Por Juan Alberto Pérez
Las Madres de Plaza de Mayo llaman a la defensa de la sede de la institución por el pedido de allanamiento que dictó el juez Fernando Perillo que busca confiscar el archivo histórico de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
El juzgado en lo Comercial N°13, a cargo de Fernando Javier Perillo, ordenó a las fuerzas policiales que realice un operativo en la sede de las Madres de Plaza de Mayo, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen al 1500. El objetivo es confiscar el Archivo Histórico de las Madres producto del trabajo de 42 años de lucha y resistencia. El intento es el desalojo de las madres de su sede por tomar a la actividad que allí se realiza con parámetros comerciales, cuando en realidad allí se llevan adelante actividades culturales y sociales de altísimo interés público.
Desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo denuncian la ilegalidad del caso ya que “los superiores del juez Perillo dictaron un fallo el 27 de noviembre de 2018 donde se reconoce a las madres los derechos que les asisten y que las actividades que realizan están fuera del código comercial y son de interés público y social”, por lo que insisten que esta medida judicial trae consigo un fin político.
La Cámara Comercial de la Ciudad de Buenos Aires ya había dado la derecha a las Madres, ya que según su fallo “no pueden ser evaluadas por los mismos parámetros que una empresa, ya que su actividad no implica, ni implicó, per se, actividad comercial”. Por los tanto las actividades que se realizan en la sede de Hipólito Yrigoyen 1548 deben ser autorizadas. Asimismo, el fallo precisa que debe autorizarse la permanencia en el inmueble que fue donado a la asociación en 2010 para el desarrollo de actividades en defensa de los derechos humanos.
Desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo insisten en que detrás de este fallo “actúan el ministro de justicia de la nación, Germán Garavano, el operador judicial, Daniel Angelici y el juez Javier Buján”.
Diferentes organismos y organizaciones repudiaron la misiva judicial contra las Madres de Plaza de Mayo. La Comisión Provincial por la Memoria manifestó qué “este es un agravio más para quienes padecieron el terrorismo de estado”. Desde CTA llamaron a movilizar y remarcaron su repudio a lo que llaman una “Nueva canallada llevada adelante por un grupo de revanchistas que desconocen la historia de nuestras madres y de nuestro pueblo”.
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