paga la propia sociedad civil. Con lo cuál no generaría gastos para la provincia. Con lo que no tiene sentido apelar a la ley de presupuesto porque no se tocaría el presupuesto de la provincia. Y en el otro punto de la utilidad pública, la verdad es que no entendemos que entiende la gobernadora por utilidad pública, porque si una escuela para adultos no es de utilidad pública, un jardín no es de utilidad pública, la generación de puestos de trabajo no es de utilidad pública entonces no entendemos que es y que no es la utilidad pública para la gobernadora.
Nosotros lo que entendemos es que hay una persecución por parte de la gobernación de la provincia de Buenos Aires hacia aquellas organizaciones que nos organizamos para cambiar la calidad de vida de las personas que viven en los barrios más humildes. Finalmente nos preocupa que si esta va a ser la política de la gobernadora para combatir el narcotráfico, la pobreza, el desempleo, para combatir la desigualdad como ella dice realmente estamos en problemas, porque significa que el plan para combatir todo esto va a ser sacar a las organizaciones populares de los barrios, esto nos parece muy grave y nos pone en alerta hacia como va a continuar esta situación.