Hace pocos días el senado no quiso tratar la Ley de emergencia territorial. Solo 11 senadores de 55 estuvieron de acuerdo en tratar sobre tablas. Los partidos mayoritarios no presentaron ningún interés en tratar el tema. Esta ley 26.160 está fechada del año 2006. Lo que indica poco compromiso de los diferentes gobiernos de turno. Este jueves 21 de septiembre con la presencia de diputados, y referentes indígenas, será el día en que se debatirá en el salon Illia del senado para dar lugar a su prórroga. Se debe destacar que la prórroga de la ley, genera la suspensión de los desalojos hasta que no se haya realizado el relevamiento territorial. En once años que lleva la ley se relevaron 759 comunidades, de más de 1500.
Por Federico Paterno
HORA DE AVANZAR
La ley 26.160 habla de “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, lo cual es de vital importancia para frenar con la violencia de los desalojos por parte de las fuerzas de seguridad y los terratenientes amigos, contra las comunidades.
Es importante aclarar que la sanción de esta ley en el 2006, llega a partir de una lucha incesante de organizaciones indígenas, que llegaron a acampar frente al Congreso de la Nación para lograr el objetivo. Si la ley no es prorrogada antes del 23 de Noviembre de este año, la misma perderá vigencia.De no prorrogarse, el 70% de las comunidades quedarán sin relevamiento.
Son 1500 comunidades indígenas en peligro sin esta ley no es tratada como debe ser. Cuando corría el año 2006 esta ley fue sancionada y era de 4 años el plazo para poder concretar el relevamiento. En once años se concretó el relevamiento de 759 comunidades de 1532.
La Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena se pronunció con un comunicado que indicaba “El riesgo de lo que sucederá este jueves en el Senado de la Nación es que en lugar de promover una profundización en la resolución de los problemas territoriales que respete la propiedad comunitaria indígena de la tierra, contemplada en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina, es que la ley pierda estado parlamentario y quede sin marco de ejecución”.
El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) encabezó una campaña para solicitar la prórroga de la ley 26.160 -Emergencia Territorial Indígena-; se envió por parte de la pastoral aborigen material informativo vinculados a ley en cuestión. Llego el mismo a 257 diputados y 72 senadores de diversas provincias.
El 9 de agosto fue el día en que se lanzó la campaña para pedir la prórroga de la Ley 26.160 hasta Noviembre del 2021. Se eligió ese día por parte de ENDEPA, CELS, organizaciones comprometidas al derecho indígena y Amnistía Internacional, por ser el Día Internacional de los Pueblos Originarios.
ANTECEDENTES
En enero de este año en la Pu Lof de Cushamen se desató una feroz represión en territorio Mapuche. Uno de los integrantes de la comunidad sufrió la pérdida del habla por el politraumatismo y el coagulo de sangre que le generaron los perdigones que dispararon contra la Lof. Operativos comandados por Gendarmería Nacional, infantería y la Policía de la Provincia, bajo las órdenes del juez Otranto.
En una entrevista a ANCAP en el mes de enero, tras la cacería que sufrieron los Mapuches de Cushamen, Soraya, una de las voceras de la comunidad nos dijo “La violencia que está viviendo el pueblo mapuche no se puede dejar de comparar con la conquista del desierto”. Nada que difiera de la última cacería que sufrió esta misma comunidad hace 48 días, bajo las órdenes del mismo juez y con el agregado de un desaparecido: Santiago Maldonado.
Agustín Santillán, líder Wichi de Formosa, está detenido hace cinco meses. Las diferentes causas judiciales que le agregan al dirigente indígena no representan el significado verdadero de su detención. La misma es a partir de la denuncias que siempre hizo Santillán al gobierno de Insfran. Su pedido de mejoras en la educación, la salud y las condiciones de vida de la comunidad Wichi.
La realidad marca que hoy Santillán sigue preso, y las huelgas de hambre que fue realizando, no tuvieron un lugar muy destacado en los medios.
Para hacer un mayor ejercicio de la memoria, en junio de este año, 80 efectivos de Gendarmería nacional jugaron el rol de escoltas de cuadrillas de YPF, para realizar nuevas perforaciones petrolíferas en la zona de Vaca Muerta. Esto tuvo la resistencia de la comunidad mapuche Lof Campo Maripe. No existió orden judicial para ingresar en territorio mapuche. Sumado a que recibieron amenazas de los uniformados.
Por último, hace pocas horas, alertó Lefxaru Nawel, Werken del Lof Mapuce Newen Mapu, sobre un desalojo violento en el Lof Fvta TV Xayen (Paraje Tratayen) a 80 km de la Ciudad de Neuquén, 60 camionetas y Trafics de las UESPO (Unidad Especial de la Policía), entraron de manera violenta a la comunidad Mapuche y detuvieron al Werken Diego Rosales y a dos jóvenes de la Lof. Este hecho, es otro motivo más para tener muy en cuenta, en el trato que debe obtener la Ley 26.160 este próximo jueves en el senado de la Nación.
El derecho indígena de las comunidades de nuestro país que les permita estar en sus territorios está continuamente en peligro. Las respuestas a ese peligro se pueden encontrar en la soja, el Fracking, el desmonte y las intervenciones mineras e hidroeléctricas. Hay una ley que se debe cumplir.