Por Juan Alberto Pérez
Imágenes Juliana Miceli
Se desarrolló en Comodoro Py la primera audiencia en el juicio por presunta corrupción en el otorgamiento de contratos de obras públicas en carreteras de la provincia de Santa Cruz, denominado causa “Vialidad”, por la que se encuentra acusada la ex presidenta, actual senadora y candidata a la vicepresidencia, Cristina Fernández de Kirchner. El juicio a cargo del TOF2 aparece en este contexto como uno de los hechos políticos más importantes de cara a las próximas elecciones, con demandas cruzadas tanto del gobierno nacional como de la oposición, impedimento en presentación de pruebas y presiones a la Corte Suprema hacen posible que se realice el primer juicio a la ex mandataria, todo un hito pensando en lo que viene.
Por la causa en la que se intenta dilucidar si hubo maniobras para que la empresa de Lázaro Baez sea beneficiada con obras públicas en la patagonia tiene como imputados, además de Cristina Fernández de Kirchner, a Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), a José López (ex Secretario de Obras Públicas de la Nación), Nelson Periotti (ex Administrador General de la Dirección de Vialidad), Carlos Kirchner (ex Subsecretario de Coordinación de Obra Pública), Lázaro Báez, Raúl Daruich (efe del 23° distrito de Santa Cruz de Vialidad Nacional), Mauricio Collareda (jefe del 23° distrito de Santa Cruz de Vialidad Nacional), Héctor René Garro (ex presidente de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz) Raúl Pavesi (ex presidente de la Agencia General de Vialidad de Santa Cruz), Juan Carlos Villafañe (ex presidente de Servicios Públicos), Jose Santibañez (ex presidente de la Agencia de Vialidad de Santa Cruz) y Abel Fatala(ex Secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal de la Nación). En la primera jornada, que se desarrolló en la sala AMIA de la sede judicial, se leyó los cargos que se les imputan a los acusados en una sala repleta entre abogados, referentes políticos y representantes de organismos de derechos humanos que fueron a dar su apoyo a la ex presidenta. Se trata de 52 obras en la provincia de Santa Cruz por un monto de 46000 millones de pesos.
Desde un primer momento desde el entorno de la ex presidenta se salió al cruce acusando que el juicio ralla lo ilegal, debido a que la causa ya tuvo su desarrollo en 2011, primero en Comodoro Py, que entonces se declaró incompetente, y luego en Santa Cruz dónde fueron sobreseídos de los cargos por inexistencia de delitos. Además argumentan que no se dejó a la defensa presentar realizar presentación de pruebas. La misma Cristina tuiteó esta mañana que el juicio oral “Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo, colocar a una ex presidente opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña electoral”. Cristina Fernández en hilo de twitter detalló que las obras que le imputan correspondían a licitaciones que dependían de la provincia de Santa Cruz y en las que no tuvo intervención alguna. A su vez refuta a los testigos en su contra, ya que participarán Leonardo Fariña (el arrepentido que se demostró trabajaba para D’Alessio y cuyos abogados cobraban de la mismísima Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich), las diputadas de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic y Paula Oliveto, e incorpora como prueba un libro del cuestionado periodista Daniel Santoro. “Es una cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y argentinas de la dramática situación que vive nuestro país” dijo la ex presidenta.
En unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 21, 2019
El gobierno recogió el guante. Ya que desde la Casa Rosada se impulsó esta causa, quizás con el objetivo de ver a su principal adversaria política fuera de escena. La semana pasada, cuando la Corte Suprema de Justicia amagó con posponer el juicio, al requerir una copia de la causa para su evaluación ante los pedidos de nulidad de los acusados, todos los funcionarios salieron a criticarlo duramente. Es que en plena campaña electoral, y con la imagen de la ex presidenta en pleno ascenso, una foto en el banquillo de los acusados no venía nada mal. “Queremos cosas claras, no queremos cosas raras” había dicho el presidente Mauricio Macri por los vaivenes de la Corte. Sin más definiciones presidenciales, fueron sus funcionarios los que salieron a la carga. El ministro de Justicia, Germán Garavano, en declaraciones públicas tras conocerse la decisión de que el juicio iniciaría manifestó qué “A la gente le preocupa la impunidad, sobre todo con el esfuerzo que están haciendo los argentinos para enfrentar la situación económica, haciéndose cargo de años de despilfarro, de años de corrupción”.
El anuncio del fin de semana de la fórmula Fernández-Fernández fue un cimbronazo al tablero de la política nacional. El hecho de correrse de la escena de CFK tuvo como estrategia fundamental quitarle la referencia al gobierno nacional, que sólo parece estar preparado para discutir con la ex presidenta con las acusaciones por corrupción arriba de la mesa. Con la referencia del caso brasileño aún fresco, donde Lula era el candidato con mayores intenciones de voto pero lo metieron preso para que no vuelva a ser presidente, Cristina pareció anticipar la jugada y evitar que el proyecto político se vea diezmado por decisiones judiciales en su contra. Mas allá de toda especulación, parece difícil que la ex presidenta en el corto plazo vaya presa dado que recién inician los juicios, por supuesto que las condenas firmes tendrán plazos muy extensos en el tiempo y, además, tiene los fueros por su cargo como senadora nacional. Sin embargo, el hecho simbólico que significaría una condena para la ex presidenta es todo lo que busca el gobierno como efecto para impulsar su reelección, asimismo, se conforman con la foto en el banquillo de acusados al lado de los demonizados De Vido, Lázaro Báez y José López.
El juicio recién comienza y se extenderá por algo así como un año y medio. De todas maneras desde las defensas se han presentado unas series de pedidos de nulidad de la causa que estarán en consideración tanto del tribunal que lleva adelante el juicio, como de la Corte Suprema de Justicia, que ya requirió las pruebas. De todos modos, el hecho político ya está realizado.