Por Juan Alberto Pérez
El principal argumento de las dos vidas utilizaron los 38 Senadores que votaron contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Eso y la supuesta defensa de la vida esgrimieron los que hoy son responsables de la muerte de Liz, una joven de 34 años que, tras practicarse un aborto de forma irregular, ya que el Estado no contiene a las mujeres que deciden no continuar con el embarazo, murió tras 24 horas de agonía en dos hospitales distintos.
Liz, que es su nombre de fantasía, había ingresado a la guardia del Hospital General Manuel Belgrano, en la localidad de San Martín, este lunes 13 de agosto con un tallo de perejil en el cuello del útero producto del intento de provocarse un aborto. Allí le practicaron una histeresectomía, que es la extirpación del útero. Luego de esa práctica y ante la imposibilidad de brindarle una atención de alta complejidad, la trasladaron a la terapia intensiva del Hospital Magdalena Villegas, en Pacheco. Allí Liz estuvo menos de 24 horas con vida ya que su estado no tuvo forma de revertirse y falleció.
Liz es madre de un nene de dos años de edad, y ya se había practicado dos abortos según trascendió. El final indeseado se desata dada la imposibilidad que tienen hoy las mujeres en Argentina de poder acceder a una práctica segura, en condiciones regulares en una institución sanitaria, y en forma gratuita. Esa imposibilidad es la que legitimó el Senado de la Nación después de la sesión del 8 e agosto cuando rechazó el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que tenía media sanción en Diputados.
Desde Redes de profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil enviaron un comunicado al respecto de la muerte de Liz en el cuál manifestaron la crítica situación en qué se encuentran las mujeres en la actualidad y dadas las circunstancias que se planteó desde el Senado: “Cada una de estas muertes es un hecho singular para el entorno de la mujer y también para los equipos de salud que las atienden y cuidan. Muestra las dificultades de los equipos que trabajan en atención primaria porque no tienen los recursos necesarios y porque no todos cuentan con el respaldo institucional para dar acceso a interrupciones legales del embarazo, a consejería y a métodos anticonceptivos”. Este espacio integrado, entre otros, por la “Red de Profesionales de la Salud por el derecho a Decidir”, la “Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina”, “Socorristas en Red” y el colectivo “Ni Una Menos”, también expresó qué “La muerte de Liz también es producto del ajuste. El Misoprostol aumentó más de un 400% en tres años. Los abortos en la clandestinidad también aumentaron. Las mujeres somos quienes pagamos los costos de la crisis, el ajuste y las decisiones del Senado”.
Por otro lado, este hecho activó un fuerte repudio hacia el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Maria Eugenia Vidal, dado que el deceso se dio en un Hospital de su jurisdicción y que el sistema de salud público no pudo contener la demanda de Liz, como así tampoco lo hace con miles de jóvenes que están en la misma situación. Con el agravante de qué la misma gobernadora manifestó un día antes del rechazo del senado a la ley IVE que “Si no se votaba iba a estar más aiviada” sentando una posición muy firme por el aborto clandestino. Así es que se convocó a una manifestación a la casa de la provincia de Buenos Aires en la Ciudad de Buenos Aires con el fin de repudiar la actitud de un Estado que no contiene a su gente.
Hasta que definitivamente no sea ley el aborto legal, seguro y gratuito un importante número de mujeres sigue en una situación muy riesgosa por la práctica en condiciones paupérrimas. Los llamados “pro vida” deberán explicar, ya que han militado tanto, porqué en este caso la solución que plantearon no logró salvar ni siquiera una sola vida.
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