Por Redacción ANCAP
El Tribunal Oral Federal N° 6 ha decidido otorgar el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz, en un fallo que menoscaba a la tan mancillada democracia argentina. Miguel Etchecolatz fue ex jefe de la policía bonaerense. Durante su mando esta fuerza desplegó una de las maquinarias de terror y sangre más repudiables de la historia de nuestro país. Bajo órdenes de este genocida se secuestró, se torturó, se mató e incluso se dio el raptó masivo de bebés.

Además, fue condenado en mÚltiples causas, que llevan su nombre, por comandar cerca de veintiún centros clandestinos de detención. Asimismo, su nombre está vinculado a las dos desapariciones de Jorge Julio López, quién fuera un testigo clave para una de las primeras condenas, ya que había sido secuestrado y torturado por Etchecolatz durante la última dictadura civico-militar-eclesiástica, y se sospecha de su participación la última vez que se vio con vida a Lopez, ahora en democracia, y que aún esta desaparecido.
Etchecolatz es parte de un grupo de siniestros personajes que además de la persecución, tortura, matanza y desaparición de personas, han secuestrado a niños como “botín de guerra”. Esto le valió al propio Miguel Etchecolatz no sólo el desprecio de la sociedad en su conjunto, sino también el de su propia familia. Tomó notoriedad una entrevista realizada a Mariana, una de sus hijas, quién decidió cambiarse el apellido ya que según sus propias palabras lo que ha hecho su padre “Hasta hoy me da aberración” comentaba Mariana a la Revista Anfibia.
Los delitos de lesa humanidad y el genocidio son imprescriptibles. Por lo tanto, una condena por esos delitos deben ser de cumplimiento efectivo. Si hay algo que destacar de los años del kirchnerismo en el gobierno es la decisión con que se impulsaron las causas por el terrorismo de estado de la dictadura de 1976. Y en ese contexto se determinó que la condena efectiva de los genocidas debía cumplirse en cárceles comunes. Así es que, por ejemplo, el genocida y ex presidente de facto, Jorge Rafael Videla, murió en la cárcel de Marcos Paz en una celda común.
El tribunal que decide conceder un beneficio al genocida alega que por cuestiones de salud este asesino de 88 años de edad será trasladado a un domicilio en la ciudad de Mar del Plata. El fallo resulta un insulto no sólo para las víctimas y los familiares de las victimas del terrorismo de estado, sino también para la sociedad argentina en su conjunto, que en reiteradas ocasiones ha manifestado su posición respecto del juicio y castigo a los culpables, y a la memoria, verdad y justicia. Así culmina tristemente un 2017 con muchos conflictos en cuanto a las garantías del estado de derecho en el país con la represión, persecución, y beneficios a los genocidas.
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