Por Juan Alberto Pérez
El sistema de medios en la Argentina está llevando adelante un proceso de feroz reducción y concentración mediática que hace tambalear los cimientos de la libertad de expresión, la pluralidad de voces y de trasfondo la democracia. Son incontables los números de trabajadores despedidos de medios de comunicación en los últimos dos años. Además, de contar con la desaparición de muchos otros medios que vivían de la pauta oficial, ahora redireccionada a medios, o mejor dicho, a empresarios de medios afines al inquilino de la Casa Rosada.
En las últimas semanas el despido de trabajadores del sistema de medios no discriminó entre públicos y privados; entre radiales, televisivos y gráficos; no discriminó en contenidos culturales y educativos o informativos, o entretenimientos.
El caso de los medios que pertenecen al sistema público es alarmante y habla del vaciamiento de una estructura que creció al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual también deshuesada por el gobierno de Cambiemos. Ciento ochenta trabajadoras y trabajadores fueron cesanteados de la Televisión Digital Abierta (TDA) sin pre aviso y comenzaron el 2018 impedidos de poder ingresar a sus puestos de trabajo. Trabajadores profesionales que pertenecen al Sindicato de Televisión, que cumplían su tarea con eficiencia y con un costo muy bajo para el estado, ya que el tipo de contratación es leonina e informal. Sin embargo, el despido se dio aduciendo que eran caros e ineficiente, además no se les quiere abonar indemnización alguna. “El ministro Lombardi no hizo más que profundizar ese modo de contratación a través de universidades, mientras que en los medios decía otra cosa” declararon a este medio trabajadores de TDA.
Algo similar sucedió en otros medios del sistema público, medios que contaban con una aprobación y la admiración nacional e internacional en materia educativa y de inserción del estado con políticas públicas dirigidas a federalizar y darle pluralidad de voces al espectro. En la última semana se registraron 34 despidos, 89 retiros voluntarios y 22 bajas de contratos a plazo fijo en las señales Encuentro, PakaPaka y DeporTV. Otra embestida contra los trabajadores y contra un sistema que, si bien no es el mejor del mundo, si ofrecía contenido gratuito y de calidad a todos los argentinos, sin distinción de clases.
Asimismo, desde el viernes pasado en el edificio de la TV Pública están apostados móviles policiales, carros de asaltos y un dispositivo de seguridad(?) que responde únicamente que es posibles despidos, ajustes salariales y plan de lucha de los trabajadores. Estos últimos vienen denunciando que el gobierno, mediante el Sistema de Medios Públicos comandado por Hernán Lombardi, un vaciamiento de contenidos, una quita salarial con una paritaria al 0%, sin negociación y ajustes presupuestarios. El congelamiento salarial y el miedo impuesto por el uso desmedido de las fuerzas de seguridad es tomado como una medida extorsiva. “La extorsión es para presionarnos y que aceptemos un congelamiento salarial que es extorsivo porque plantea: congelamiento de salarios o despidos y, en última instancia, barrer con nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y con el Estatuto del Periodista Profesional” declaró Agustín Lecchi, secretario de organización de SiPreBA en el medio alternativo AnRED.
Pero esto no queda sólo en la idea de remover con todo lo heredado por el kirchnerismo. En el Canal de la Ciudad, administrado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuya última gestión fue la del ahora presidente Mauricio Macri, y ahora gestiona uno de sus delfines, Horacio Rodriguez Larreta, también despidió el viernes 5 de enero a otros 6 trabajadores, entre ellos un candidato a delegado del SATSAID, bajo la amenaza de que en total serían 30 las desvinculaciones.
El ente que regula la actividad de medios tampoco se salvó de la ola de despidos que el gobierno ejecuta por estos días. El ENACOM dispensó telegramas de despidos para 115 trabajadores del organismo. “Con el verso de las dotaciones óptimas están desmantelando el organismo. Los despidos son totalmente arbitrarios. Llegaron 115 telegramas y tienen la intención de echar a 700 laburantes. Todos tienen tareas y funciones”, dijo Alejandro Tsusinky, delegado general de ATE del Enacom en declaraciones al diario Página/12. Algunos de esos trabajadores contaban con 20 años de antigüedad.
En el sector privado la cuestión no es muy diferente. En los últimos dos años hemos presenciado innumerables cantidades de despidos, ajustes y cierres. Los casos más resonantes son los sucedidos en el Grupo Veintirés con el cierre y la estafa de Szpolszky y Garfunkel; los despidos en la agencia de noticias DyN y en la planta Gráfica de AGR, dónde los medios monopólicos Clarín y La Nación tienen una participación muy activa. Los empresarios dueños del Grupo Indalo, que eran cercanos al kircherismo, produjeron una deuda impositiva sideral, que impactó en el retraso en los pagos de salarios y en despidos de algunas unidades menores, como la productora Ideas del Sur o Pensado Para Televisión (PPT).
En los últimos días de 2017 y los primeros de 2018 el caso más angustiante es el de los trabajadores de Radio Rivadavia, que han sufrido 120 despidos. Rivadavia entró en quiebra y los puestos de trabajo están en duda.
La noticia de las últimas horas habla del no pago en los salarios de los trabajadores de Radio EL Mundo. Este panorama conflictivo se agrava porque los trabajadores de este medio están en negro.
Este panorama tiene un condimento explosivo que hace crujir los cimientos del sistema. Y es qué, ante cada caso hay intervención y militarización de los edificios dónde los trabajadores deben ingresar a realizar sus tareas. Eso marca que estamos en presencia de un gobierno que ampara a los empresarios por sobre los trabajadores. Y además, que utiliza el garrote para adoctrinar y evitar las manifestaciones populares. A su vez plantea una doble problemática. Por un lado, los puestos de trabajo que se pierden en un sector que ya es vulnerable por el alto nivel de informalidad que sufren los trabajadores. Y por otro, el costo que representa el silenciamiento de voces que surge del cierre de medios de comunicación con voces disonantes del discurso oficial, algo que lesiona gravemente la calidad democratica de un país; ya qué esto supone una concentración monopólica tanto en el plano económico como en el del discurso, algo no menor a la hora de formar opinión pública. Y a todo esto hay que agregar que en el medio están las audiencias, y los despedidos.
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