LA REFORMA DEL ESTADO A MEDIDA DE LA OCDE

Por Juan Alberto Pérez

El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, publicó el jueves 11 de enero un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la reforma del estado que encaja perfecto en las necesidades del aparato capitalista. El mismo consiste en 170 medidas para modificar la estructura del Estado con el objetivo de desregular y desburocratizar. Como en toda medida de la Alianza Cambiemos, esta tiene dos perlitas; una que trata sobre el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES. Y la otra, la creación de una sociedad del estado para controlar la actividad de la aviación. Además, se habilita el embargo de cuentas sueldo sin orden judicial. Un paquete de medidas en la talla de lo que pide la OCDE.

Mauricio Macri sacó del arcón de los recuerdos una herramienta que tiene la democracia para tomar medidas extremas, que son los DNU, que en su origen permiten al Poder Ejecutivo Nacional dictar con fuerza de ley, medidas sin la necesidad de pasar por el Congreso. Si bien, esto no es ningún delito, el hecho de que las disposiciones no cuenten con el debate parlamentario, donde se expresan supuestamente las voces del pueblo, parecen ser impuestas de manera autoritaria. Macri utiliza este método habitualmente desde que se calzó la banda presidencial.

En la primera medida fuerte de este 2018, y mientras reposa en Villa Langostura en sus incontables días de vacaciones, Mauricio Macri firmó un decreto de reforma del estado. Una norma que intenta justificarse en la necesidad de “agilizar” el sistema burocrático y tornarlo más “transparente”. Sin embargo, se trata en el fondo de una desregulación impresionante, una desaparición del estado, cediendo lugar para que los empresarios puedan hacer sus negocios adiestra y siniestra con barreras mínimas o nulas de contención. Con el pretexto de lograr un “Estado Eficaz” se pretende derrumbar la participación estatal en la economía, liberalizando el comercio, sin restricciones para el ingreso de capitales extranjeros, a los que se busca atraer. Esta idea de hacer “llover inversiones”, algo que prometen desde hace dos años y no logran. Sin embargo, con estas medidas se prepara el terreno para que estos “inversionistas” lleguen a hacer sus negocios, extraer todo la riqueza posible y volver a sacarla del país. En los considerandos de la norma dice “Se plantea la necesidad de iniciar un proceso de eliminación y simplificación de normas en diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y de la actividad agroindustria”. Y como si esto fuera poco, el ministro de producción de la nación, Francisco Cabrera declaró “Con esta medida buscamos reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficientes y con el consecuente ahorro de tiempo” A buen entendedor

FGS, endeudar a los más vulnerables

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se creó para permitir que ante cualquier emergencia que posean los jubilados en el cobro de sus haberes, este fondo lo socorrieran. El gobierno realizó una reforma previsional en la que reduce los márgenes de aumento salarial de los jubilados aduciendo que el ANSES es inviable así como está. Sin embargo, mediante este decretazo abre la canilla para que el dinero del FGS pueda utilizarse en negocios financieros, como fideicomisos. O sea, que el dinero de los abuelos ahora pasa a ser parte de la rueda de la inmensa bicicleta financiera que desarrollo el gobierno de Cambiemos desde diciembre de 2015 a la fecha. Una bicicleta financiera que es más atractiva para los negocios privados que para favorecer la actividad económica y apalear la falta de empleo y la pobreza reinante.

Otro condicionante de esta situación es que los jubilados están tomando préstamos personales para poder llegar a fin de mes o para pagar sus medicamentos. Una deuda que con la progresión del salario de los jubilados, en los casos de las mínimas, será difícil de pagar. El riesgo que se corre a partir de este DNU, es que se autoriza a las entidades financieras a embargar las cuentas sueldos sin necesidad de orden judicial. O sea que, abuelo que deba una cuota de sus créditos personales tendrá sus haberes embargados.

Nueva empresa del estado, menos regulación

Por otro lado, la Administración Nacional de Aviación Civil, que es un organismo descentralizado dependiente del ministerio de Transporte, será reemplazada por una sociedad del Estado, que se llamaría Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. Esto marca la pérdida de poder de decisión en el ámbito del tráfico aero del estado. Justamente este terreno tan disputado en los últimos años por la incersión de las empresas low coast, otro negocio en el que están relacionados la familia presidencial y el famoso “círculo rojo”.

La sombra del mundo bipolar

Sin embargo, detrás de esta norma, como de muchas otras que la alianza gobernante viene desarrollando en el país, hay un interés marcado, pero poco publicitado. Estas medidas están en dirección de lo que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este organismo internacional, en el que participan 35 países, es descrito como un foro en cuyo objetivo se es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Pero que sin embargo, funciona como un espacio en dónde los países centrales imponen una cierto estándar a alcanzar por paises periféricos que quieren ser parte de la organización; estándares de “calidad institucional” que no son más que reglas de sometimiento a los intereses de los poderes económicos. La OCDE es una suerte de club de las élites utilizado como mesa de dinero en dónde los paises menos desarrollados van a buscar recursos y así comienza una relación de dominación y dependencia muy peligrosa. Los 35 países que integran hoy la OCDE representan el 75% de la Inversión Extranjera Directa a nivel global. Además, concentran el 60% del comercio mundial y de PBI. Según lo describen en su sitio web “Es un foro donde la presión que ejercen entre sí los países miembros, puede actuar como un incentivo poderoso para mejorar las políticas e implementar “leyes flexibles”´. Hoy el gobierno argentino quiere ingresar a esta organización con la expectativa de “atraer inversiones” y por eso adopta los designios de la OCDE con políticas de tierra arrasada en materia de barrera comerciales, en materia de derechos laborales y en materia legal. Sin embargo, hay especialistas, como el economista Martín Hourest, que afirman que “Estamos tomando reglas para economías hiperdesarrolladas con un país que aún no pudo salir del estancamiento para plantearse una reformulación del sistema productivo. Será como jugar un campeonato con reglas puestas por jugadores profesionales”.

El resultado es previsible, un endeudamiento impagable para las próximas generaciones, pérdidas irreparables de derechos laborales y derechos humanos; además de la creciente represión y criminalización de la protesta social. Y se planifica hacer entrar al pueblo argentino en la maquinaria del mundo bipolar, en dónde los “poderosos” de los paises centrales someten a su consideración a los “sub desarrollados”.

 

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